POR QUÉ CAE LA REFORMA A LA SALUD

Omaira Sáchica

Uribe en 1993 enterró la Salud Pública y la entregó a negociantes, en la década siguiente los narcoparamilitares se enriquecieron con ella y ahora en su tercer Gobierno busca terminar de privatizar este derecho fundamental, pero el Paro Nacional se le opone a tan maligna pretensión.

Antes de 1993 el Sistema de Salud pública era estatal, pero el entonces Senador Álvaro Uribe presentó y logró hacer aprobar la Ley 100 de 1993, que creó el Sistema de General de Seguridad Social en Salud (Sgsss), que volvió negocio lo que antes era un derecho fundamental, porque hizo obligatorio el aporte del 12,5 por ciento para todos los trabajadores dependientes, independientes y pensionados; además entregó la administración de la salud a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), empresas privadas y que no prestan el servicio de manera directa, porque lo hacen a través de otras empresas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).

Además del 12,5 por ciento que le descuentan mensualmente a cada trabajador el afiliado o su núcleo familiar cada vez que utiliza el servicio debe pagar un copago o ‘cuota moderadora’, que es proporcional a los ingresos de cada afiliado; lo que es peor, los usuarios no tienen acceso a los medicamentos y procedimientos completos que requieren sino a un paquete mínimo denominado Plan Obligatorio de Salud (POS), que además de ser precario no es acorde con las necesidades de los pacientes.

Preparan la segunda puñalada de Uribe

El año pasado este tercer Gobierno de Uribe radicó en el Congreso el Proyecto de Ley 010, a través de cual pretende miserabilizar aún más el Sgsss [1], con disposiciones que soslayan los derechos adquiridos de los pacientes y los profesionales de la salud, además de extremar la privatización de la salud que empeora aún más el acceso a este derecho fundamental.

Uno de los principales cambios y quizás el más lesivo es que las EPS pasan a ser Aseguradoras de Riesgo en Salud (ARS), esto cambia por completo el actual régimen de salud ya que sepultarían el concepto constitucional de la salud como derecho fundamental, al dejar de considerar pacientes a quienes se enfermen, para tratarlos como personas que pagan un seguro, con lo que la responsabilidad de la salud pasa al usuario, por ejemplo, castiga a los pacientes por no cumplir con los tratamientos médicos, ya que las ARS cargarían el costo de los servicios y procedimientos al usuario, aduciendo que la patología se debe a un mal autocuidado.    

Este malvado Proyecto de Ley 010 aumenta aún más el monopolio de la salud ya que pasan de haber 47 EPS a ser solo 10, aumenta las ganancias de unos pocos, limita la oferta de salud y la hace excluyente al limitar el enfoque diferencial, porque desaparece el régimen especial de salud y la salud étnica.

El Proyecto de Ley cambia las responsabilidades en la gestión del riesgo en salud al establecer que la Nación y las entidades territoriales se encargarán de las intervenciones colectivas, las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (Eapb) que pueden ser las mismas EPS, responderán por los riesgos individuales; en otras palabras, carga los costos de la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y la paliación de todas las enfermedades a las IPS.

Voceros de la Federación Médica Colombiana afirma que, “el Proyecto no resuelve nada de los problemas del sistema de salud, pero sí resta beneficios y derechos de los usuarios y el personal de salud” [2].

Luchar para que la salud deje de ser un negocio

Este histórico Paro Nacional que inició el pueblo colombiano el 28 de abril se ha encargado de sepultar la Reforma Tributaria de Carrasquilla y también entierra este engendro de Uribe, con el que busca terminar de dejar sin salud a la sociedad colombiana.

El país necesita una Reforma a la Salud pero esta no debe ir en detrimento de los pacientes para aumentar beneficios a los negociantes de la salud; los cambios necesarios deben girar en torno a la desprivatización de la salud, para que vuelva a ser una responsabilidad del Estado Social de Derecho que brinde este servicio de beneficio colectivo, con prelación a los colombianos más empobrecidos y excluidos.