María Helena Pineda
Los que amenazaron con “hacer trizas la paz” son unos, así como otros que también buscan que la pacificación sea vista como equivalente a la paz y ambos hostigan al actual proceso de paz.
La política pública del actual gobierno denominada Paz Total, tiene ataques desde varias direcciones, la mayoría proviene de las clases dominantes, que consideran que la paz es un asunto de poner mano dura a la inseguridad y que el conflicto interno está degradado, pero solo acatan a decir que los grupos residuales que quedaron de la desmovilización de las Farc, son dudosamente insurgentes.
Por su parte el gobierno mantiene la guerra sucia contrainsurgente para tener a gusto a la cúpula de las Fuerzas Armadas, mientras intenta completar la desmovilización de las Farc, iniciando un proceso de negociación con una parte de los Exfarc, recogiendo intereses de los sectores y países que desde 2012 se han empeñado en esta desmovilización.
En cuanto a carteles de drogas como el Clan del Golfo, aún no despega el anunciado proceso de sometimiento a la justicia; a nivel latinoamericano si ha avanzado el planteamiento de que ante el fracaso de la Guerra contra las drogas sostenida por los gringos, es necesario desarrollar una política antidrogas alternativa, que no se base en la prohibición, la represión y la guerra.
Con el ELN el gobierno firmó un Acuerdo en México, en marzo de 2023, que contiene una visión de solución política del conflicto, que apunta a transformar las causas que lo generan, tal agenda de negociación incluye una participación de la sociedad para formular las transformaciones que requiere Colombia, que sirva de programa para un Acuerdo Nacional encargado de sacar adelante esta iniciativa de paz, que significa un modelo distinto al esquema llamado Desmovilización, Desarme, Reinserción (DDR), aunque desde el Gobierno y del Régimen por medio de métodos y procedimientos persisten en aplicarlo.
Con caracterizaciones del conflicto tan disímiles, que conllevan propuestas de solución aún más diferenciadas, desarrollar la política de Paz Total es tan complejo, que ya le costó el cargo al primer Comisionado de paz y tiene en el centro del debate nacional, al que vino a reemplazarlo, quien para empezar pasó de tener 13 funcionarios a contratar 149, haciendo realidad la consigna de las corridas de toros, de que “cada torero trae su cuadrilla”, faena que está por verse, porque en la plaza tienen al frente muchos toros.
El problema principal por enfrentar reside en que construir la paz, equivale a superar las causas que generaron el conflicto social y armado, así como las prácticas que continúan reproduciéndolo, meta difícil porque persisten niveles de enfrentamiento dentro de las mismas clases dominantes, de estas con las fuerzas que representan a los de abajo y lo que es peor, la presencia de Estados Unidos es determinante, para mantener a Colombia dentro de sus planes de Guerra Perpetua.
Como en toda guerra, la verdad es la víctima más connotada, Colombia no es la excepción y por ello el conflicto lo enmascaran con distintas cortinas de humo, que lo hacen ver como algo endemoniado e inexplicable; matriz de opinión que divulgan a diario las grandes empresas de comunicación, pues al mostrarlo incomprensible, lo hacen ver no solucionable, como una Guerra Sin Fin al gusto de EEUU. Las cortinas que encubren la realidad del conflicto colombiano, son una serie de falacias, enumeradas a continuación.
El estado de las falacias
1- Los degradados
La potente economía subterránea colombiana se resguarda con diverso tipo de mafias, escuadrones, bandas, carteles y clanes, entroncados todos con las grandes empresas, estas sí muy legales, que les sirven de lavandería de tales fortunas; grandes empresas que cuentan para su protección con más de 250.000 soldados y 300.000 policías militarizados, pagados con los impuestos de la clase media, a los que suman 100.000 guardias de seguridad privada articulados a empresas conducidas por militares en retiro. En la reunión de Petro de finales de noviembre con los grandes empresarios, ¿trataron sobre esta degradación?
Cuando el Presidente el 15 de diciembre hizo su discurso contra las economías ilícitas, puede ser que se refiriera a las arriba descritas, pero no mencionó la corrupción pública como la principal de ellas, por desangrar al país cada año con 50 billones de pesos, cuando el contrabando apenas está cuantificado en 6 billones anuales.
La Secretaria del Tesoro de EEUU el pasado 8 de diciembre desde México reconoció que “el narcotráfico por sí solo genera casi 100.000 millones de dólares que fluyen a través del sistema financiero de EEUU”, habrá que contar los días para que entregue la cifra que manejan sobre los narco dineros que lavan allá, provenientes de las mafias colombianas.
2- Los perseguidos
El presidente en su debate del Primero de enero, con el nuevo alcalde de Medellín, declaró que “perseguir es retrógrado”, que contrasta con las cifras de 2023 que dan cuenta del asesinato de 150 líderes populares, junto a 36 desmovilizados de las Exfarc y la perpetración de más de 90 masacres; los ejecutores de tal Genocidio Social son principalmente las acciones paramilitares, realizadas por Operaciones Especiales de las FFAA y sus bandas aliadas, con la finalidad de abrirle campo a los negocios de los grandes empresarios nacionales y extranjeros, que arremeten contra las comunidades que en legítima defensa cuidan su vida y el territorio. En conclusión, persiguen las clases dominantes a los de abajo que se les oponen a sus mega proyectos, práctica genocida ante la cual el gobierno no muestra resultados tangibles.
Para efectos de las estadísticas del conflicto, los ejecutados en este Genocidio Social no pueden contabilizarse como parte del Conflicto armado entre insurgencia y Estado, por ejemplo, los líderes sociales no están alzados en armas contra el Estado, pero el régimen represor si los asesina por ser opositores, zona gris que las clases dominantes usan para no declararse responsables del Genocidio Social y en cambio atribuir la persecución y exterminio a “disputa de rentas ilegales”, falacia que les permite permanecer en la impunidad. Tal Genocidio Social hace parte del tradicional trato de guerra que el régimen propina a la protesta social.
3- La guerra del 4 por ciento
Anualmente los homicidios en Colombia sobrepasan la terrible cifra de 13.700, de los cuales no alcanza al 4 por ciento, las bajas producidas en el enfrentamiento entre la insurgencia y las FFAA, el otro 96 por ciento de las víctimas son producidas por el armamentismo generalizado que sostiene el régimen, dado que el Estado tiene una forma particular de ejercer el «monopolio de la fuerza y de las armas» donde mantiene sus brazos paraestatales de guerra sucia, apuntando contra la protesta social y contra la insurgencia revolucionaria y sus zonas y sectores de influencia. Ese tipo tan particular de «monopolio de la fuerza y las armas» está contemplado en la Doctrina contrainsurgente dictada por los Estados Unidos desde hace más de 70 años.
En el primer trimestre de Cese el Fuego Bilateral, Nacional y Temporal iniciado el 3 de agosto, entre el gobierno y el ELN, las operaciones paramilitares en contra el ELN dejaron 25 muertos, a las que se suman más de 60 detenidos por las tropas estatales. Acciones de debilitamiento del ELN, que hacen parte del llamado Plan de Consolidación trazado desde años atrás, como fase actual de la estrategia contrainsurgente inalterada por este gobierno, en el que las bandas paramilitares copan los espacios dejados por la guerrilla desmovilizada.
Fue noticia el plan de retoma del cañón del río Micay en el Cauca, ordenado por el presidente, en el que denunció que los grupos de ex Farc que se habían apoderado de este cañón y lo había plagado de coca, lo habían logrado como parte de un plan conjunto con tropas estatales, realizado en los tres años anteriores. Situación que contrasta con el plan actual de copamiento de zonas del ELN en Nariño, realizado bajo la misma modalidad de grupos de ex Farc comandados por tropas del Ejército estatal. Petro pudo denunciar hechos de paramilitarismo de la Brigada 11 del Ejército en Tierralta, Córdoba, porque se habían vuelto hechos públicos innegables, pero la práctica de cambiarse el brazalete para cometer crímenes y no responder por ellos, es tan generalizada en las FFAA que el gobierno es ineficaz ante ella.
4- ‘Y el gringo ahí’
A los EEUU no les basta con la docena de Base Militares con que cuentan en el país, a la que quieren agregar otra Base Naval en el Parque Natural Nacional de isla Gorgona y como si fuera poco se inmiscuyen en la Amazonía con la supuesta intención de cuidar este pulmón del mundo, logro que corona el sueño estadounidense de instalarse en la Amazonía como guardián, ante la supuesta incapacidad para resguardarla que tendrían los 8 países que cuentan con territorio en ella.
Herencia de la presidencia de J. M. Santos (2010-2018) es la entrada de la Otan a Colombia, alianza militar que hace décadas dejó de ser defensiva y se ha convertido en la principal máquina de guerra mundial, como se observa en Ucrania y Gaza, entre otros pueblos donde impulsa su Guerra Perpetua. Los objetivos de la Otan en América Latina es desarrollar el enfrentamiento con potencias rivales como Rusia y China, ¿qué futuro de paz le espera a Colombia, mientras siga atada al carro de la guerra de la Otan?
