Chavela Villamil
El balance económico durante el primer año completo del nuevo gobierno no es el mejor; aunque se han conseguido logros parciales, como la disminución del desempleo y frenar la curva alcista de la inflación, la marcada desaceleración económica nos ha llevado a una crisis económica compleja.
La recesión económica que sufre la economía global y que afecta con mayor fuerza a las economías dependientes del capital extranjero, ha generado la depresión de los mercados internos en gran medida por la caída abrupta de la demanda, ocasionada por la pérdida de poder adquisitivo per cápita, que en gran parte de la población su declive lleva a que ni siquiera puedan cubrir los gastos básicos.
La economía del 2023 atravesó una de las crisis más duras de las últimas décadas y estuvo marcada por signos significativos de una recesión económica, como la desaceleración de la productividad, reduflación [*], inflación por encima de los dos dígitos, alto déficit de cuenta corriente -Deuda Externa (DE)-, alto índice de desempleo, alto costo de vida y pérdida de poder adquisitivo, entre otros.
Inflación y desaceleración de la productividad
En el segundo semestre del año la inflación frenó su curva incremental y empezó a decrecer a un ritmo muy lento, el índice de inflación cerró el año en 10,15 por ciento; por su parte el índice de productividad se caracterizó por desacelerarse durante el 2023 y según cifras oficiales el último dato de este indicador fue de menos 0,3 por ciento.
El gobierno durante todo el año aplicó medidas inocuas para disminuir estos indicadores, el principal esfuerzo lo centró en el incremento de Tasas de Interés que cerró el año en 13,25 por ciento, este tipo de medidas surtieron el efecto contrario y fueron incapaces de bajar la inflación a la meta gubernamental que era 9 por ciento, desde luego esta incapacidad tuvo repercusión directa en la pérdida de poder adquisitivo, deprimiendo la demanda y exacerbando la crisis económica.
Otro gran problema que tuvo la política económica estatal fue que ante la desaceleración del crecimiento económico no decreció la política del gasto, por el contrario, incrementó el gasto corriente (burocracia, guerra, pago de DE) para subsanar el déficit creado por la reducción negativa de la productividad; desde luego esto tuvo incidencia incremental en el déficit de cuenta corriente (pago de DE) que superó los márgenes históricos, al cierre del tercer trimestre de este año este pasivo llegó a 190.429 millones de dólares, lo que equivale al 59,3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El ejecutivo como medida para disminuir el monto de la DE optó por incrementar en el Presupuesto General de la Nación (PGN), el monto destinado al pago de intereses de DE en 20 por ciento, esta medida no disminuye el monto de este pasivo, pero si resulta siendo deficitaria, ya que compromete al erario en un gasto que no es redituable. Por el contrario, los incrementos al PGN deberían ser destinados al desarrollo integral de la producción nacional y la seguridad alimentaria.
Cambiar el paradigma de gasto corriente
El principal problema de nuestro país es que tenemos una política económica que centra sus esfuerzos en sostener el pago continuado de la DE, que además de ser onerosa es constantemente sobregirada, convirtiéndola en un pasivo incremental al que mes a mes aumenta su valor y los pagos realizados solo sirven para amortizar los intereses, pero la deuda de capital continúa intacta; lo que convierte a este pasivo en un círculo vicioso que asfixia el PIB e imposibilita pagar la Deuda Social.
La política económica y financiera del Gobierno de Petro se ha concentrado en incrementar el gasto corriente para ampliar la cobertura de algunos programas de subsidios e incrementar estamentos estatales, como es el caso del Ministerio de la Igualdad; pero lo hace de manera aislada o sin tener en cuenta el momento financiero que atraviesa el país, en otras palabras, aumenta considerablemente los pasivos en un momento en que los activos decrecen hasta llegar a indicadores negativos.
En este año el gobierno tiene el reto de dinamizar la economía, lo que tiene implícito un cambio en la política económica y financiera aplicada desde el inicio del mandato de este gobierno, desde luego esto requiere nuevos paradigmas que se centren en medidas que a la par que disminuyen el gasto corriente incrementen el poder adquisitivo per cápita, lo cual lleva a la necesidad imperante de una política de formalización y estabilidad laboral, que permita a las capas sociales medias y bajas sufragar sus gastos básicos.
Cualquier política económica que se pretenda aplicar es inocua si no rompe la lógica antifinanciera de reducir presupuesto a la inversión social para subsanar medianamente la DE, este pasivo debe ser congelado y renegociado con la Banca Multilateral de lo contrario asfixiará el PIB y nos obligará a la venta de bienes públicos; además se requiere un cambio urgente en el modelo económico, que se centre en fortalecer y desarrollar la producción nacional, y aumentar el poder adquisitivo per cápita.
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[*] Reduflación: disminución de la cantidad o calidad de un producto sin alterar su precio.
