Sergio Torres
Gustavo Petro se erigió con magistrales intervenciones en debates del Congreso como el denunciante más contundente de la paramilitarización de la política en Colombia; junto a otros congresistas, evidenciaron el proyecto paramilitar que el régimen trata de instituir y legalizar.
En lo transcurrido del Gobierno del Cambio bajo la presidencia de Petro, el paramilitarismo ha tenido una nueva etapa de expansión, haciéndose evidente su papel central en las lógicas de tratamiento de la guerra, ampliando sus marcos y modalidades de acción. Es totalmente contradictorio que en el balance de este gobierno, que enarbola como bandera una política de paz, se resalte el fortalecimiento de la estrategia paramilitar, la evidente relación con las Fuerzas Armadas y el genocidio continuado a los liderazgos sociales, este último como resultado de las dos anteriores.
Ofensiva paramilitar en la Paz Total
La estrategia paramilitar en Colombia está presente desde hace más de medio siglo, teniendo distintos momentos con sus transiciones y evoluciones. Una estrategia del Estado impulsada por el imperialismo, diseñada para el mantenimiento del régimen y el statu quo, por vía del sometimiento y el terror mediante prácticas degradadas y degradantes.
Durante este último año y siendo más precisos durante los meses de funcionamiento del Cese el Fuego Bilateral, Nacional y Temporal establecido por la Mesa de Diálogos entre el ELN y el gobierno colombiano, se evidenció un proceso de arremetida paramilitar en zonas específicas y con modos de operación diferentes. El Clan del Golfo, como heredero de las AUC, se ubicó en el Urabá, la región de los Dos Ríos y la costa Atlántica, donde busca controlar las rutas del narcotráfico.
El Estado Mayor Central (EMC) se podría catalogar como una nueva forma de paramilitarismo asociado con carteles de narcotráfico mexicanos y explotación de minería, se ha ubicado en el suroccidente, Catatumbo y Arauca. Y una tercera expresión de paramilitarismo que son las pequeñas bandas que trafican y tratan de ejercer algún control en zonas de las costas pacífica y atlántica.
La configuración de esta estrategia está dada por la relación de todos estos grupos con las Fuerzas Militares del Estado. Es decir, que es el Estado el eje central de funcionamiento y principal apoyo para su movilidad y extensión. Son numerosos los casos que han sido denunciados y evidenciados este año, los vínculos, acompañamiento y apoyo del Ejercito, la Armada y la Policía a estos grupos.
Casos como el de Tierralta, Córdoba, donde soldados del Ejército colombiano se hicieron pasar por paramilitares del Clan del Golfo; o en Segovia, Antioquia, donde la Séptima División del Ejército permitió que el Clan del Golfo confinara una comunidad por varios días y asesinara varios pobladores; similar caso en el Chocó donde estos paramilitares se movilizan por el rio San Juan con la protección de la Armada; son solo algunos de varios ejemplos que permiten establecer los niveles de relación.
En el caso del EMC lo sucedido y evidenciado por el propio gobierno entorno al control y tráfico por el cañón del Micay y el río Naya, donde las comisiones Carlos Patiño y Jaime Martínez pactaron y se asociaron la FUDRA del Ejército para combatir al ELN y utilizar esta zona para el narcotráfico. Estas llamadas disidencias son las responsables de la cantidad de masacres en esta zona, son quienes han declarado la guerra a los firmantes de paz y quienes pretenden en asocio con el Ejército expandirse hacia Nariño, nuevamente resaltando el nivel de coordinación y vínculo con las FFAA.
Guerra mediática e intervención gringa
Otro gran eje de la guerra se ha situado en los grandes medios de comunicación, que al ser dirigidos por los grandes grupos económicos, financiadores a su vez de estas estructuras paramilitares y quienes se lucran con el despojo y el lavado de dinero, han instalado una serie de matrices comunicativas para tratar de desestimar las denuncias, los procesos y los intentos de construcción de paz. Apelan a las técnicas de la posverdad para confundir y lavarle la cara al viejo régimen y sus tentáculos de narcoparamilitarismo.
Ocultando, por ejemplo, los niveles de intervención de fuerzas de los EEUU en el conflicto colombiano. No se menciona, ni denuncia, la presencia de grupos especializados en guerra no convencional y operaciones encubiertas que han llegado a Colombia con la excusa de la asesoría militar para las fuerzas de tarea. Mucho menos se cuestiona que después de más de 3 años aún continúen en sus labores de asesorías y que estas, además, sean principalmente en zonas de frontera con Venezuela. Tropas de EEUU como el Sfab llegaron a Colombia en el gobierno de Duque (2018-2022) y si estaban en tránsito, la pregunta es ¿por qué no se han ido?, y si van a seguir instaladas de forma permanente en el país, ¿por qué el Congreso no aprobó su estadía?
Guerra política regional
Las elecciones regionales de octubre pasado dejaron en evidencia y corroboraron que el poder político regional sigue manejado por mafias, los llamados clanes, que existen en todas las regiones y que lograron hacerse del poder ejecutivo regional en varias de estas.
Todos estos clanes están asociados con las mafias narcotraficantes y paramilitares. Son la cara del paramilitarismo en los escenarios políticos. Es una pieza del gran andamiaje de la estructura de poder en Colombia, estos clanes determinan ganadores y perdedores en las elecciones, con lo cual garantizan el control legal desde los aparatos del poder. Es claro que existe una especie de parapolítica, expresada fundamentalmente en las regiones, donde clanes, grupos de seguridad privada y partidos políticos, son una amalgama del poder.El gobierno de Petro al parecer no tiene como prioridad ninguno de estos aspectos. Pues es el propio presidente quien orienta a sus Generales sobre las prioridades y condicionamientos para la guerra, pero no les orienta que acaben con esta práctica de cambiarse el brazalete (principal modalidad paramilitar de las tropas estatales). Es el mismo quien se reúne airoso con los representantes de los clanes en las regiones. A la vez que permite que fuerzas extranjeras se queden “asesorando” indefinidamente a las FF.AA. Así, al menos durante este año, la llamada política de Paz Total, parece tener un contenido más cercano al de Guerra Total.
