FRAUDE, ESTAFA Y PODER ELECTORAL
Sergio Torres
El sistema político colombiano es un fracaso total; los tres poderes que lo sustentan son realmente tres grandes madrigueras, donde robar, es el verbo que más se conjuga. Este es un sistema de Estado que nada puede ofrecer a sus inermes socios, por eso mismo, cada año se observa el desfile de corruptos de toda calaña.
Hace un mes pasaron las últimas elecciones donde se eligieron mandatarios municipales y departamentales. En varias localidades y departamentos aún están escrutando votos, cuadrando ganadores e imponiendo mandatarios. Un caso significativo y que representa lo que es la democracia colombiana, es el de Santa Marta. Todo un ejemplo de cómo los poderes del Estado se organizan para quitar y poner.
En este caso, primero avalaron la candidatura de Jorge Agudelo, una vez ganador en los comicios dictaminaron que incumplía la ley y por tanto su candidatura era invalida, sin importar que ya no era candidato sino alcalde electo. Es decir, ya había pasado la “pequeña cosa” de haber sido elegido alcalde de una capital colombiana. Es obvio, que sino es un interés por no permitir dicha alcaldía, entonces cuando menos hay una negligencia peligrosa de parte de los jueces, que puede conllevar a la repetición de elecciones o la negación del fallo y su reacción violenta por parte de la ciudadanía samaria; en ambos casos, una certeza más de lo ilegitimo y fracasado del modelo democrático colombiano.
Las nuevas Marionetas
Hace algunos días murió Mario Castaño, en la cárcel La Picota en Bogotá, un corrupto exsenador que pagaba una condena de 15 años por ser parte de una red de corrupción que vinculaba congresistas y funcionarios de varias entidades para robarse contratos y recursos públicos. Las Marionetas se le llamó a esta red de ladrones con frack.
Siguiendo ese ejemplo y para no perder la tradición de estas mafias en el Congreso de la República, un nuevo grupo de honorables congresistas se copió el modelo de Las Marionetas y está operando en aquello del robo de recursos del Estado. Con el agregado que esta nueva red tiene como parte de sus objetivos y modus operandi, el aumento de los caudales electorales en las regiones. Es decir, no solo se roban los recursos en la contratación, sino que, con estos mismos contratos compran réditos y clientela (votos) en las regiones.
Los implicados en dicha red son los congresistas Samy Merheg del Partido Liberal, Carlos Abraham Jiménez y Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical, Juan Felipe Lemos Uribe del Partido de la U, Miguel Ángel Barreto del Partido Conservador, Ciro Ramírez Cortés y el excandidato a la Cámara de Representantes Julio César García del Centro Democrático. “Se está hablando de corrupción en dos ramas del poder –el Ejecutivo y el Legislativo– para desviar contratos financiados con plata del Estado”, dice el reporte de un Fiscal.
Según los cálculos hechos por los investigadores de la propia Fiscalía, esta red ha funcionado direccionando contratos públicos al menos desde 2021. El estimado de estos negociados superaría los 70.000 millones de pesos.
Es decir, este grupo de criminales operó durante todo el periodo del fiscal general Barbosa y dicho ente nunca hizo nada. Solo hasta ahora, a pocos días de la esperada salida de este nefasto Fiscal y justamente cuando desde la presidencia se ha empezado a barajar la posibilidad de intervención de un organismo internacional contra la corrupción.
Si bien a la Fiscalía no le corresponde la intervención sobre los congresistas, si está facultada para actuar sobre los funcionarios de las entidades. Está claro que se conocía plenamente el funcionamiento y composición de esta red, donde aparecen el exsubdirector de programas del Departamento de Prosperidad Social (DPS). Por si fuera poco, la mayoría de los contratos y recursos robados estaban destinados al fortalecimiento de Programas de Paz.
Con esto se ratifica nuevamente que el principal enemigo de la Paz es el propio Estado colombiano, corrupto en todas sus ramas del poder. Y niega las posibilidades de participación, intervención y bienestar. A propósito de debates sobre recursos económicos en función de la paz, bien valdría la pena vincular a la discusión este tipo de entramados criminales. ¿A cuánto asciende el robo de recursos públicos y de recursos destinados a programas de paz? ¿No son estos criminales, reales enemigos de la paz y aun así legislan?