NO BASTA CON TUMBAR UNA REFORMA Y UN MINISTRO

Chavela Villamil

El 2 de mayo tras cinco días de movilización popular el Gobierno se vio obligado a retirar la Reforma Tributaria (RT) y a cambiar el Ministro de Hacienda; sin embargo, el problema no es la Reforma sino el modelo económico que convierte el recaudo en gasto corriente.

No se puede negar que el hundimiento de la Tercera RT de Duque –Ley de Solidaridad Sostenible– es un logro de la sociedad que se movilizó y sigue manifestándose; sin embargo, los problemas socioeconómicos que la originaron no solo continúan sino que se incrementan, en los últimos meses el déficit fiscal se incrementó de 8,6 a 8,9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) [1].

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el 2020 la clase media se contrajo, 2,5 millones de personas vieron disminuidos considerablemente sus ingresos lo que aumentó la clase vulnerable a 15,6 millones de personas, mientras 659.000 personas ingresaron a la categoría de pobreza [2].

El problema va más allá de una Reforma

Los problemas socioeconómicos que originaron la RT continúan ahí, el problema de fondo es la destinación del recaudo y para ello se requiere de una Reforma estructural que modifique el sistema económico en cuanto a su enfoque y prioridad del gasto.

El trasfondo de la crisis económica es la política económica y financiera que es contraria a su deber ser, en otras palabras, no existe redistribución de la riqueza y el recaudo no es equitativo ni proporcional a las condiciones socioeconómicas, lo que viola el Artículo 363 de la Constitución Política que exige que “el sistema tributario se funde en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”

En estos momentos uno de los principales problema es que el Gobierno está empecinado en destinar más del 50 por ciento del PIB en el pago de le Deuda Externa (DE), en el 2020 destinó 53,6 billones de Pesos, en el 2021 70,5 billones y en el 2022 proyecta destinar 76,9 billones de pesos para cubrir este pasivo; es más que obvio que es una deuda impagable y que sostener estos altos montos solo sirve para incrementar el déficit fiscal, por tanto la solución es refinanciar la deuda y disminuir el monto de la obligación sin negar el pago.

La derrocada RT era inaplicable no por el monto recaudado sino porque al modificar la base gravable y las categorías del Impuesto de Valor Agregado (IVA) generaba un desequilibrio en la balanza del mercado, lo que desencadena un shock por demanda que lleva a que la población al no tener dinero y ver incrementado el precio de los productos disminuya su poder adquisitivo, esto ocasiona una disminución inmediata en la demanda que conlleva a una contracción de la economía igual o peor que la generada por la pandemia del Covid-19.

La nueva RT debe deslindarse del dogma neoliberal del Trickle Down Effect (TDE, por sus siglas en inglés), donde la productividad y el desarrollo se sustentan en la reducción de la tributación de las grandes empresas, y debe buscar el aumento del flujo de capital líquido para que aumente el poder adquisitivo per cápita y de esta forma aumente la demanda y se reactive la economía. 

La tributación se debe reformar de manera estructural, en primer lugar se deben reversar los beneficios fiscales y tributarios entregados a las mega empresas en la RT anterior lo que liberaría alrededor de 13 billones de Pesos, en segundo lugar reordenar el porcentaje destinado al pago de la DE, si se disminuyera al 6 por ciento dejaría un capital liquido de 13,7 billones de pesos, en tercer lugar se debe reducir el gasto corriente (menos burocracia) en un 20 por ciento lo que liberaría alrededor de 37 billones de pesos; solo con estos 3 cambios el Estado captaría 63,7 billones. 

Necesitamos reordenar el gasto no la tributación 

La salida a la actual crisis económica no requiere una RT que continúe dando beneficios a las mega empresas e incrementando los impuestos a las mayorías; se necesita con urgencia una Reforma del recaudo y de la destinación del gasto, en otras palabras necesitamos una Reforma estructural de la política económica, donde la tributación tenga un enfoque redistributivo y en función del gasto social.

Necesitamos un modelo económico que recorte los gastos suntuarios (gasto militar y administrativo excesivo, entre otros), que las empresas tributen acorde sus utilidades netas, además se debe aumentar el gasto social de manera que se subsidien las clases menos favorecidas y se desarrolle inversión integral que dinamice y fortalezca la producción nacional; en últimas, una política económica a favor de las mayorías nacionales.