VACÍAN LOS TERRITORIOS PARA SAQUEAR SUS BIENES

VACÍAN LOS TERRITORIOS PARA SAQUEAR SUS BIENES

Himelda Ascanio

La reconfiguración violenta del territorio prosigue por medio del brazo paramilitar y militar del Estado, quienes desplazan comunidades y entregan el territorio vaciado, para que el capital explote sus bienes naturales e imponga el agronegocio y megraproyectos de infraestructura.

Las constantes denuncias de las comunidades y organizaciones Defensoras de Derechos Humanos sostienen que, “nos hemos acostumbrado a escuchar de ciertos funcionarios del Estado, que el paramilitarismo dejó de existir en Colombia, que, si existió, fue cosa del pasado, y que a lo sumo lo que persisten son “prácticas paramilitares” que perpetraron todo tipo de actores ilegales”. Sin embargo, en los territorios se evidencia que el paramilitarismo sigue siendo una realidad vigente y en expansión en el escenario de la violencia política [1].

En el municipio de Briceño, Antioquia, el 18 de noviembre más de 150 paramilitares uniformados y con armas largas, provenientes de Urabá, de la región de Ituango y del Bajo Cauca, incursionaron al corregimiento Las Auras, tomaron a toda la comunidad por rehenes, les obligaron a prepararles alimentos, tomaron civiles y los amarraron, al día siguiente mataron a un civil del caserío, quien se desempeñaba como jornalero y vivía solo respondiendo de sus dos hijos de entre 8 y 10 años.

Además, continuaron prohibiendo la entrada y salida de vehículos del corregimiento, dejando a la población en un confinamiento total y amenazándolos con incendiar las viviendas si no hacían caso a las órdenes, los utilizaron como escudos humanos advirtiendo que, si entraba cualquier grupo a atacarlos, ellos atacaban la vida de los pobladores.

Posteriormente, obligaron a los pobladores a salir de sus viviendas, fueron advertidos de no denunciar los hechos, mientras les exigieron entregar sus teléfonos celulares, revisando los mensajes, procediendo a amarrar a quienes luego de estas acciones consideraron como ‘sapos’. En estos hechos fue asesinado el líder campesino y comunal Hugo Arley Muñoz Palacio, integrante de la Junta de Acción Comunal del corregimiento y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS). Solo hasta el 21 de noviembre se hicieron presente algunos funcionarios municipales, junto a tropas del Batallón de Artillería de Campaña Nro. 4 de la IV Brigada adscrita a la VII División del Ejército Nacional, al mando del General Oscar Murillo Díaz, presencia tardía en una clara muestra de omisión de su deber, permitiendo con ello que el paramilitarismo sometiera y violentara a la población.

La Comunidad de Paz de Apartadó, Antioquia, denuncia que el Gobierno no ha realizado un examen exhaustivo y una depuración a la Brigada 17 del Ejército Nacional, ya que dentro de la misma y sus Batallones existe una alta complicidad con el narcoparamilitarismo, que transita abiertamente con vestidos camuflados e insignias del Clan del Golfo, armados, con total amparo de militares y jueces. En esta Comunidad desde el 24 de septiembre al 22 de noviembre se han registrado 24 ataques a la población, a la que además obligan a aceptar los paramilitares dentro de sus veredas y propiedades [2].

Una situación similar de expansión y control paramilitar con aquiescencia de las tropas estatales se evidencia en el sur de Bolívar, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño y en los municipios de Sipí, Medio San Juan, Itsmina y Nóvita en Chocó, situación que ha generado confrontaciones armadas y en consecuencia desplazamiento de esas poblaciones.

A la ya expuesta situación humanitaria en los territorios mencionados, se suma la equivocada atención que brinda el Gobierno a través la institucionalidad, con militarización y planes de consolidación de las políticas económicas basadas en la explotación de los recursos naturales favoreciendo a los intereses de los grandes capitales.

Las víctimas de esta semana

María Isabel Ramos era Presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Cusumbe en el municipio de Solita, Caquetá, fue asesinada el 2 de diciembre.

Rogelio Chate Peña era sabedor ancestral, médico tradicional y autoridad del Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo, fue asesinado el 29 de noviembre en Caldono, Cauca.

Luis Alberto Quintero Díaz era Presidente del asentamiento Tierra Linda en el municipio de Tibú, Norte de Santander, fue asesinado el 30 de noviembre en el sector de La Hamaca de esa localidad.

En el barrio Don Jaca, en el sur del Distrito de Santa Marta, Magdalena, el 29 de noviembre perpetraron una masacre en la que asesinaron a tres mujeres de una misma familia y dejaron herido a un menor de diez años.

Luis Mendoza era Presidente de la JAC de la vereda Los Rosales, del corregimiento El Crucero en Sahagún, Córdoba, fue asesinado el 25 de noviembre en Pueblo Nuevo, Córdoba.

Argemiro Fajardo Perdomo era excombatiente fue asesinado el 25 de noviembre en Timba, Buenos Aires, Cauca.

Luis Mario Márquez Montes era excombatiente asesinado el 24 de noviembre en el barrio El Vergel del Carmen de Bolívar, Bolívar.

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[1] Informe No.1: El Terror paramilitar al Norte de Antioquia. Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, 22-11-2023.

[2] Comunicado: Paramilitares sin control y un gobierno que presume ser el cambio. CDP San José de Apartadó, 30-11-2023.

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