BANDIDOS CUIDANDO PRESOS
Sergio Torres
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) es la entidad encargada de la vigilancia en las cárceles. Sin embargo, es una entidad absolutamente entregada a la criminalidad en todas sus formas, siendo la población privada de la libertad su principal víctima.
La inmensa institucionalidad corrupta que conforma el Estado colombiano tiene sus picos altos. Espacios donde la corrupción, el crimen y las mafias se naturalizaron totalmente. El Inpec es uno de ellos, un Informe reciente del actual Director General, dice que solo en una operación nacional se han llevado a cabo 5.459 investigaciones, que arrojan un total de 3.889 funcionarios investigados a nivel nacional.
Dominio y Dominó
El Informe del Director del Inpec resulta de la llamada Operación Dominó, para atacar la corrupción al interior de las cárceles colombianas: “en lo que va de 2023 se dio apertura a 1.157 investigaciones, para un total de 5.459 investigaciones vigentes y un total de 3.889 funcionarios investigados a nivel nacional. Se han adelantado 161 operativos, en los cuales se han incautado 1.240 celulares en diferentes patios y 6.360 accesorios para celular. Se han trasladado a 600 reclusos a diferentes cárceles, entre ellos 30 de los principales jefes de la extorsión desde la prisión” [1]. Fueron sancionados 159 funcionarios y solo 50 fueron destituidos por estar vinculados a actividades de corrupción. La Operación Dominó estuvo articulada con la Fiscalía y en su desarrollo fueron capturados 27 funcionarios y se abrieron 42 procesos penales.
Las investigaciones solo están enfocadas en la extorsión que se desarrolla desde las cárceles; sin embargo, está comprobado que al interior de estas se desarrollan todo tipo de actividades criminales y en todas ellas están vinculados funcionarios del Inpec. Razón por la que esta institución se ha convertido en un fortín de la criminalidad. Ejemplos muy visibles de esto son los famosos casos como el del narcoparamilitar Matamba, en el cual se confirmó la participación de miembros de este instituto, junto con miembros de la Policía y la Unidad Nacional de Protección (Unipep); o las fugas que el condenando Carlos Mattos realizaba en vehículos del propio Inpec, estos, entre muchos casos más.
Esperan un cambio estructural
Las personas privadas de la libertad y los colectivos de presas y presos políticos llevan años denunciando cantidad de hechos de corrupción y malos tratos promovidos, ocasionados y agenciados por funcionarios del Inpec, es tan degradada la situación, que la Corte Constitucional declaró desde hace 20 años, un Estado de Cosas Inconstitucional en las cárceles, debido a la violación sistemática y continuada de los derechos fundamentales a las presas y presos de Colombia.
“En los últimos 10 años han muerto 2.519 internos de las cárceles colombianas; estas son cifras reveladas por el mismo Inpec, lo que quiere decir que en promedio cada dos días muere un interno dentro de las cárceles” [2]. “Sucede una amarga realidad desconocida por muchos colombianos, que la Población Privada de la Libertad nos hemos convertido en un negocio muy lucrativo para los administradores carcelarios, teniendo en cuenta el alto índice de corrupción al interior de todos los establecimientos penitenciarios, que los ha convertido en verdaderas antros de semiesclavitud, narcotráfico, extorsión, tortura, trata de personas y demás delitos, porque los carceleros coludidos con las bandas criminales les cobran un millonario peaje que les reportan jugosas ganancias” [3].
El gobierno de Petro y su Ministro de Justicia Néstor Osuna, entienden y conocen bien la situación, sin embargo, la posibilidad de cambios profundos al sistema penitenciario y judicial no ha logrado ser materializada. Desde el ELN se han hecho propuestas, pero el incumplimiento y la incapacidad del gobierno para activarlas, llevan al traste estas iniciativas.
Se requiere compromiso y profundidad en la atención a las cárceles en Colombia. Que se tenga en cuenta realmente a las presas y presos con quienes se debe hacer en directo estos ejercicios de evaluación y reformulación de la Política Pública Penitenciaria, “destinada a que no se permita más la corrupción, la impunidad y las injusticias, tragedia ocultada para la mayor parte de la sociedad, con el fin perverso de perpetuar el infierno entre rejas que sufren más de cien mil colombianos” [4].
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[1] Boletín Informativo No. 096. inpec.gov.co
[2] Cese el fuego en las cárceles. Revista Insurrección
[3-4] No más bota militar en las cárceles. Revista Insurrección.