Alejandra Rincón
38 años después del holocausto del Palacio de Justicia, los crímenes de guerra cometidos por los militares que ejecutaron la retoma siguen en la impunidad, y los familiares de las víctimas y los desaparecidos siguen exigiendo verdad y justicia.
El 6 de noviembre de 1985 un comando del Movimiento 19 de Abril (M-19) bajo el mando de Andrés Almarales y Luis Otero, llevó a cabo la operación ‘Antonio Nariño por los derechos del hombre’, tomándose por asalto el Palacio de Justicia. La acción tenía como objetivo hacer un juicio al Gobierno de Belisario Betancur (1982-1886), por haber incumplido el Cese el Fuego pactado con esta guerrilla, además buscaban la derogación de los tratados de extradición por considerarlos una pérdida de soberanía.
Ni un solo muerto durante la toma, muchos durante la retoma
El comando guerrillero no tenía en sus planes asesinar a los Magistrados, solo tomaron como rehenes a cerca de 350 personas a quienes llevaron a la parte superior del recinto. El Gobierno de Belisario Betancur se negó a negociar con el grupo armado y dio la orden al Ejército de atacar y recuperar el control del Palacio de Justicia.
Durante el juicio al coronel Plazas Vega, el comandante de la retoma, la fiscal Angela Buitrago afirmó, “durante la toma y retoma la función constitucional del Ejército era salvaguardar la vida y la integridad de los rehenes y demás civiles que se encontraban en el Palacio de Justicia, y conjurar la acción terrorista del M-19. No era permitido, ni es el deber ser del Ejército, desaparecer a las personas sin ni siquiera permitirles un acto de defensa, así fueran subversivos” [1].
En su libro, Helena Urán Bidegain -hija del Magistrado Carlos Horacio Urán, asesinado por el Estado durante la retoma del Palacio de Justicia-, develó mensajes oficiales de la época, que pese a haber sido desclasificados hace más de una década no se han tomado como evidencia en la investigación de este holocausto, y que dejan en evidencia la participación de los Estados Unidos (EEUU) en la retoma, enviando explosivo C4, expertos en comunicaciones y explosivos; los explosivos fueron utilizados para el ingreso de la tropa en una zona donde había presencia de rehenes [2].
Dentro de los mensajes desclasificados está un informe del Agregado Militar de EEUU en Bogotá, donde dice, “existen planes para tomar un edificio gubernamental, fuerzas de seguridad fueron alertadas por fuentes de inteligencia hace más de una semana, que uno de los posibles blancos del M-19 es el Palacio de Justica” [3]; lo que evidencia que el gobierno conocía con antelación los planes del M-19 para ocupar el Palacio de Justicia, ¿por qué no reforzó la seguridad y vigilancia? Estos mensajes, refuerzan ‘la teoría de la ratonera’ que plantea que el plan del gobierno era permitir la toma para encerrar a los guerrilleros y responder automáticamente con la retoma.
La actitud del Ejército de abrir fuego de manera indiscriminada poniendo en riesgo la vida de población no combatiente que estaba en calidad de rehenes, va en contra de sus manuales operacionales y es violatorio del DIH. Recientes investigaciones denuncian que, “los militares llevaron a la Casa del Florero, a un grupo de cerca de 22 rehenes a los que denominaron ‘especiales’ -Magistrados, trabajadores de la cafería y guerrilleros-, por considerarlos como sospechosos, allí, fueron tratados como amenaza insurgente, enemigos de la nación, por eso, fueron torturados y en algunos casos asesinados y regresados al Palacio para presentarlas como bajas durante el fuego cruzado, otras aún continúan desaparecidas” [4].
Cuatro décadas de impunidad
Tras casi 4 décadas de haber sido perpetrado el Holocausto del Palacio de Justicia las investigaciones no han sido efectivas, muchas víctimas siguen sin ser identificadas o desaparecidas; además la impunidad campea, aún no sale la verdad completa a la luz y muchos de los determinadores de esta masacre siguen libres y sin ser enjuiciados, el Expresidente Betancur se fue a la tumba sin haber respondido por estos crímenes y sin contar toda la verdad sobre los hechos.
A la fecha solo han sido condenados el coronel (r) Alfonso Plazas Vega a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada de 11 personas (10 empleados de la cafetería y una guerrillera), y el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales a 35 años de cárcel también por la desaparición forzada de cinco personas [5].
El Estado está en mora develar la verdad sobre este holocausto y aplicar justicia a los victimarios, y proporcionar a los familiares de las víctimas reparación y garantías de no repetición.
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[1] Holocausto del Palacio de Justicia. History Channel, noviembre de 2022.
[2-3] Estados Unidos dio explosivos y participó en la retoma del Palacio de Justicia -Parte 1-. RTVC, 18-09-2023.
[4] Las huellas de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Señal Colombia, 6-11-2023.
[5] Palacio de Justicia: 38 años desaparecidos. Centro Nacional de Memoria Histórica, 6-11-2023.
