OPERACIONES DE PERFIDIA DE LAS FUERZAS MILITARES
Himelda Ascanio
El 11 de septiembre un grupo de hombres armados que se identificaron como “disidencias”, incursionaron en la vereda Bocas El Manso en Tierralta, Córdoba, capturaron medio centenar de personas, las tiraron al suelo y las mantuvieron arrodilladas por más de tres horas.
Atacaron con un machete a un poblador e intentaron tomar por el cuello a una madre que tenía a su hijo en los brazos, antes habían ingresado a una casa donde abusaron sexualmente de una mujer indígena, a la que también robaron sus pertenencias [1].
Ante los atropellos de estos militares la comunidad les increpó: “¡identifíquense!, ¿por qué vienen a atropellarnos?, ¿les parece justo amenazarme con una pistola teniendo yo a mi hijo en brazos?, ¿les parece justo? ¡unos criminales es lo que son, eso es lo que son!”.
La comunidad se percató que los hombres eran militares pertenecientes al Batallón de Infantería 33, Batalla de Junín, adscrito a la Décima Primera Brigada de la Séptima División del Ejército, que opera en los departamentos del Chocó, Córdoba y Antioquia, evidenciando lo que las comunidades constantemente han denunciado sobre las operaciones militares encubiertas y la connivencia de las Fuerzas Militares (FFMM) con los paramilitares, terrorismo de Estado impulsado desde la década de los 60 del siglo pasado por los Estados Unidos con su Doctrina de Seguridad Nacional.
Aterrorizan para despojar
Los líderes comunitarios aseguraron que no es la primera vez que esto sucede, “el Ejército siempre llega maltratando al campesino… Los desnudan, los golpean, la gente tiene miedo de salir a trabajar”; en esta región del sur del departamento de Córdoba desde hace muchos años existe una disputa con los terratenientes, quienes utilizan paramilitares para el despojo de tierras, con los que sabotean los procesos de restitución y titulación de tierras a las comunidades campesinas e indígenas; lo que mantiene un desplazamiento ‘gota a gota’ de los habitantes de la zona de La Mayoría hacia la cabecera municipal de Tierralta y hacia los alrededores de Puerto Flequillo.
En los demás departamentos donde opera la Séptima División, organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica también han denunciado la alianza de las FFMM con los narcoparamilitares, como en las agresiones que realizaron el mes pasado en el Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia, donde paramilitares incursionaron y atentaron contra los líderes comunitarios y desplazaron a las comunidades.
No son casos aislados
La modalidad operativa de las tropas de la Séptima División es la misma que utilizaron el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea cuando llegaron vestidos de negro, sin insignias oficiales y presentándose como “guerrilleros”, para perpetrar la masacre del 28 de marzo de 2022 en la vereda Alto Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó 11 víctimas mortales, operativo que estuvo dirigido por el general Edgar Alberto Rodríguez Sánchez comandante del Comando Conjunto No. 3 del suroriente, quien tiene 32 investigaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por 56 casos de asesinatos sumarios [2].
Otro caso similar ocurrió el 22 de noviembre en 2021 cuando la Fuerza de Tarea Conjunta Titán comandada por el Brigadier General Óscar Leonel Murillo Díaz, el actual comandante de la Séptima División, ingresó al caserío de Guachal, del Litoral del San Juan, Chocó, en una incursión para abatir a un integrante del ELN, quien fue rematado en el suelo, herido y en estado de indefensión; ejecución realizada por individuos sin identificar que fueron evacuados en helicópteros del Ejército [3].
El 21 de junio de 2021 en Montebravo, Medio San Juan, Chocó, militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán dispararon contra las casas y engañaron a los habitantes diciéndoles que eran miembros de las “disidencias”, quienes nunca han hecho presencia en esa zona.
A mediados de septiembre en 2021, cerca al caserío Corriente Palo, Chocó, un grupo que fingía “ser del ELN” dijeron a los pobladores, que no cruzaran un camino porque iban a instalar minas antipersona, más luego, los vecinos notaron que estos sujetos fueron evacuados por un helicóptero militar.
Las víctimas de esta semana
En el barrio Comuneros II en Cali, Valle del Cauca, el 5 de septiembre perpetraron una masacre que dejó tres víctimas.
Steven Chalarca era docente de la Institución Educativa Guillermo Aguilar en la vereda Barro Blanco del municipio de Yolombó, Antioquia, era líder sindical de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), fue asesinado por narcoparamilitares el 12 de septiembre en dicha Institución.
Silvio Rosero Arteaga era Presidente del Concejo municipal de Taminango, Nariño, fue asesinado el 12 de septiembre.
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[1] Comunidad de Bocas del Río Manso se desplaza por temor a represalias. La Razón.co, 13-09-2023.
[2] El derecho a la verdad: un tortuoso camino pleno de escollos e impunidad. Arcoiris, 04-11-2022.
[3] Las denuncias sobre dudosos operativos militares en el río San Juan en Chocó. El Espectador, 12-12-21.