EL RÉGIMEN NOS CONDENA A LA EXCLUSIÓN
Damaris Izaguirre
Colombia tiene una exclusión social histórica que ha llevado a que sea catalogada como uno de los países más desiguales de Latinoamérica; gran parte de su población tiene negado el acceso a servicios básicos y sus políticas públicas no subsanan o minimizan la pobreza monetaria y extrema.
Según estamentos gubernamentales a la fecha el 12,9 por ciento de la población padece pobreza multidimensional -sus condiciones de vida carecen de servicios básicos, estudio, salud, alimentación adecuada, entre otros-, el 39,3 por ciento sufre pobreza monetaria –ingresos inferiores al mínimo vital-, el 15 por ciento de la población vive en situación de extrema pobreza; estos mismos estamentos dejan entrever que producto de la pobreza, la inseguridad alimentaria es un drama creciente, 2,35 millones de hogares en el país solo comen dos veces al día, 1,1 millones de hogares solo comen una vez al día y 92.857 familias no tienen como suplir un plato de comida al día.
Es más que evidente la deplorable situación de pobreza y miseria en la que está sumida gran parte de la sociedad, mientras un reducido grupo de la población goza de fortunas opulentas y excentricidades. Sin embargo, la desigualdad, la exclusión y la pobreza se ha vuelto paisaje, cuando por el contrario nos debería generar una constante indignación que nos lleve a exigirle al Estado las transformaciones sociales que han sido depuestas a sangre y fuego durante décadas.
El actual Gobierno se hizo elegir bajo el eslogan de servir a Los Nadie, sin lugar a ambages o juzgar la intenciones de ejecutar transformaciones estructurales del nuevo gobierno, este aún no logra establecer políticas que logren derriban la pobreza estructural y erigir un nuevo modelo económico que ponga fin a la desigualdad y redistribuya las riquezas, devuelva las tierras despojadas y usurpadas por los paramilitares y entregadas a las familias opulentas; en gran parte porque el régimen sigue estable y con poder suficiente para oponerse a los cambios, y por otro lado, porque el gobierno bajo el lema de tener gobernabilidad aún no está dispuesto a romper sus nexos con el viejo régimen y construir una nación con verdadera justicia y equidad social.
El Estallido Social de 2021 mostró el norte para alcanzar los justos reclamos de ese momento de efervescencia y lucha popular, y los hechos actuales demuestran que por la vía electoral y legislativa es imposible alcanzar cambios tangibles; así las cosas, la única opción es robustecer la unidad social y popular y luchar por una nueva nación, un país donde los sin voz reestablezcan sus mínimos derechos.