GENERALES DE LA MUERTE
Himelda Ascanio
El General (r) Mario Montoya fue imputado por 130 casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por la IV brigada cuando la comandaba entre 2002 y 2003.
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó al General retirado Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército entre 2006 y 2007, por 130 Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad perpetrados por la IV Brigada cuando estaba a su cargo entre 2002 y 2003 y hacía presencia en 127 municipios de Antioquia y Chocó. En el marco del Macro caso 03 “Asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, otros ocho militares fueron imputados.
Mario Montoya fue uno de los principales ejecutores de la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez, quien lo ascendió por sus resultados “positivos”, según la acusación Montoya presionó y direccionó a los soldados para presentar bajas y asesinar en lugar de capturar, enfoque que se generalizó como modus operandi en todas las unidades militares a nivel nacional.
Para las víctimas es necesario el establecimiento de los máximos responsables conforme a dos categorías: i) aquellos que han tenido “un ‘rol esencial’ en la organización criminal y ii) por su aporte determinante en la consolidación del patrón macrocriminal.
La Sala de Reconocimiento de Verdad y de Determinación de los hechos y conductas ha aseverado en el Auto 055 de 2022 de la Corte Penal Internacional, que las conductas analizadas se constituyen como crímenes de carácter internacional por lo tanto, no puede limitarse la investigación sólo a los que se consideran máximos responsables en la cadena de mando, sino a todos aquellos que participan en su comisión por su liderazgo o rol determinante en la ejecución de los crímenes.
La efectividad medida en litros de sangre
Antioquia concentra el 25 por ciento del universo de víctimas de asesinatos sumarios, 1.613 de las 6.402 reveladas en 2021. Entre el 2002 y 2008 se presentaron la mayoría de los casos en territorio antioqueño y la región más afectada fue el oriente con 501 casos, es decir el 31 por ciento de asesinatos en la jurisdicción de la IV Brigada.
El Informe: La brigada “más efectiva”: crímenes de la Cuarta Brigada bajo la seguridad democrática y el Plan Colombia (2002-2003), entregado por organizaciones de víctimas de crímenes de Estado en el departamento de Antioquia a la JEP, documentó el asesinato y la desaparición de 232 civiles de los cuales 20 eran mujeres y 195 hombres, por lo menos 40 menores. 32 víctimas aún se encuentran sin identificar.
Estos crímenes fueron perpetrados por militares adscritos a 12 batallones de esta Brigada. El Batallón de Infantería No. 4 (BAJES) ubicado en Medellín, ocupa el primer lugar con 69 víctimas; el segundo es el Grupo de Caballería Mecanizada Número 4 Juan del Corral, con sede en zona rural de Rionegro, con 20 víctimas; el tercero es el Batallón de Contraguerrillas Número 4 Granaderos, con 13 víctimas; el cuarto es el Batallón de Infantería Número 10 Coronel Atanasio Girardot, ubicado en el Barrio Vista Hermosa en Medellín, con 11 Víctimas, y el quinto es el Batallón de Infantería Número 32 General Pedro Justo Berrio, conocido como BIPEB y ubicado en el municipio de Bello.
En su mayoría las víctimas fueron campesinos y jóvenes empobrecidos de las comunas periféricas de Medellín llevados con engaños de ofertas laborales. El Informe registra que los militares trasladaron a las víctimas, 49 antes y 77 después de quitarles la vida, a lugares diferentes al de su retención para evitar testigos de la muerte y facilitar la simulación del combate.
Esta práctica macro criminal de las Fuerzas Militares se intensificó y se extendió hasta el 2012. La madre de una niña de 13 años asesinada en esta política criminal de la Seguridad Democrática, manifiesta: “nada justifica un asesinato y nos duele cuando los crímenes de este tipo involucran campesinos, estudiantes y trabajadores. Al general le va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebe que mi hija era una guerrillera” [*].
Víctimas de esta semana
Las organizaciones de la Reserva del Valle del río Cimitarra, el 17 de agosto denunciaron la desaparición de tres de sus líderes de las Juntas de Acción Comunal: Wilson Cañas, Belarmino Tuberquía y Alonso Ariza.
Jhon Kevin Taicus Guanga era Representante de la Asociación de Acuicultores del corregimiento La Guayacana en Tumaco, Nariño, fue asesinado el 24 de agosto en la vía La Guayacana a Tumaco.
Vereda La Paloma, de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, el 25 de agosto perpetraron una masacre que dejó como víctimas a tres adultos mayores.
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[*] Yohan y Luz, dos de los 16 niños víctimas de ‘falsos positivos’ imputados a Montoya. El Espectador, 30-08-2023.