NO RESIGNARNOS CON LA DESINFORMACIÓN
Darío Pachakuti
El conflicto en Colombia tiene causas estructurales que requieren transformaciones radicales más allá del diálogo y acuerdos entre la delegación gubernamental y el Ejército de Liberación Nacional.
Para la sociedad en su conjunto, este proceso podría ser una oportunidad histórica para abordar las causas profundas del conflicto, pero para crear un cambio real a la concentración desigual de la tierra, la opresión patriarcal y racial, el papel del Estado al servicio del capital y en últimas a la influencia y dominación imperial norteamericana.
Agazapados
En el contexto actual de Cese el Fuego y a puertas de un posible Acuerdo Nacional, resulta profundamente inquietante ver cómo fuerzas paramilitares continúan cometiendo actos de violencia y terror en Colombia, reeditando las masacres más brutales conocidas por el país. Lo ocurrido recientemente en la vereda de San Pablo, Bajo Cauca, es sólo otro ejemplo de cómo estos grupos armados paramilitares continúan operando con impunidad, en connivencia con las fuerzas militares estatales. Quizás aquí valga preguntarse ¿qué intereses podrían estar detrás?
Lo llamativo resulta en lo rápido que los altos mandos del ejército asumieron que las víctimas eran insurgentes, cuando en realidad eran civiles desarmados, incluidos líderes sociales de origen popular. Esto demuestra una vez más la falta de transparencia de las fuerzas de seguridad del país, ¿cómo pueden miembros del ejército colombiano permanecer en una zona determinada, mientras los grupos paramilitares continúan perpetrando estas masacres en el mismo lugar?
Declarados
No es un secreto que en Colombia los conglomerados mediáticos tradicionales fabrican, publican y multiplican narrativas que profundizan la polarización y obstaculizan los esfuerzos de paz actualmente en curso. En el caso de lo acontecido en el municipio de Cáceres, la respuesta del Ejército Nacional es inaceptable, dar publicidad a las actividades en la zona y no cumplir con el deber de proteger a los civiles es un fracaso y una traición al pueblo. Es claro que la comunidad y el propio Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo habían advertido y denunciado las amenazas que representan los grupos paramilitares, pero sus alertas y permanentes llamados de ayuda parecen haber sido ignorados.
En contraste, los medios concentrados al servicio de los poderes económicos y en oposición al actual Gobierno de Gustavo Petro, son portavoces de la desinformación y exacerban el caos en la sociedad colombiana. La desinformación promovida desde los medios es una estrategia deliberada de las élites para mantener su dominio ideológico sobre la sociedad; las principales empresas mediáticas funcionan como vehículos de transmisión de los intereses oligárquicos criollos, en sintonía a los planes imperiales.
Con la masacre de Cáceres y la manera como las fuerzas militares informan la situación, la farsa queda al descubierto. La paz no vendrá de arriba sino de la organización y movilización popular en los territorios y eso es lo que buscan frenar. El paramilitarismo no es parte de algún tejido social, sino parte constitutiva del régimen oligárquico, cumple la función contrainsurgente y el ejército mantiene las apariencias. Y para ellos, la información es un arma de guerra psicológica al servicio del capital.
En este sentido el control sobre los medios de comunicación, tanto en Colombia como en gran parte de Nuestramérica, ha permitido infundir una “cultura de la élite” en una gran parte de la población, quienes han aceptado como verdad que el camino para alcanzar el llamado “progreso” está en aceptar el modo de vida impuesto por un sistema económico, que fundamenta su desarrollo en base a una guerra por territorio y recursos naturales.
Correctivos
El gobierno colombiano necesita tomar medidas urgentes y contundentes para abordar esta situación, no debe permitir que las fuerzas paramilitares continúen sembrando terror y violencia en las comunidades sin enfrentar consecuencias reales; la impunidad en torno a estos actos de violencia solo perpetúa el ciclo de terror y desconfianza en el país. Es necesario analizar a fondo los hechos y la comunidad internacional también debe asumir el rol que corresponde en el actual proceso de Diálogos de Paz; además, es importante permitir que las víctimas y las organizaciones sociales que luchan incansablemente por la justicia y la paz en Colombia sean más participativas y protagonistas en la construcción de un mejor país.
Es clave que el actual gobierno progresista asuma que la comunicación es un campo de batalla ideológico crucial, donde es muy necesario impulsar campañas de alfabetización mediática para que sea factible la pedagogía de paz territorial que el país requiere. En sus luchas, los movimientos populares han ido gestando un nuevo lenguaje, nuevos imaginarios que resquebrajan las narrativas oligárquicas, por lo tanto, se deben fortalecer; la pedagogía debe ser liberadora, y la comunicación agitadora de conciencias adormecidas.