«FALSOS POSITIVOS» Y FALSA JUSTICIA

Comandante Antonio García

Se volvió normal hablar de «falsos positivos», una forma de disfrazar o distorsionar un crimen de Estado.

Igual sucede con la expresión «ejecuciones extrajudiciales», que si bien es más edulcorada y con cierto sabor jurídico, entraña un engaño y una justificación de lo que se hace, pues deja entrever que estuviesen permitidas o contempladas en la legislación colombiana las «ejecuciones intra-judiciales», que están autorizadas o permitidas por la ley. Por eso es necesario hablar con claridad, que estamos ante un crimen de Estado que se llama: Asesinatos en estado de indefensión.

Llegar a los mal llamados «falsos positivos» no sucede por casualidad, sino por cuanto ya viene una práctica normalizada cuando por fuera de la confrontación se «da de baja» a guerrilleros fuera de combate o se mata a dirigentes sociales que luego son presentados como guerrilleros muertos en combate. Son incontables los casos, ha sido imposible que la justicia pueda abordarlos como lo establece la ley.

Pude escuchar a una general (r) en 2006, comentarme con toda tranquilidad que él les decía a sus subordinados: «no los golpee, mejor mátelos»; como si fuese más ético asesinar heridos o capturados en estado de indefensión, que torturarlos. Jamás podrá hacerse comparaciones en términos de cantidad de dolor o de mal que se produce y que algo pueda ser menos malo.

Es esa práctica normal, de «dar de baja», de asesinar en estado de indefensión a combatientes y dirigentes sociales, lo que permite luego realizar con toda normalidad la cacería de personas inocentes que nadie pueda reclamar, para hacerlos pasar como supuestos guerrilleros, para asesinarlos en completo estado de indefensión para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate. Estamos ante un crimen de Estado que es usado para recibir compensaciones, recompensas, ascensos en la carrera militar.

El caso de Mario Montoya, general de la república, que entraña una responsabilidad de Estado, que debe ser calificado para llegar a ese rango y que luego fue Comandante del Ejército y que ni el Mando Militar ni el Poder Ejecutivo, el Legislativo ni el Judicial, hayan podido evaluar, detectar y sancionar tales conductas, deja claro ante qué tipo de Estado nos encontramos, donde nadie controla el uso de la Fuerza y de las armas.

Se está hablando de más de 130 ejecuciones en estado de indefensión en un periodo de 2002 y 2003 en el Oriente antioqueño, pero fue en los años 2007 y 2008 cuando más se desbordaron, años en que Álvaro Uribe Vélez era el Presidente y Juan Manuel Santos el Ministro de Defensa, por eso no hay que ir muy lejos cuando se pregunta por quién daba las órdenes a Montoya, pues este general solicitaba «resultados» en «litros de sangre» y muertos. Seguramente no sería lo que dirían Uribe y Santos, pero cómo «copia» un militar, sino la «intención del Mando», de lo que piensa el superior; es el ABC en la doctrina de conducción de tropas y del ejercicio del mando. 

Por eso nada más acertado lo que la madre de Erika Castañeda, una de las menores asesinadas en estado de indefensión y presentada como guerrillera dada de baja por Mario Montoya, cuando llevaba su cadáver en un camión: «Te va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebes que mi hija es una guerrillera”. Cómo puede entenderse que el Poder Judicial aún no sea capaz de aplicar justicia y que luego de más de 10 años tenga razón una persona como la madre de una niña, que la justicia, sea militar o civil siga muda.