LAMENTOS DETRÁS DE UN ESCRITORIO
Comandante Antonio García
Aprovechando el tiempo de lamentos y temores generado por las declaraciones que el Fiscal Francisco Barbosa ha circulado a diestra y siniestra, podemos realizar una serie de reflexiones, ya que el actual Cese el Fuego genera circunstancias favorables. El ELN está comprometido con dicho pacto y será coherente en su actuación.
Así las cosas, el ELN no realizará acciones ofensivas contra las Fuerzas Armadas y de Policía, ni contra los Organismos de Seguridad del Estado, así como tampoco se realizarán acciones de inteligencia. Esto nos permite reflexionar por fuera de un clima de amenazas y prepotencias, pues ambas partes estamos obligadas a actuar con mesura, pero sin creer en cuentos infantiles.
En el alto mando del ELN, como en las Direcciones de los Frentes de Guerra, sabemos con claridad que los 4 o 5 compañeros señalados como implicados en el presunto atentado, jamás se han reunido y menos para ejecutar planes de tal naturaleza, pues cada uno de ellos anda en sus tareas asignadas, menos en la que se inventaron. De verdad este es un ‘cuento chimbo’, donde los organismos de inteligencia y la Fiscalía quedan muy mal parados, si a esos resultados llegan los analistas de inteligencia… pobre Colombia.
Hemos sido claros al señalar que estamos alzados en armas contra el Estado colombiano; una realidad de confrontación militar, que para nuestro caso, está regulado por los Principios de la Guerra y el Derecho a la Rebelión que nos permite actuar con independencia del Estado en el uso de la fuerza y de las armas, la tributación y con nuestra propia juridicidad. En este marco nuestra actuación siempre estará por fuera de la juridicidad del Estado, por cuanto no aceptamos ni acatamos su legalidad ya que estamos en una situación de Conflicto Armado Interno.
Por lo anterior es ingenuo pretender que el ELN acate esa legalidad, y las acciones del Estado y sus instituciones son leídas como las de la contraparte enemiga.
Pero volvamos por donde empezamos: los temores a las amenazas. Cuando el Estado colombiano y la misma Fiscalía establece una orden de captura contra un integrante del ELN, ¿cómo puede llamar eso?, es una amenaza, no tiene otro nombre y casi que es una pena de muerte. Ya la Fiscalía se ha saltado la «presunción de inocencia» y ha «construido las pruebas» con «testigos ocultos» incluidos y por tanto la condena, en el mejor de los casos, pero si en el acto de ser detenido, como ha ocurrido en varios casos, en vez de captura se planifica un operativo para «dar de baja al objetivo», ¿cómo puede llamarse eso? Lo legal sería la captura o detención, pero «darlo de baja» ya sería un acto ilegal dentro de la juridicidad del Estado y un crimen de guerra, en la legislación internacional.
Por eso, para el ELN toda orden de captura es una amenaza de un enemigo, y por tanto parte de un acto de guerra que podrá desencadenarse. En el contexto político internacional son normales las amenazas entre gobiernos y países, como actos de disuasión o inducción política.
Junto a las órdenes de captura están las listas de miembros del ELN que deben ser «dados de baja», «neutralizados» o capturados, los medios de información, prensa escrita, televisión y radio lo dan a conocer de manera recurrente. Podría preguntarse cuál es el objetivo de esta estrategia comunicacional: ¿infundir temor?, ¿difamar?, ¿disuadir?, el Estado colombiano lo hace dentro de su legalidad. ¿El ELN lo podría hacer dentro de su legalidad?, está claro que no obedecemos su legalidad y hacemos uso del derecho a la rebelión, y en derecho somos contrapartes en un Conflicto Armado Interno reconocido internacionalmente.
En rigurosidad, al existir un Estado de guerra o confrontación es necesario definir si quienes expiden órdenes de captura, que son amenazas que llegan hasta la muerte, también hacen parte o no de la confrontación, esas autoridades dan la autorización para adelantar una acción judicial que termina siendo una acción militar. En este momento de ambiente de paz, es una excelente oportunidad para hablar sobre el tema. Este debería ser el asunto de fondo y no ponerse a lanzar lamentos detrás de un escritorio cuando en la práctica autoriza actos de guerra, así como lo hacen otros tantos funcionarios.
Hay muchas órdenes políticas, económicas, judiciales, informativas que derivan en operaciones militares, muchas de ellas que desdicen del honor militar, donde las fuerzas militares se ven en la obligación de realizarlas, pero quienes las piensan y las orientan se escudan en una supuesta «civilidad». Llama la atención que un funcionario como Francisco Barbosa que cuenta con más de 20 mil agentes especializados en inteligencia y actividades policiales, que debe contar con sistema de seguridad personal, acuda a los medios de comunicación para hacerse la víctima de un supuesto atentado; como se dice: ‘quien las usa, las imagina’.