EMPIECEN POR NO ENTREGARLE ARMAS A LA «GENTE DE BIEN»
Sergio Torres
El Estado colombiano no tiene control sobre sus armas, las Fuerzas Armadas (FFAA) llevan décadas entregando armamento a civiles para promover el paramilitarismo; durante el Estallido Social de 2021 las FFAA aumentaron el tráfico de armas para la llamada “gente de bien”. ¿El nuevo Gobierno cuándo empezará a combatir este armamentismo?
La lógica de la ilegalidad corrupta en todas las instancias del establecimiento es la del tráfico de todo aquello a lo que se tiene acceso, es una dinámica de desviar desde las instancias legales cualquier recurso hacia intereses particulares, construyendo o alimentando mafias que fortalecen ilegalmente un poder fáctico, que se instala en asocio con los entes y fuerzas estatales.
La corrupción y las mafias se fortalecen con el apoyo y respaldo de las Fuerzas Armadas, para la construcción paramilitar en función de contención de la protesta social, simbiosis letal que se agigantó durante la Estallido Social de 2021 y posterior a él mediante operaciones de persecución y asesinato de los liderazgos sociales.
La autodenominada gente de bien
El paramilitarismo se ha extendido a territorios urbanos y suburbanos hasta naturalizarlo para la eliminación de quienes exigen cambios y disienten del poder mafioso, como ocurrió durante el Estallido Social, cuando con total descaro se multiplicaron las operaciones paramilitares en las que Colombia observó a civiles disparando contra manifestantes contando con la protección de las FFAA, alentados y protegidos por las cabezas de la mafia política desde las entidades del Estado y las grandes empresas de desinformación.
Esta política de fomento de bandas paraestatales en cualquier Estado constituiría un asunto de suma gravedad, pero en Colombia la Fiscalía General y los entes de justicia han protegido a esos agenciadores; el paramilitar Andrés Escobar es un ejemplo descarado de esta lógica, quien continua como si no hubiera atentado contra manifestantes y hasta se candidatizó para un cargo de elección popular enarbolando abiertamente las banderas del paramilitarismo de extrema derecha.
Convivir recargadas 2.0
En las regiones rurales han sido tradicionales, por más de 6 décadas, los operativos conjuntos y de protección entre soldados y narcoparamilitares, los que ahora se evidencian en la vinculación y tráfico de armas y en la creación de grupos de civiles urbanos para atentar y asesinar manifestantes; que cuentan con el respaldo e impunidad de los órganos de control y justicia, prácticas idénticas a las de las cooperativas de criminales llamadas como Convivir a partir de 1994.
El viejo régimen se aferra a desarmar a la guerrilla revolucionaria, mientras persiste con descaro el propio Estado con su política de repartir y traficar armas entre los seguidores de los partidos de la derecha.
Este mes se conoció la investigación de un medio de comunicación en la que detalla como en los últimos años el Departamento de Control y Comercio de Armas entregó armamento y logística a supuestos empresarios para la “gestión de su autocuidado”, comerciantes que terminaron siendo en realidad narcoparamilitares, entre los se encuentra narcotraficante Neñe Hernandez, amigo y financiador del Gobierno de Iván Duque (2018-2022).
Dichas armas hoy no son devueltas y no aparecen, no es difícil suponer finalmente hacia donde fueron destinadas. Ante estas situaciones, principalmente quien tiene que responder por armas y por auspiciar la violencia en la política es el Estado colombiano. El nuevo Gobierno tendría que empezar a ocuparse de esto y enfrentar estas mafias para hacer real la idea del cambio y de una cultura de paz que saque la violencia de la política.