Claudia Julieta Parra
Es antinatural hablar sobre “estadísticas de trabajo infantil”, porque la infancia no forma parte de la etapa productiva, pero por la desigualdad y la miseria miles de niños son obligados a trabajar informalmente, para la subsistencia propia y de sus familias.
Si bien la tasa de trabajo infantil se ha reducido en las últimas dos décadas, aún existe una cifra considerable, que resulta escabrosa para este autodenominado Estado Social de Derecho, con una retórica de protección a la infancia. Según la cifra de menores de edad que trabajan, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en el último trimestre de 2022 trabajaron 369.000 niños, de los cuales 110.000 (29,8 por ciento) están entre los 5 y los 14 años, y 259.000 (70,20 por ciento) tienen de 15 a 17 años; del total, 257.000 son niños (69,5 por ciento) y 113.000 niñas (30,5 por ciento).
El trabajo infantil se debe en gran medida a las condiciones de precariedad del empleo (rebusque) de los demás miembros del hogar, que se deriva de las altas tasas de desempleo e informalidad existentes. La necesidad de ingresos y la urgencia de mitigar el hambre desencadena el trabajo infantil; el 33,3 por ciento de los niños que trabajan lo hacen para participar activamente en la actividad económica familiar y el 15,7 por ciento lo hacen para solventar los gastos de estudio, de estos el 62,8 por ciento se encuentran en etapa escolar secundaria, y el porcentaje restante en etapa de formación técnica, tecnológica o profesional. En contraste la Corte Constitucional ha sido tajante al afirmar que:
“El desarrollo de un menor es integral cuando se da en las diversas dimensiones de la persona (intelectual, afectiva, deportiva, social, cultural, alimenticia y de salud); además su desarrollo es armónico cuando no se privilegia desproporcionadamente alguno de los diferentes aspectos de la formación del menor, ni cuando se excluye o minimiza en exceso alguno de ellos. Es el Estado quien debe velar porque un menor goce de las condiciones mínimas para su desarrollo integral”.
Es claro que el Estado es directamente responsable de que prácticas antisociales como el trabajo infantil aún persistan; pero como sociedad también somos responsables al no exigirle que cumpla con sus deberes, no en el sentido eminentemente punitivo y coercitivo, sino en términos de cambiar la prioridad del Gasto Corriente (burocracia, Guerra, pago de intereses de Deuda Externa), que es lo que acrecienta la desigualdad y el hambre.
El trabajo infantil es deplorable, pero la mayoría de las veces no es culpa de los padres, el directo responsable es el gobierno que los tiene aguantando hambre, no les da empleo digno y deja que la comida este por las nubes.
El trabajo infantil desaparecerá cuando las familias tengan verdadera calidad de vida, y el gobierno de las garantías necesarias para que comer, tener, salud y estudiar no sean un lujo, sino derechos a los que todos tengamos acceso.