LA CULPA NO ES DE LA GUERRILLA SINO DE LA DOCTRINA

Damaris Izaguirre

Cuando ocurren acciones militares propias de la Guerra mientras se adelanta un proceso de diálogo, afloran discursos temerarios y ultimátum como los del Ministro Prada; que sirven para quedar bien con las barras bravas, pero deja intacto el problema de fondo.

El dolor que genera la muerte y más si esta proviene de acciones propias de la Guerra es algo innegable, que además no tiene bando o color, toda muerte genera dolor y sufrimiento sin importar de que bando sea el occiso. Esto nos debe tocar como sujetos sociales y darnos alientos para luchar mancomunadamente por una solución política al conflicto, que vaya más allá del silenciamiento de los fusiles y traiga transformaciones, que erradique situaciones tan o igual de dolorosas a las ocurridas en el Catatumbo, como por ejemplo, que decenas de niños mueran en La Guajira por inanición mientras una empresa extranjera gana millones por la explotación carbonífera.

Los hechos ocurridos en Guamalito, Norte de Santander, más allá del dolor que deja la muerte de 9 seres humanos, nuevamente exponen a la luz el perverso enfoque que tiene la Doctrina de Seguridad y como está al servicio de los intereses transnacionales y no de todos los colombianos.

Los soldados atacados tenían como función velar por la seguridad de una empresa privada, es decir, el Estado al servicio del interés particular de los emporios del sector de los hidrocarburos. Por otro lado, 7 de los fallecidos estaban prestando su servicio militar, por tanto, eran reclutas inexpertos llevados a una clara línea de confrontación, contrario a lo que dijo Petro tiempo atrás: “tiene que haber un cambio táctico en la disposición del Ejército, los soldados de servicio militar no deben ser enviados a zonas de conflicto”, afirmaciones acatadas y apoyadas por el Ministro de Defensa que afirmó: “los soldados regulares, no deben ser enviados a zonas de conflicto; los mandos de las Fuerzas Militares tienen que revisar con cuidado los lugares a los que pueden ser asignados”.

Humanizar el conflicto y avanzar en una política de paz con justicia social, no solo implica un cese el fuego entre las partes contendientes, sino que obliga a un cambio en la Doctrina de Seguridad que reestructure las Fuerzas Armadas, como un cuerpo encaminado a sostener la paz y los intereses de los colombianos, y no engordar un monopolio armamentista para proteger los intereses del régimen y sostener el statu quo.