LA FISCALÍA DE LA CORRUPCIÓN
Sergio Torres
El Fiscal Francisco Barbosa es uno de los funcionarios que el Gobierno Duque (2018-2022) dejó instalados, ahora convertido en jefe de la oposición del actual Gobierno, sosteniendo la impunidad frente a los múltiples delitos provenientes del anterior mandatario.
Igual que las Fuerzas Armadas, Barbosa actúa sin tapujos, como si no le debiera explicaciones a nadie, bajo su propia lógica metiéndose en asuntos del orden legislativo y vulnerando el principio de separación de poderes; además, desde la Fiscalía General se ha encargado de estigmatizar y señalar a sectores y liderazgos sociales y populares.
A los problemas propios de la política de Paz Total del Gobierno, se suman las claras obstrucciones que desarrolla el Fiscal Barbosa, dando continuidad con el lema de “hacer trizas la paz”, sostenido por la derecha frente a los acuerdos de paz de La Habana de 2016; propósito que ya cumple al afectar la propuesta del Gobierno sobre el cumplimiento de dichos acuerdos.
La campaña de Barbosa cumple el ciclo en el que se extralimita y traspasa los limites de su cargo para hostigar al Gobierno y los sectores populares, mientras incumple las funciones que si le corresponden como ente investigador y acusador del delito; para al final hacerse la víctima al saberse denunciado y descubierto en su incompetencia y bajos fines.
Impunidad por sobre todas las cosas
Son nulos los resultados de la Fiscalía General frente a la labor investigativa del genocidio que sufren los liderazgos populares, los múltiples crímenes cometidos durante la protesta social y las acciones del paramilitarismo; y son evidentes los frenos y limitaciones que coloca la Unidad Especial de Investigación, la sección d ella Fiscalía encargada de estos casos.
Situación similar para los enormes casos de corrupción donde desde la Fiscalía no se avanza en las investigaciones y por tanto no existen condenas. Convirtiéndose así en el mejor comodín para garantizar la impunidad, principalmente de sus copartidarios y amistades provenientes del gobierno anterior. Casos como las inconsistencias, contrataciones y cobros referidos a los bienes incautados al narcotráfico, que debieran estar en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que hoy no aparecen en los inventarios oficiales y en el que aparece relacionada la propia madre de su amiguete el expresidente Iván Duque.
Otro caso que se ha hecho famoso por los niveles de corrupción y clara relación con el narcotráfico, es el referido a la Unidad Nacional de Protección (UNP), una entidad tomada por la mafia en claro contubernio con sectores políticos y militares de la derecha mafiosa. Sobre este caso no se conocen avances en las investigaciones, además, hay evidencias de las movidas que la Fiscalía ha hecho para no avanzar en ellas, favoreciendo una vez más la impunidad en el tráfico de cocaína y el negocio con los esquemas de seguridad que han terminado en función de los narcoparamilitares.
A la gestión a favor de la impunidad se agregan enormes casos de corrupción, todos con resultados nimios, donde las investigaciones “siguen en curso”; como el robo de los dineros del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad), donde se robaron más de 500 mil millones de pesos, en el pago de coimas a funcionarios de la Contraloría, Planeación Nacional y Gongresistas. Al que se suma el de Centros Poblados y la exministra Karen Abudinen, donde se robaron 70.000 millones de pesos. También duerme en el fondo de los archivos de la Fiscalía General, la probada financiación con dineros del narcotráfico en la campaña del expresidente Duque, más conocido como la Ñeñepolítica.
Las tareas de sus amigos gringos
En donde si actuó el fiscal Barbosa fue en la captura de los jóvenes manifestantes del Estallido Social, a quienes mantiene privados de la libertad con acusaciones que desconocen el contexto de la protesta social y les ha dado tratamiento de criminales, oponiéndose férreamente a la libertad que se propuso para ellos a finales del año pasado.
Queda claro que Francisco Barbosa utiliza la Fiscalía para atacar y torpedear las propuestas del nuevo Gobierno y despliega un profundo odio hacia los sectores populares, sus iniciativas y dinámicas; en cambio su actuación en favor de las mafias corruptas y contraria a los intereses del pueblo son absolutamente evidentes, nefastas y peligrosas. Nadie hasta ahora ha logrado parar estas actuaciones, serán nuevamente los sectores populares los que puedan presionar la necesaria salida de este personaje.
Ya está claro que es un grave error pensar en reformas y cambios a través de alianzas y componendas con la politiquería tradicional, que no van a aflojar en su retención del poder y solo les interesa acomodarse en el Estado, para seguirlo exprimiendo a costas del pueblo que los padece. Ese pueblo es quien tiene que retomar su catártico más efectivo: la movilización de calle.