LA DESAPARICIÓN DE LOS MEDICAMENTOS

Claudia Julieta Parra

En las últimas semanas al momento de ir a reclamar los medicamentos POS en las ventanillas, responden que, “ese medicamento no lo hay”, pero si vas a una farmacia cualquiera y preguntas el mismo medicamento, hay existencias y de sobra, ¿qué está pasando?

Recientemente el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó sobre la ausencia de 50 medicamentos para tratar algunas enfermedades como: la hipertensión, diabetes, cáncer, entre otros; además escasean analgésicos y anticoagulantes esenciales para gran parte de los pacientes, entre ellos medicamentos de uso diario como el acetaminofén, amoxicilina, diclofenaco, dipirona, omeprazol, losartán, carbonato de calcio, entre otros.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) indicó que hay desabastecimiento de al menos 1.242 medicamentos en el país; escasez que la Acemi denunció desde mediados del año anterior, sin embargo, a la fecha solo ha sido resuelta en un 15 por ciento, pese a que hay producción e importación de estos medicamentos, no están disponibles en las cantidades en las cuales necesitan los colombianos y todos los usuarios del sistema de salud, asunto de salud pública que puede costar la vida de cientos de pacientes.

Es inconcebible que mientras el canal de distribución institucional del POS está desabastecido, al igual que los gestores farmacéuticos como Audifarma y Cruz Verde, encargados de la logística para dispensar medicinas a cerca del 85 por ciento de los afiliados del régimen contributivo, persiste la escasez de medicamentos y en las ventanillas es común ver letreros con el listado de medicamentos que no tienen en bodega. Pregunto: sí se producen medicamentos para droguerías y farmacias, donde todo el que cuente con poder adquisitivo puede acceder a dichos medicamentos, entonces, ¿estamos retornando al régimen de pacientes de primera y de segunda categoría? 

El problema de fondo es que las farmacéuticas optan por darle prelación a los canales de distribución donde obtengan mayores ganancias, lo que demuestra que la salud al ser un derecho fundamental no puede continuar subordinada al libre mercado; lo que obliga al Gobierno y desde luego a la reforma a la salud en curso, a desarrollar una verdadera política de salud pública en defensa de las mayorías y con miras a estatalizar la totalidad del régimen de seguridad social.