LA NATURALEZA GENOCIDA DE LA ÉLITE GOBERNANTE
Himelda Ascanio
La valiente denuncia contra la colusión entre Fuerzas Armadas (FFAA) y escuadrones narcoparamilitares no la logran sofocar, pese a que no cesa la persecución y exterminio que ejecuta el régimen de la narcorepública comandada por Uribe Vélez.
El sacerdote jesuita y defensor de Derechos Humanos (DDHH) Javier Giraldo afirma que “el Estado colombiano es de naturaleza genocida y va mutando sus prácticas de acuerdo a las realidades del país, cuya responsabilidad recae en políticos y terratenientes” [1].
Esta estrategia explica el incremento del asesinato sistemático y la persecución a los contradictores políticos, líderes sociales, defensores de DDHH y ex combatientes, bajo la doctrina del Enemigo Interno las FFAA en contubernio con narcoparamilitares ejecutan las prácticas del exterminio físico y simbólico.
En 2002 más de 79 congresistas obtuvieron sus escaños con la parapolítica (léase colusión de partidos políticos tradicionales y narcos), el 98 por ciento perteneciente a la coalición del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, así como más de 253 funcionarios públicos fueron investigados.
En 2018 se denunció fraude electoral y dineros del narcotráfico para la campaña presidencial de Iván Duque, de igual forma para el Congreso se postularon 70 candidatos acusados de corrupción y parapolítica, 42 de estos fueron electos y pertenecen a la coalición de Gobierno [2].
Jim McGovern representante demócrata del Congreso de los Estados Unidos (EEUU) afirmó que, “las acciones del Gobierno de Duque para la protección de los líderes se quedan en el solo anuncio y el papel, pero nada cambia; si las cosas siguen así el Congreso de los EEUU podría limitar la ayuda que envíe a Colombia” [3].
Todos saben quien ordena las ejecuciones
El 8 de marzo varios Congresistas exaltaron el trabajo de la organización de DDHH Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo) en el esclarecimiento de la verdad y la exigencia de justicia y garantías de no repetición; las voceras de Mafapo afirmaron que “no somos ningunas víboras (…), somos madres con dolor, estamos esperando que los militares así como en algún momento recibieron reconocimientos de sus exitosas Brigadas nos den la cara” [4].
Juliette de Rivero representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, enfatizó en “la importancia del esclarecimiento y la sanción a los máximos responsables de los llamados “Falsos Positivos”, como garantía de democracia y que se responda la pregunta planteada por las víctimas ¿quién dio la orden?” [5].
Rivero afirma que los casos registrados desde 1998 demuestran la gravedad y continuidad de la violación de los DDHH y el Derecho Internacional, “negar lo que ocurrió o intentar minimizar su amplitud es socavar en la rendición de cuentas y el esclarecimiento de la verdad”.
Arremetida contra líderes y periodistas
Cervelión Cogollo Presidente de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas), denunció el 12 de marzo el desplazamiento de 18 familias y la tortura a un campesino por parte de narcoparamilitares en la vereda Santa Isabel del Manso, corregimiento El Diamante de Tierralta, Córdoba.
La Comisión de Justicia y Paz denuncia que un campesino del Consejo Comunitario Territorio Colectivo de Pedeguita y Mancilla de Bijao, Chocó, recibió amenazas de muerte por los narcoparamilitares por denunciar el ingreso de insumos para el procesamiento de coca usando la infraestructura platanera del agronegocio que apoya la Agencia Nacional de Tierras.
Bernardo Palco Coordinador de la Guardia Indígena del Nasa Jerusalén en Puerto Umbría, Villagarzón, Putumayo, el 7 de marzo sufrió un atentado del que salió ileso, a menos de 4 kilómetros del puesto de control permanente de la Brigada 27 Selva del Ejército, en cercanías del pozo petrolero Mirto de la empresa canadiense Emerald Energy.
Jhon Fredy Narváez Acue Gobernador suplente del Cabildo Nasa Cxayuce en Arizona, Puerto Caicedo, Putumayo, el 8 de marzo durante operativos de aspersión de Glifosato fue herido por miembros de la Policía militarizada del Esmad.
Karen Tapias realizadora audiovisual y periodista de Contagio Radio, en medio del cubrimiento de la movilización del 8M, sobre la Avenida Jiménez en la esquina de la sede de City TV Bogotá, fue herida por la Policía militarizada del Esmad.
Wilmer Daniel López Pineda Director del periódico Debate Político, el 12 de marzo fue amenazado de muerte por denunciar la corrupción y el narcotráfico imperante en Barrancabermeja, Santander.
Yuri Quintero y Wilmar Madroñero integrantes de la Red de DDHH del Putumayo, Piamonte Cauca y Cofanía Jardines de Sucumbíos Nariño, manifiestan que han sido objeto de campañas de amenaza por parte de grupos narcoparamilitares de la región.
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[1] Intervención del Padre Javier Giraldo en el foro Criminalización y judicialización como práctica social genocida. Derechos de los Pueblos 04-03-2021.
[2] Herederos de Odebrecht y vínculos con ilegales en listas a Senado y Cámara 2018. Fundación Paz y Reconciliación.
[3] Niños son niños, la retórica de Mindefensa fue excesiva: Jim McGovern. La W, 12-03-2021.
[4] “No somos víboras, somos madres con dolor”: víctimas de falsos positivos al Ejército. El Espectador, 9-3-2021.
[5] La ONU pide esclarecer y sancionar a responsables de los falsos positivos. Caracol Radio, 8-3-2021.