LA IMPUNIDAD ESTIMULA LA VIOLENCIA CONTRA EL PUEBLO
Himelda Ascanio
La Doctrina de Seguridad que aplica el régimen caracteriza al liderazgo comunitario y a la oposición como Enemigo Interno, por esto dan trato de Guerra a la protesta social y a sus líderes, en tal persecución y exterminio mantienen la colusión entre Fuerzas Armadas (FFAA) y narcoparamilitares.
La XVII Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos (DDHH) en su visita al país entre 14 y el 27 de marzo del presente año, recorrieron diferentes regiones y se entrevistaron con pobladores, organizaciones sociales y víctimas en los departamentos del Meta, Cauca, Valle del Cauca, Magdalena, La Guajira y Cesar.
La Delegación Asturiana afirma que “a pesar de la voluntad contenida en los Acuerdos suscritos por el Estado y las FARC, Colombia no está en paz ni en posconflicto; el Acuerdo está siendo violado por el Gobierno de Iván Duque que simula su cumplimiento, lo que está propiciando un nuevo ciclo de violencia que resulta letal para la dirigencia social y para las comunidades del campo y de la ciudad” [1].
Agrega que “la impunidad estimula la escalada de violencias que sacude a Colombia; la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y otras instituciones de control estarían bajo la influencia del Gobierno, situación que afecta el Estado de Derecho y que hace temer por la calidad de la democracia colombiana” [2].
Este Informe enfatiza en la sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales, 736 desde la posición de Iván Duque en agosto de 2018 y más 260 excombatientes desde 2016 [3]; además afirman que “es notoria y pública la permisividad de la Policía y del Ejército con los narcotraficantes, en los retenes que debieran perseguir el tráfico de insumos y el transporte de coca y de marihuana” [4].
Los asturianos recalcan en la importancia de la Solución Política del Conflicto Interno y afirman que “la falta de continuidad del Diálogo del Gobierno con el ELN está sometiendo a los pobladores a una Guerra, en la que la Fuerza Pública persiste en violar el DIH y en aliarse con los grupos paramilitares, para arredrar a la población civil a la que dan el trato de Enemigo Interno” [5].
Toda esta vulneración de DDHH, exterminio físico y cultural que viven los sectores empobrecidos y excluidos de los derechos sociales, económicos y culturales se efectúa con un alto grado de impunidad y de corrupción burocrática y clientelista.
En medio del drama social y la violencia persistente en las zonas que visitó la Delegación Asturiana, esta recalca la labor del liderazgo social y manifestó su “admiración por la capacidad de organización y de autogestión de las comunidades, y su respeto a las víctimas del conflicto que con su exigencia de verdad, justicia, reparación y no repetición siembran dignidad y esperanzas de paz con derechos” [6].
Matan hasta en Semana Santa
Arturo Muse Consejero de la Salud Tradicional del Pueblo Nasa, el 26 de marzo durante operaciones de erradicación forzada en el Resguardo Selva Hermosa municipio de Puerto Caicedo, Putumayo, fue herido por miembros de la Policía militarizada del Esmad.
José Santos López de 54 años, en tres ocasiones ejerció como Gobernador suplente del Resguardo Awá El Gran Sábalo; el 28 de marzo él y John Martínez de 22 años fueron secuestrados en la comunidad de Panelero, al día siguiente aparecieron sus cuerpos sin vida y con impactos de bala en las inmediaciones del río Pianulpí, corregimiento de La Guayaca en Tumaco, Nariño.
Giovanny Hoyos líder ambientalista del sector Las Pampas del Mirador en Cali, Valle del Cauca, el 29 de marzo sufrió un atentado con arma de fuego que lo dejó gravemente herido.
Carlos Alberto Vidal era fundador y Presidente del Sindicato de Trabajadores de Cosecha Castilla (Sintraccos), y miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio La Casilda; el 30 de marzo fue asesinado cuando se desplazaba hacia su casa en Florida, Valle del Cauca.
Aura Esther García Peñalve era autoridad tradicional de la comunidad de Arronshy, con la Organización Mujeres Wayuu elaboraron el informe ‘Minería de carbón y des-arroyo: Etnocidio y ecocidio en La Guajira’, sobre la violación a los DDHH por parte de la multinacional El Cerrejón, también denunció corrupción en el manejo de recursos para la niñez; fue asesinada el 31 de marzo cuando ingresaba a la comunidad en el corregimiento Cardón en Uribia, La Guajira.
El Instituto de Capacitación Popular y la Asociación Tierra y Paz, denunciaron que el 31 de marzo su sede conjunta ubicada en el barrio La Chinita de Apartadó, Antioquia, fue violentada para robarles información sobre personas reclamantes de tierra de la región de Urabá.
El 2 de abril en la vereda La Esmeralda, municipio La Plata, Huila, sicarios masacraron a 3 integrantes de una misma familia: Luis Eliber Quintero Trujillo de 54 años, Ricardo Quintero Quintero de 32 años y Luis Eliber Quintero Quintero de 29 años. El 4 de abril en el barrio La Esmeralda en Circasia, Quindo, sicarios perpetraron una masacre que dejó 4 víctimas fatales y 3 heridos.
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[1-6] Declaración Final de la XVII Delegación Asturiana de Verificación de los DDHH en Colombia. Onic, 26-03-2021.
Lo constatado por la Delegación de Asturias en su visita al país en nada debe extrañar. Es claro que en el decurso histórico-político republicano, el Establecimiento colombiano se ha caracterizado por la perfidia como respuesta a los compromisos de solución política negociada asumidos por sectores sociales que han reivindicado el Derecho Universal a la Rebelión. En tal sentido, no debe olvidarse -para mencionar sólo un caso- lo ocurrido con el movimiento insurreccional protagonizado por las Guerrillas del Llano al mando de Guadalupe Salcedo y Dumar Aljure en la década de los años cincuenta -¿o será «sin-cuenta»?-. Es innegable que los hechos históricos en referencia guardan mucha similitud con lo que acontece en
la actual coyuntura en relación con los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz firmado por las FARC y el Gobierno Santos.
Ahora bien, no menos claro es que en Colombia los que la Carta Política consagra como «órganos de control», no son tales. En realidad puede catalogárseles como «órganos de bolsillo», sin temor a equívocos. Ello afecta, según la Delegación de Asturias, el Estado de Derecho. Pero, en nuestro país, ¿qué es el Estado de Derecho?. Quizá en la dilucidación de tal asunto pueda contribuir el jurista y filósofo austriaco Hans Kelsen cuando en su «Teoría Pura del Derecho» afirma que: «El derecho es una técnica de coacción social estrechamente ligada a un orden social que ella tiene por finalidad mantener».