INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Amalia Echandía

Tras décadas de lucha del movimiento feminista y de la sociedad colombiana, el año anterior la Corte Constitucional instituyó el aborto legal sin restricciones hasta la semana 24 de gestación; si bien esto es un gran logro, aún hay acciones pendientes y conquistas por lograr.

Hace un año la Corte Constitucional aprobó la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 24; se podría inferir que desde hace un año ya no nos persigue más el fantasma de ser criminalizadas por abortar, ¿es una realidad o una ley de papel?

La nueva jurisprudencia considera la IVE como esencial y de carácter urgente e incluye a todas las personas con capacidad biológica de quedar embarazadas, manda que el procedimiento debe garantizarse en todo el territorio nacional, sin importar la complejidad del centro médico implicado, y que es violencia de género coaccionar a la persona gestante en la toma de la decisión; sin embargo, las barreras para acceder a este servicio médico de manera segura persisten, continua la dilación en los trámites, que en muchos casos nos impide acceder a este derecho, y ni que decir de la estigmatización y los prejuicios a los que siguen siendo sometidas las mujeres que optan por la IVE.

En 2021, se practicaron 10.624 interrupciones del embarazo y en 2022, cuando ya era completamente legal, la cifra solo aumentó en 120 casos; lo que significa que, tras su despenalización hay un número similar de abortos, pero el número de muertes por esta causa se redujo ostensiblemente en un 45 por ciento, sino que el sistema como tal no tiene mecanismos de prevención y acción que eviten que se llegue algo tan nefasto como es un aborto, además en últimas es un asunto de salud que disminuye la mortalidad de las mujeres y la desprotección de la infancia.

No basta con la legalización de la IVE, se requiere que el Estado desde las diferencias instancias, por un lado quite todas las trabas que persisten y evitan que las mujeres accedan a este procedimiento, y por otro lado, erradicar la sanción moral social a la que siguen siendo sometidas las mujeres que optan por la interrupción del embarazo.