Carlos B. de La Picota, Bogotá
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, apareció uniformada y pregonando que la solución a todos los problemas de la ciudad es capturar y matar delincuentes o sospechosos de serlo, como si fueran una plaga que se debe exterminar o encerrar, y para ello aplicar limpieza social.
La Alcaldesa que proviene del Partido Verde desenfunda su retórica belicosa para sustentar su ataque a la propuesta de Reforma a la Política Criminal y Penitenciaria, que el actual Gobierno radicará en el Congreso en marzo próximo. En vista que la política criminal vigente ha sido un total fracaso, necesita una reforma urgente, para mejorar la situación inhumana en la que viven miles de personas hacinadas y violentadas en las cárceles.
Lo humano es reformar
La Alcaldesa estigmatiza el enfoque restaurativo, de resocialización y humanización del Proyecto de Reforma, negándose a las soluciones y derechos que implica la justicia restaurativa, que toma muy en serio la reparación del delito para las víctimas y nada tiene que ver con la impunidad, desconociendo que construir más cárceles y aumentar las penas ha sido un fracaso, pues está demostrado que los índices de violencia y reincidencia no disminuyen y que por el contrario se han incrementado de manera alarmante en los últimos años.
Se trata entonces de avanzar en el propósito de mejorar las condiciones de vida en las cárceles, con alternativas serias para acabar con la reincidencia, la impunidad, el hacinamiento carcelario y la sistemática violación de los derechos de la Población Privada de la Libertad. Los que estamos tras las rejas somos seres humanos, muchos condenados por un error, otros por pensar diferente y la inmensa mayoría por no tener alternativas de trabajo y oportunidades para vivir dignamente con nuestras familias.
Situación que Claudia López debe tener en cuenta, pero su ansiedad de ganar adeptos a través del populismo punitivo y pretender fortalecer sus futuras aspiraciones políticas, la hacen manifestar de manera profundamente egoísta, para con un gran sector de colombianos privados y privadas de la libertad y sus familias, víctimas también de la desigualdad social, el clasismo y el empobrecimiento, actores protagónicos de la solución de la tragedia humanitaria que se padece en las cárceles y penitenciarias del país, cuya tendencia es a empeorar y la solución no es para nada hacer más centros de reclusión y ampliar cupos.
¡El Estado necesita dar acertadas respuestas a una sociedad ávida de un mejor futuro colectivo! Pero con ideas retrógradas como las de la Alcaldesa, estamos lejos de un cambio para una mejor y transformadora sociedad.
El Gobierno de la capital
Muchos problemas tiene la Alcaldesa sin resolver en Bogotá la Alcaldesa para disminuir los índices de comisión de delitos; por ejemplo, ¿qué pasa con la inseguridad en Bogotá, que tanto visibilizan en los grandes medios de desinformación, dependiendo la coyuntura política?
En 2022 el hurto a personas se convirtió en el delito más común (77 por ciento); el atraco es la modalidad más empleada en este delito (41 por ciento); y el teléfono móvil es el objeto más hurtado (78 por ciento); de acuerdo con las estadísticas, el arma que más utilizaron los agresores fue el arma blanca (31 por ciento).
Los habitantes de Bogotá en el mandato de esta Alcaldesa registran la percepción de inseguridad más alta de los últimos seis años; mientras que en el 2016 ese indicador fue del 42 por ciento, para el 2021 se situó en 88 por ciento y en el 2020 llegó al 76 por ciento; según estadísticas del 15 de febrero de 2022.
La violencia y sus consecuencias, no tiene que ver con el trato a darles a la población privada de la libertad, lo que hace un análisis unilateral del problema, por mostrar solo una minúscula parte de un acumulado de problemas, tan grande como la misma capital colombiana.
