PACIFICACIÓN TOTAL
Damaris Izaguirre
El Presidente Petro ha tratado de hacer las del mago Kandú y con el sortilegio de la Paz Total dice acabar con el Conflicto Armado; sin embargo, los hechos están demostrando que esta es una pacificación que no resuelve los problemas estructurales que originan el conflicto.
La Paz Total supuestamente convierte la búsqueda de la paz en una política de Estado, por tanto contempla la negociación con grupos armados con status políticos como el ELN y el acogimiento a la justicia de bandas delincuenciales como el Clan de Golfo. El Gobierno a finales del año pasado sancionó la Ley 2272 –de Paz Total-, ‘la cual define la política de Estado, preservando y garantizando la seguridad humana, a través de la solución definitiva del Conflicto Armado en Colombia’.
La Paz Total equivocadamente trata de generalizar los actores armados y en ese contrasentido pretende realizar negociaciones y ceses multilaterales, obviando un principio fundamental del Derecho Internacional Humanitario y la resolución de conflictos, que consiste en la categorización y determinación de un grupo armado como contendiente, ya que este status denota planteamientos políticos que sustentan el alzamiento armado y justifican una negociación. Por el contrario, una banda criminal carece de interés político y sus acciones obedecen al beneficio y el lucro individual, lo cual cierra de plano la posibilidad de una solución política.
Un verdadero Proceso de Paz debe contemplar la solución política como único camino para la resolución del Conflicto Armado, por ende, no debe tener como único objetivo el silenciamiento de los fusiles y el posterior Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) de su contendor; su objetivo no debe ser otro que atacar las causas socioeconómicas y políticas que generan el Conflicto Armado, en otras palabras, desarrollar los cambios estructurales que gesten una sociedad con justicia y equidad social.
La Paz Total al parecer está concebida como un proyecto de pacificación, que por un lado busca el DDR de la guerrilla para facilitar la incursión de las multinacionales, y por otro lado le hace un lavado de cara a las bandas criminales.
Desarrollar la paz en nuestro país implica cambiar la Doctrina de Seguridad y deslindarse por completo de la Guerra perpetua que ordena el Tío Sam, lo cual implica tener una política antidrogas propia que se centre en los eslabones representativos del narcotráfico; además implica instaurar un modelo de Solución Política que tenga como pilar subsanar las causas socioeconómicas que dieron origen al Conflicto Social Armado.