Himelda Ascanio
Michel Forst Relator Especial de las Naciones Unidas en su visita en 2019 concluyó, “Colombia sigue siendo el país con el mayor índice de asesinatos de personas Defensoras de Derechos Humanos (DDHH) en América Latina, con un alto índice de amenazas, ataques, desplazamientos y otras violaciones”.
La Guerra contrainsurgente impuesta por las doctrinas del Pentágono reacomoda las mafias políticas, empresariales, fuerzas militares y grupos narcoparamilitares, perpetuando un Genocidio contra sectores sociales y políticos organizados para la defensa de la vida, la permanencia en el territorio y en contra de planes agroindustriales y extractivistas [1]. Esta política de exterminio ahoga la esperanza del Cambio en el baño de sangre de los 172 líderes y lideresas asesinados durante el presente año.
Después de la llegada al Gobierno de Gustavo Petro, han asesinado 69 líderes sociales y 40 excombatientes, además perpetraron 92 masacres que dejan 346 víctimas fatales. Desde la firma del Acuerdo de Paz van 1407 líderes y lideresas y 348 excombatientes asesinados.
Los sectores étnicos y campesinos son los más victimizados, seguidos por lideres comunales, políticos, sindicalistas y defensores LGBTI; la combinación de roles de liderazgo genera mayor vulnerabilidad y concentra diversos factores de riesgo. Hay un incremento de ataques contra mujeres lideresas y defensoras que conlleva violencias específicas de género y la intencionalidad de afectar su entorno familiar.
Este año culmina con 70.267 víctimas de desplazamiento forzado. Colombia continúa en el tercer puesto de países con el mayor número de desplazados internos del mundo con 5,2 millones, antecedido por Siria con 6,7 y República Democrática del Congo con 5,3 millones según el Informe del Observatorio de los Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés) y del Centro Noruego para los Refugiados (NRC).
Planes para vaciar los territorios
La tragedia humanitaria es producto de la continuidad de las estrategias del Poder dominante que se mantiene intacto. Es legado de la imposición del “Plan Nacional de Desarrollo” del anterior Gobierno, que a través de la Ley 1941 en 2018 creo las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (Zeii), con el fin de controlar, desalojar y expropiar a las comunidades de los recursos naturales, ya sean para la minería, megaproyectos o agronegocios.
En el caso de Antioquia explotan el 43 por ciento del oro del todo el país. A partir de 2019 de las más de 848 mil Ha que tiene el Bajo Cauca; el 52 por ciento está destinada para la ganadería y 43 por ciento fueron tituladas o solicitadas para minería por la multinacional GCM Mining Corp. anteriormente Gran Colombia Gold y Mineros S.A. quien posee un Título Minero a perpetuidad, solo el 0,6 por ciento tienen cultivos de uso ilícito, la mayoría de campesinos ingresaron al programa de sustitución integral y voluntaria incumplido por el anterior Gobierno [2].
En la ecoregión estratégica de la Serranía de San Lucas en el sur de Bolívar, más de 37 mil mineros artesanales subsisten de la extracción de oro y llevan años solicitando la adjudicación de Títulos Mineros Colectivos, sin embargo en 2004 fue a la multinacional Anglogold Ashanti a quién le otorgaron Títulos de Exploración de Oro en 175 mil Ha. Estudios del Observatorio Integral de Magdalena Medio revelan que la reserva de oro se extiende en 1,5 millones de Ha y es considerada la mina más grande de América Latina [3].
En el Cauca los gobiernos han otorgado 241 Títulos en 350 mil Ha que comprende el 10 por ciento de su territorio para explotación minera en su mayoría a la AngloGold Ashanti, además hay en trámite la entrega de otros 652 Títulos en 1’116.000 Ha, lo que representa el 50 por ciento del departamento [4]. En la Consulta Popular de diciembre de 2021 el 99 por ciento de los pobladores de los municipios que conforman el Macizo Colombiano en Nariño y Cauca rechazaron la imposición de la minería.
Estas zonas concentran una alta militarización con las Fuerzas de Tarea Conjuntas y los Comandos Conjuntos que cuentan con la asesoría directa de las Brigada de Asistencia Fuerzas de Seguridad (Sfab) del Comando Sur de EE.UU, que a su vez priorizan la propagación y expansión de los grupos narcoparmilitares y los ejércitos privados de las empresas.
Se desvanecen las promesas del cambio
Las expectativas para superar la crisis humanitaria producto de la violación sistemática de los Derechos Humanos se desvanecen, el Gobierno de Gustavo Petro sostiene decisiones del viejo régimen de seguir militarizando los territorios. Aún no hay desarrollo de las propuestas hechas desde las comunidades para implementar medidas de seguridad colectiva que resguarden su vida y garanticen la permanencia en el territorio.
A su vez, el Gobierno ratifica y aumenta la cooperación con un presupuesto superior a los 487,3 millones de dólares aprobado mediante la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA) y la Ley de Apropiaciones de los Estados Unidos; sin embargo, se sostienen los lineamentos de Doctrina de la Seguridad Nacional, elaborada y refinada por el Departamento de Estado y el Pentágono, cuyo eje es la guerra contra un “Enemigo Interno”, refiriéndose a los sectores populares que defienden los Derechos de los pueblos y rechazan la injerencia de otros Gobiernos en los asuntos nacionales. En pocas palabras continua la estrategia de la zanahoria y el garrote.
Asesinados esta semana
Oscar Baena era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Desierto, corregimiento de Puerto Umbria, Villagarzón, Putumayo. Fue asesinado el 29 de diciembre.
Oscar Rodríguez Tovar era presidente de Astracaval y concejal del municipio de Linares. Fue asesinado el 29 de diciembre.
Jhon Janer Velazco era firmante del acuerdo de paz. Fue asesinado el 25 de diciembre en el municipio de Corinto.
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[1] “En Colombia hay un clima de intimidación sistémica a los líderes sociales”: Ciedh. El Espectador, 09-06-2022.
[2] Segregación y vaciamiento: una estrategia para ordenar y explotar el Bajo Cauca. CPI, agosto- 2020.
[3] Serranía de San Lucas Gold Mining, Colombia. EJAtlas, 08-04-2014.
[4] Macizo colombiano, entre la explotación y la destrucción. La Cola de la Rata, 21-07-2014.
