Fabián Gómez

Pese a las expectativas de paz creadas por el Gobierno progresista al finalizar el 2022, a lo largo y ancho del territorio nacional persisten las operaciones y campañas que desarrollan la Guerra Total, que soporta el país desde hace más de 7 décadas.

Con la llegada del Gobierno progresista se creó la expectativa de cambiar la Doctrina de Seguridad Nacional impuesta por EEUU desde 1947, por la Doctrina de Seguridad Humana, a la vez que el propio Presidente Petro ha sostenido que la fracasada Guerra contra las drogas exige encontrarle un reemplazo, anuncios importantes que cuentan con poderosos obstáculos para ser llevados a cabo, según se pudo apreciar transcurridos los primeros cinco meses del nuevo Gobierno.

Guerras heredadas e impuestas

A Colombia la metieron en la Guerra Fría (1946-1991) tras el asesinato del líder liberal socialista Jorge Eliécer Gaitán en 1948, perpetrado por la CIA, que lo veía como una “amenaza comunista” si llegaba a la Presidencia; con el patrocinio del Gobierno de Estados Unidos bombardearon con Napalm a la Guerrilla liberal surgida en rechazo a este magnicidio, luego de desmovilizada esta insurgencia, en 1962 para profundizar la Guerra contra el fantasma del Socialismo, oficiales gringos asesoraron la creación de grupos paramilitares para “realizar acciones terroristas”, contra quien se opusiera al régimen oligárquico subordinado a los intereses de EEUU.

En 1972 Nixon decretó la Guerra contra las drogas y sumisamente las clases dominantes en Colombia iniciaron a perseguir bandas de traficantes de marihuana primero y luego de cocaína, hasta que estas corrompieron a militares y policías, sumergiéndolos en una doble crisis, porque no solo no defienden el interés nacional al servir a planes de EEUU, sino que ahora sirven a la minoría de nuevos ricos que hegemonizan el régimen colombiano.

Para completar la tragedia nacional a la élite dominante se le ocurrió la ‘brillante idea’ de integrar a Colombia a la Otan, la mayor alianza de guerra existente en el mundo, ingreso que comenzó por hacer ejercicios de interoperatividad con las tropas de operaciones de esos países, hasta llegar este 2022 al envío de un Batallón colombiano a la Guerra de Ucrania.

La expansión de la Otan en América Latina

Desde hace 13 años las Bases Militares colombianas sirven de Puesto de Operaciones Adelantado para las tropas del Comando Sur de EEUU, las cuales están creciendo en número al destinar el Parque Natural Nacional de Isla Gorgona en el Pacífico, a ser una nueva Base para la Marina de Guerra estadounidense.

Las operaciones de las Brigadas estadounidenses de Asistencia Militar (Sfab, por sus siglas en inglés) que están en Colombia desde hace dos años, para el plan contrainsurgente de consolidación aplicado a las Zonas Futuro, lo están mutando hacia tener una supuesta presentación ecológica, como la que inventaron hace 3 meses para “salvar la Amazonía”, camuflaje peligroso para Suramérica que siempre ha rechazado que potencias extranjeras injieran en la Amazonía, bajo el pretexto de cuidarla para el bien de la humanidad.

Ahora que el Gobierno progresista regulariza y mejora la relación con las naciones vecinas, se aleja el escenario de una Guerra entre Estados, lo que hace indefendible invertir casi 20 billones de Pesos en comprar aviones de Guerra a los franceses, sobre todo en esta coyuntura en que las finanzas del país están en quiebra, asfixiadas por el pago de la Deuda Externa, del enorme gasto burocrático y para la Guerra. La única explicación para hacer este gasto suntuario es que obedece a los planes de Guerra de la Otan en este continente, que contradicen abiertamente el propósito de la Celac de ‘hacer de América Latina y el Caribe una zona de paz’.

Prosigue el reordenamiento violento del territorio

Bajo la máscara de la Guerra contra las drogas centenares de miles de hectáreas de bosque tropical siguen siendo destruidos en una deforestación imparable, presionada por la represión a los cultivadores de coca que al ser desplazados de un territorio migran hacia otro, quedando aquellos terrenos vacíos de población y a disposición de los megaproyectos mineros y de agronegocios de las empresas multinacionales.

En esta operación de privatización de baldíos, despojo y destrucción del tejido social comunitario siguen en colusión las Fuerzas Armadas (FFAA) y las distintas mafias y bandas que se desarrollan alrededor del narcotráfico. Pese a que el nuevo Gobierno ha depurado parte de la cúpula de las FFAA, la oficialidad inferior y media que está al frente de las operaciones en los territorio sigue intacta y desarrollando las tradicionales operaciones de Guerra híbrida, por medio de operaciones encubiertas de Guerra sucia y para lucro individual derivado de su alianza con las mafias.

Tales operaciones y campañas de Guerra contra el Enemigo Interno, siguen dejando centenares de líderes sociales y excombatientes asesinados, además de miles de desplazados, junto a un elevado número de masacres, que hace del 2022 el año más letal para los Defensores de Derechos Humanos en Colombia; crisis humanitaria que creció exageradamente, pese a que el progresismo llegó al Gobierno en agosto pasado.

Zonas críticas de Guerra

Es tan frágil la máscara de la Guerra contra las drogas, que las operaciones contrainsurgentes desarrolladas por la Octava División del Ejército en Arauca, las hace en un departamento en que las organizaciones sociales erradicaron autónomamente la coca hace más de una década y además se opusieron a las bandas que usando el nombre de las otrora Farc, intentaron promover la siembra de la coca en los últimos años; bandas que se ensañaron contra los líderes sociales, pero que a lo largo del 2022 han sido duramente golpeadas por las fuerzas guerrilleras del ELN.

Un teatro de operaciones semejante presenta el departamento del Chocó, donde los cultivos de coca son mínimos, pero lo que está en disputa son sus inmensos recursos mineros. Idéntica situación presenta el Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia, junto al Sur de Bolívar, donde los cultivos de coca son mínimos, pero los militares y bandas mafiosas agreden las comunidades, para hacerles vender a menosprecio los Títulos Mineros comunitarios a testaferros de las transnacionales mineras y carteles mafiosos.

Zonas como el Catatumbo, Nariño y Cauca son las de mayor cultivo de coca, pero a su vez son los grandes puertos de exportación de la cocaína, monopolizados por Carteles de narcotraficantes aliados de la Agencia antidrogas de EEUU (DEA); es conocido que el 80 por ciento de la cocaína que consumen en EEUU se exporta por el Pacífico, por ello hasta Generales de 4 Estrellas y comandantes de guarniciones militares en el Bajo Calima, Bahía Málaga y Buenaventura han sido pillados este 2022 ‘con las manos en la masa’ comandando las bandas mafiosas.

Este 2022 se hizo famosa la expresión ‘mafiosos capturando a mafiosos’, para referirse a supuestas detenciones o entregas de grandes capos, como Otoniel del Clan del Golfo que terminó extraditado  a los EEUU, y el más trágicamente célebre alias Matamba, cuya fuga de la cárcel fue organizada por las mismas FFAA, para  semanas más tarde asesinarlo, en una clásica operación de ‘borrado de huellas’ con la que evitaron que delatara a los oficiales que lo comandaron en sus actividades criminales.

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