VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO RECHAZAN EL NEGACIONISMO

Himelda Ascanio

“Las víctimas persisten la exigencia de sus derechos y denuncian la estrategia de negacionismo estatal impulsada por sectores enemigos de la paz, que han intentado borrar la memoria de los Crímenes de Estado, a través del uso político descarado del Centro Nacional de Memoria Histórica”: Movice [1].

En 1946 la represión se extendió y se agudizó con el triunfo de Mariano Ospina Pérez quien conformó un grupo de policía departamental popularmente llamada Chulavita, encargada de asesinar campesinos simpatizantes de Gaitán con el fin de mantener la división partidista y azuzar el odio entre el pueblo [2].

El exterminio sistemático por parte del Estado de los miembros del Movimiento Gaitanista, al igual que el magnicidio del líder popular Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 son un antecedente histórico de los crímenes de Estado. La lucha continua de las víctimas de la violencia de Estado logró que el 9 de abril fuera declarado como el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado [3].

En Colombia rige un Narcoestado Genocida

El sacerdote Jesuita y Defensor de Derechos Humanos (DDHH) Javier Giraldo afirma que “el Estado colombiano es un Estado Genocida, que muta sus prácticas de acuerdo a las realidades del país, es la experiencia de una gran cantidad de movimientos, sectores sociales y organizaciones que se han comprometido en la defensa de la vida y que han sido sometidas al Genocidio, a un exterminio muy cruel” [4].

Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 han asesinado más de 1.155 líderes sociales, más de 162 excombatientes y perpetrado 188 masacres [5]; paradójicamente estos crímenes sistemáticos ocurren en regiones altamente militarizadas, y con presencia de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (Sfab, por sus siglas en inglés) enviada por Estados Unidos.

En el marco de la conmemoración del 9 de abril la Organización Indígena Nacional de Colombia (Onic), advierte que durante el actual Gobierno el pueblo indígena es víctima de un Etnocidio que deja 60.061 agresiones, 298 asesinatos, 60 secuestros, 16.990 personas desplazadas y 2.000 amenazas de muerte.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) afirma que “asistimos a una política sistemática adversa a la verdad, que promueve el negacionismo de Estado y perpetúa la impunidad, por medio de prácticas de censura emprendidas por gremios, Partidos Políticos, grupos empresariales hegemónicos y militares, contra las acciones de memoria y denuncia del movimiento de DDHH, estigmatización, ocultamiento y encubrimiento de responsabilidades, la imposición de una verdad oficial, encaminada a negar las víctimas de la violencia estatal y enaltecer el rol militar como víctimas y héroes” [6].

Esta semana la Procuradora Margarita Cabello subvirtiendo su deber constitucional, le pidió a la Corte Constitucional no establecer las ‘Curules de Paz’ para las víctimas del Conflicto Armado en el Congreso de la República [7].

Víctimas todos los días

Juan Martínez García dirigente campesino y directivo de Comunidades Construyendo Paz en Colombia (Conpazcol), denunció persecución por empresarios que quieren despojar a 20 familias de la vereda las Nubes en Barranquilla, de unos predios concedidos hace más de 35 años por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Fernando Esneider Lozada Franco era Guardia indígena del Resguardo Tacueyó en Toribío y del esquema de seguridad del Proyecto Nasa, fue asesinado el 4 de abril en El Nilo en Caloto, Cauca.

El 4 de abril en Puerto Cachicamo, Guaviare, el Ejército disparó contra dos jóvenes de 17 años, Iván Andrés Orrego Torres quien resultó gravemente herido y José Fernando Uni Vargas quien fue asesinado al instante; sus familiares denuncian que el Ejército está montando un Falso Positivo para presentarlos como “guerrilleros dados de baja en combate”, cuando los menores se dedicaban a trabajar en el campo.

Arlex Albeiro Hoyos Zapata fundador de la Asociación de Campesinos del Norte de Antioquia (Ascna) y miembro de la organización defensora de DDHH Proceso Social de Garantías (PSG), el 5 de abril fue asesinado en Anorí, Antioquia.

José Rodvel Collazos Yule representante legal del Resguardo indígena Nasa Kite Kiwe y rector del Centro Educativo Elías Trochez de Timbío, Cauca, el 6 de abril sufrió un atentado del que salió ileso. 

Rafael Domicó Carupia de 63 años, líder ancestral, médico tradicional y artista del pueblo indígena Embera Eyábida, fue asesinado el 6 de abril en presencia de su familia en la comunidad Amparradó Popalito en Dabeiba, Antioquia.

El 7 de abril en la vereda El Cascabel del corregimiento Mondomo en Santander de Quilichao, Cauca, narcoparamilitares perpetraron una masacre que dejó 4 víctimas fatales, Duber Antonio Enríquez Gaviria, Alirio Enríquez Gaviria, Mario Herney Gómez y Wilmar Javier Pardo Polanco, mientras Jaider Enríquez y Johan Enríquez Navia quedaron heridos. 

José Riascos era líder comunitario en el corregimiento Arusí en Nuquí, Chocó, fue asesinado el 8 de abril a 40 minutos del casco urbano de Nuquí. 

Margarito Salas era guía comunitario del grupo turístico de La Batea, fue asesinado el 8 de abril en Nuquí, Chocó.

El 10 de abril en Samaniego, Nariño, los narcoparamilitares perpetraron una masacre que deja 4 víctimas fatales sin identificar. 

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[1 y 6] Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas: Las víctimas de crímenes de Estado exigimos no más Negacionismo. Movice, 9-04-2021.

[2] El Genocidio al Movimiento Gaitanista. El Espectador, 8-04-2011.

[3] Ley 1448 del 2011, República de Colombia.

[4] Intervención del Padre Javier Giraldo sobre el Genocidio Político en Colombia. TPP, 28-01-2021.

[5] Datos de Indepaz y el Equipo Investigativo de la Revista Insurrección, a corte del 9-04-2021.

[7] Procuraduría se declaró en contra de revivir las ‘curules de paz’ en el Congreso. RCN Radio, 8-04-2021.