RECLAMAR DERECHOS ES DELITO, “TRAFICAR ARMAS ES LEGAL”
Por: Himelda Ascanio
Sin pruebas concluyentes fueron llevados a las cárceles cientos de jóvenes que participaron del estallido social del año anterior; sin embargo, vemos que esa misma “justicia” no opera contra miembros activos de las Fuerzas Armadas que operan en colusión con el narcotráfico.
El 25 de octubre la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de Ley 418 de Orden Público, que otorga facultades al Presidente Gustavo Petro para la implementación de la política de Paz Total; en el transcurso del debate con la mayoría de votos -142 a 20- eliminaron los artículos 16 y 17 que hacían referencia a los indultos para manifestantes del Paro Nacional.
La bancada del Pacto Histórico añadió una preposición al Proyecto de Ley que crea disposiciones transitorias de indulto y amnistía por única vez en relación con la protesta social desde 2019 hasta 2021; la cual dispone “el Presidente de la República podrá designar como promotores de paz, convivencia y participación ciudadana a personas que se encuentran privadas de la libertad por conductas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta social” [1].
Con el Proyecto se busca materializar el trabajo adelantado por la Comisión Accidental del Senado, cuyo propósito es brindar garantías judiciales y de Derechos Humanos a manifestantes, desde el 28 de abril hasta el 3 de junio de 2021 se registraron 12.288 actos de protesta, y en este marco se demostró la ilegalidad de 89 capturas realizadas por la Policía Nacional; en Bogotá fueron capturadas 271 personas con fines judiciales.
La Corte Suprema de Justicia falló una tutela donde dejó claro que las detenciones en las protestas se usaban como mecanismo de represión hacia los manifestantes, y se complementa con el Informe de Naciones Unidas en el que califica de excesivo acusar a jóvenes de terrorismo cuando ni siquiera se ha comprobado la comisión de delitos [2].
La Corporación Primera Línea Jurídica de Colombia ha logrado la libertad de varios integrantes de la Primera Línea, demostrando que las pruebas presentadas por la Fiscalía son amañadas e infundadas que en nada comprometen a los jóvenes en los delitos acusados; agrega que los jóvenes y sus familias son víctimas de linchamiento mediático como parte de la estrategia del gobierno anterior en asocio con las empresas de comunicación catalogándolos de pertenecer a grupos terroristas y además constantemente les viola el derecho a la presunción de inocencia [3].
Esta semana realizaron dos plantones en Bogotá donde exigían la libertad para los integrantes de la Primera Línea; en ambos casos los manifestantes fueron reprimidos por el Esmad, registraron infiltración a las manifestaciones por miembros de la Policía, hubo capturas ilegales y obstruyeron el trabajo de la prensa independiente.
La otra cara de la justicia
El Teniente Coronel (TC) Jorge Esteban Bautista López tiene 22 años vinculado al Ejército, actualmente es integrante del Comando de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército con sede en Cali, fue capturado el 26 de octubre en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá con 55 cargadores para pistola, 7 adaptadores tipo fusil para pistola y 4 miras para pistola procedente de Miami, Estados Unidos con destino a Cali [4].
El TC traficante de armas perteneció a la Fuerza de Tarea Quirón que opera en Arauca adscrita a la Octava División, se desempeñó como oficial de Logística, oficial de Seguridad del Hospital Militar y miembro del Estado Mayor mientras estuvo en la jefatura de operaciones del Ejército; es Administrador de Empresas y tiene una maestría en seguridad y defensa nacional. Con todo el material probatorio que se le incautó pudo ser imputado por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones, sin embargo, fue dejado en libertad y solo tendrá presentaciones mensuales.
Es de recordar que Cali fue el epicentro de las manifestaciones en 2021 contra el Gobierno de Iván Duque, allí se cometieron cientos de crímenes de Lesa Humanidad y de Guerra y dejó en evidencia la modalidad del paramilitarismo urbano en colusión de las Fuerzas Armadas y civiles para reprimir y asesinar manifestantes, crímenes que siguen en impunidad.
Víctimas de persecución y asesinato
Yazmín Romero Epiayú lideresa del Pueblo Indígena Wayú denunció que el 25 de octubre recibió amenazas de muerte; su lucha se enfoca en la defensa de los derechos de la niñez, la denuncia contra Carbones Colombianos del Cerrejón por los daños ambientales causados, rechaza los proyectos de desviación del río Ranchería y del arroyo Bruno y denunció el entramado de corrupción en el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), para la atención de los territorios étnicos de La Guajira.
Aida Quilcué, Senadora por la circunscripción especial indígena denunció que el 29 de octubre mientras realizaba un recorrido por las zonas de Guadualejo, Puerto Valencia y Tierradentro del departamento del Cauca, fue víctima de un atentado del que salió ilesa.
José Libardo Samboní Vargas de 60 años, era docente de la Institución Educativa Rufino Quichoya y miembro de la Asociación de Institutores del Caquetá (Aica), fue asesinado el 21 de octubre en la vereda Manzanares en El Doncello, Caquetá.
Ricardo Antonio Valderrama era integrante de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda El Bosque, fue secuestrado por narcoparamilitares el 17 de octubre y cinco días después lo encontraron muerto con signos de tortura en la vía hacia el casco urbano de Ituango, Antioquia.
Adelmo Balanta era miembro del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cauca y Microcuenca Teta Mazamorrero, fue asesinado el 27 de octubre en el corregimiento La Timba del municipio de Buenos Aires, Cauca.
Yeimi Chocué, era Tesorera del Resguardo Indígena El Chimborazo en Morales, Cauca; el 27 de octubre en el interior de su vivienda hallaron su cuerpo sin vida con signos de asfixia mecánica.
Jonás Carabalí presidente del Consejo Comunitario Nuevo Amanecer y Faustino Carabalí también líder de este Consejo, fueron asesinados el 30 de octubre en el corregimiento Jardines de Sucumbíos, Ipiales, Nariño.
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[1] ¿Por qué el Pacto Histórico busca indulto y amnistía para la Primera Línea? Cambio, 25-10-2022.
[2] Intervención de Juliette De Rivero en Audiencia Pública de la Comisión para la Verificación de Garantías y DDHH de personas capturadas en el marco de la protesta, de la Cámara de Representantes. ONU noticias, 26-09-2021.
[3]Dos jóvenes de la Primera Línea: un año y medio detenidos, absueltos por falta de pruebas. El País, 28-10-2022.
[4] ¿Quién es el coronel que detuvieron con armas en el Aeropuerto El Dorado? El Espectador, 26-10-2022.