DIGNIFICACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA
Himelda Ascanio
En Colombia se registran 200.000 seres humanos víctimas de Desaparición Forzada de los cuales 12.261 son mujeres. Este Crimen de Lesa Humanidad ha sido usado por el régimen como instrumento de terror para desarticular procesos organizativos y vaciar territorios.
La Fundación Nydia Erika Bautista y siete organizaciones de víctimas de desaparición forzada de diferentes regiones del país y Congresistas del Pacto Histórico este 19 de octubre radicaron en el Senado de la República el proyecto de Ley de Protección a las Mujeres y Familiares Buscadores, para garantizar integralmente sus derechos, su aporte a la verdad, entre otros [1].
El Proyecto surgió cuando elaboraron las 15 peticiones que fueron entregadas a la Comisión de la Verdad, entre las que se encuentran declarar el Estado de Cosas Inconstitucional frente al deber de búsqueda del Estado, crear una nueva Ley de Víctimas, reparación colectiva para los pueblos étnicos, las víctimas como centro del proceso y desclasificar archivos militares para conocer la verdad sobre el paradero de sus familiares [2].
Las Organizaciones buscan que se generen políticas de Estado permanentes para la erradicación de la Desaparición Forzada pues el 90 por ciento de estos crímenes no han sido investigados y solo una de cada cien de las investigaciones tiene sentencia. Es indispensable superar la impunidad y el encubrimiento como herramienta sistemática empleada por el Estado.
Logros de las organizaciones de víctimas
La Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de septiembre enfatizó que “reconoce la labor de las Mujeres Buscadoras víctimas de estigmas, violencia y discriminación asociados a roles de género y que se ven perjudicadas de manera diferencial a nivel económico, social y psicológico”. Esta declaración hizo parte del fallo donde se condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla, sindicalista y militante del Partido Comunista de Colombia – Marxista Leninista (PCC-ML), ocurrida el 13 de mayo de 1993 en el suroccidente de Bogotá [3].
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en agosto de 2018 solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la protección y preservación de lugares del territorio nacional en donde habría cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el marco del Conflicto Armado; en agosto de 2020 la JEP otorgó medidas cautelares a 17 lugares: Medellín, Tarazá, Ituango, Dabeiba, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Nechí, Peque, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, Buriticá, Betulia y Puerto Berrío (Antioquia), La Victoria, Riosucio, La Dorada, Samaná y Norcasia (Caldas), Lebrija, San Vicente de Chucurí y Cimitarra (Santander), Aguachica (Cesar) y Sincelejo, Corozal, San Marcos y San Onofre (Sucre) [4].
La JEP ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al futuro concesionario del megaproyecto del Canal del Dique, la adopción de protocolos técnicos encaminados a asegurar la búsqueda, recuperación, identificación y entrega digna a sus familiares de los más de 9.600 seres humanos desaparecidos a lo largo del cuerpo de agua; además, estableció que las gobernaciones del Atlántico, Bolívar y Sucre y 19 alcaldías de estos Departamentos construyan un espacio de memoria en torno al Canal del Dique [5].
Los perseguidos y asesinados de esta semana
Luz Marina Giraldo es Excombatiente y dirigente del Partido Comunes. El 17 de octubre fue víctima de un atentado en Villavicencio del que salió ilesa, el 24 de octubre de 2019 su compañero sentimental Alexander Parra había sido asesinado en el ETCR de Mesetas, Meta.
José Alberto Tejada, Representante a la Cámara del Pacto Histórico por el Valle del Cauca, denunció que el 23 de octubre un escolta de su esquema de seguridad resultó lesionado producto de un ataque que hombres armados le propiciaron, además alertó que su equipo de trabajo y del Canal Dos de Cali en el que laboró como periodista, han recibido sistemáticamente amenazas de muerte y seguimientos.
Álvaro Bailarín Sapia era Gobernador del Resguardo Valle de Pérdidas del pueblo Embera Eyábida, el 14 de octubre recibió un ataque con arma de fuego en el barrio 20 de Julio de Urrao, Antioquia. Al día siguiente murió producto de la gravedad de las heridas.
Gildardo Alonso Ríos era Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Primavera, Fortul; fue asesinado el 21 de octubre en el sector Agua Viva en la vía de Tame a Fortul, Arauca.
Sócrates Sevillano era Expresidente de la JAC de la vereda El Mirador de Orito, Putumayo. Fue asesinado junto a su esposa Cielo Rújeles el 22 de octubre en esa localidad.
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[1] Radican Proyecto de Ley para proteger a las Personas Buscadoras. Pares, 19-10-2022.
[2] Las 15 peticiones de víctimas de desaparición forzada a la Comisión de la Verdad. El Espectador, 11-06-2022.
[3] Corte Interamericana condena al Estado colombiano por la desaparición forzada de Pedro Movilla y reconoce las cargas diferenciadas que sufren las mujeres buscadoras. Cajar, 16-09-2022.
[4] Así avanzan las medidas de la JEP para proteger lugares donde habría desaparecidos. El Espectador, 18-10-2022.
[5] ¿Qué se sabe de los más de 9.600 desaparecidos en el Canal del Dique? Cambio, 18-10-2022.