NO ES SUFICIENTE EL ACUERDO DE ESCAZÚ
Alfonso Pérez
Colombia es el segundo país más peligroso del mundo para las personas defensoras del medioambiente; la ratificación del Acuerdo de Escazú es un aliciente pero a su vez se requiere una política de Estado sólida que proteja los territorios de la expoliación de los bienes naturales.
El pasado 10 de octubre el Congreso ratificó la adhesión de Colombia al Acuerdo de Escazú, el cual tiene por objeto el libre acceso a la información, la participación y la justicia ambiental, además brinda garantías jurídicas y de seguridad a los defensores ambientales.
Es válido aclarar que en términos de acceso a la información en Colombia no crea ningún precedente pues actualmente nuestro país cuenta con recursos legales como la Acción Popular, el Derecho de Petición, la Consulta Previa, entre otros, instrumentos que permiten a las comunidades exigir mecanismos de protección, como declarar biomas sujetos de derecho y oponerse abiertamente a proyectos extractivistas y de infraestructura.
El Acuerdo de Escazú deja a un lado el derecho sustancial a la vida en conexión con la calidad ambiental, además su narrativa oculta o aplaza debates fundamentales y deja dudas y paradojas en varios temas, lo cual suscita suspicacias y genera desconfianza en algunos sectores ambientalistas.
La principal paradoja del Acuerdo está en la definición de la justicia y de la protección a los defensores de Derechos Humanos en asuntos ambientales, los artículos 8 y 9 definen la justicia y la protección en términos de reaccionar cuando los derechos ya han sido violados, cuando ya se hayan tomado decisiones con impacto adverso sobre el medioambiente, en otras palabras, no es preventiva sino restaurativa; lo cual es contrario al concepto de las comunidades y las organizaciones ambientalistas, que comprenden la justicia ambiental en términos de la defensa de la vida en los territorios y buscan alternativas al extractivismo.
El exterminio sistemático de ambientalistas no se da por la ausencia de acuerdos que faciliten el acceso a información, sino por la connivencia entre el Estado y las multinacionales para que estas a toda costa tengan dominio de los territorios, y puedan expoliar libremente los bienes naturales.
Resulta más que evidente que el Acuerdo de Escazú no fue creado para transformar el modelo extractivista que azota las comunidades violentamente y destruye el planeta por la ambición capitalista, por ende es válido preguntar, ¿este Acuerdo detendrá el asesinato de ambientalistas y protegerá el medioambiente del capitalismo salvaje?