NO MÁS BOTA MILITAR EN LAS CÁRCELES
Colectivo de Prisioneros Políticos Rafael Lumbana Cabrera de Palo Gordo, Girón
La Doctrina de Seguridad de combatir el Enemigo Interno reproduce una mentalidad guerrerista sin un mínimo respeto por la vida, que garantice espacios resocializadores y la dignidad humana de la Población Privada de la Libertad (PPL), lo que genera la crisis carcelaria que tratan de encubrir.
Hasta ahora oficiales retirados de las Fuerzas Armadas (FFAA) han estado al frente del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), cargo que ejercen con mentalidad de Guerra, odio, señalamiento, exclusión y tortura; difícilmente pueden presentar y realizar proyectos alternativos que contribuyan con una resocialización verdadera y buen trato, pues actúan con voz de mando militar, que desconoce las problemáticas reales de los penales y piensan que las necesidades se resuelven desde un escritorio o militarmente con represalias.
En varios momentos la PPL ha rechazado el nombramiento de militares al frente del Inpec, porque los internos necesitamos administradores que conozcan y se integren con la población carcelaria y viabilicen otras condiciones de vida, realicen proyectos de vida y no de Guerra, dado que la responsabilidad de custodia de las PPL debe ser asumida por profesionales en relaciones sociales y humanas, para que sean constructores de paz y progreso que ayuden a resolver la gigantesca crisis carcelaria.
Si el Presidente Gustavo Petro se ha propuesto la Paz Total, las cárceles no deben ser la excepción, no pueden seguir siendo tratadas como un campo de batalla y de venganzas, donde reclamar los derechos trae como consecuencia un ataque, con mayor intensidad contra los Presos Políticos, retaliaciones que significan traslados intempestivos, persecución y señalamientos que vulneran el derecho a la vida; tales traslados como método represivo lo sufren con mayor rigor nuestras familias, al exponerlas al desarraigo y pérdida del núcleo familiar fundamental para la vida.
La militarización del Inpec es histórica puesto que gran parte de los Directores que asumen estos cargos son oficiales retirados de las FFAA, lo que genera un interrogante: ¿por qué abandonan la carrera militar para pasar a la dirección de una cárcel con miles de demandas, tutelas de violación a los Derechos Humanos y mafias enquistadas en los penales?
Sucede una amarga realidad desconocida por muchos colombianos, que la PPL nos hemos convertido en un negocio muy lucrativo para los administradores carcelarios, teniendo en cuenta el alto índice de corrupción al interior de todos los establecimientos penitenciarios, que los ha convertido en verdaderas antros de semiesclavitud, narcotráfico, extorsión, tortura, trata de personas y demás delitos, porque los carceleros coludidos con las bandas criminales les cobran un millonario peaje que les reportan jugosas ganancias.
¿Qué hace un Director militar ante esta criminalidad creciente?, la encubre y reprime a quienes la denunciamos y exigimos que cambie este Estado de Cosas Inconstitucional, como lo han tipificado las Altas Cortes; para terminar esta tragedia es necesario sacar la bota militar de las cárceles, como un paso para erradicar de allí la corrupción desbordada que asfixia todos los penales del país.
Se requieren Directores con la formación necesaria para el manejo de estos espacios con tan múltiples y diversas problemáticas, físicas, psicológicas, que le den prioridad al ser humano como tal, independientemente de las causas que lo conllevaron a estar entre rejas, solo así podrían jugar un papel más humano donde se respeten y garanticen los derechos fundamentales.
Lo que predomina hasta ahora son los militares, policías y guardianes civiles que se ufanan de ser abogados, pero que en su ejercicio como carceleros lucen más el quepis que la toga, en consecuencia no basta con nombrar funcionarios civiles, si la política penitenciaria sigue viendo al preso como un enemigo al que hay que degradar y liquidar sin compasión.
Alzamos una vez más nuestra voz de rechazo ante el nuevo Gobierno, para que termine la militarización de las cárceles, cambie el perfil profesional para decidir estos nombramientos, y extraiga lecciones sobre los factores que llevaron a las cárceles a caer tan bajo en su misión de resocialización.
Es necesario que sea con la PPL con quienes se debe hacer en directo estos ejercicios de evaluación y reformulación de la Política Pública Penitenciaria, destinada a que no se permita más la corrupción, la impunidad y las injusticias, tragedia ocultada para la mayor parte de la sociedad, con el fin perverso de perpetuar el infierno entre rejas que sufren más de cien mil colombianos.