¡TIERRA, TIERRA!, DESPOJADA A SANGRE Y FUEGO

¡TIERRA, TIERRA!, DESPOJADA A SANGRE Y FUEGO

Himelda Ascanio

Uribe la semana pasada sentenció, ‘no se puede resolver los problemas de tierras al costo de permitir invasiones que generen de nuevo sangre a manos de la justicia privada’, al día siguiente más de 400 terratenientes desfilaron en camionetas blancas en Plato, Magdalena, para atemorizar los pobladores.

La “justicia privada” desde la firma del Acuerdo de Paz de noviembre de 2016 ha exterminado a 1.355 líderes y defensores de DDHH, el 50 por ciento de ellos eran de pueblos étnicos y campesinos que luchan por la restitución de tierras; Colombia es uno de los 5 países con mayor inequidad en la distribución de la tierra, medida por el Coeficiente Gini tal inequidad en Colombia es de 0,88, en América Latina es de 0,79, y en Europa, Asia y África es de 0,56 [1].

El 85 por ciento de los campesinos no tienen títulos de propiedad, mientras que el 0,43 por ciento de terratenientes se adueñaron del 63 por ciento del Área Predial Rural, el 57,8 por ciento son pequeños propietarios del 1,66 por ciento de la tierra, el 42,7 por ciento de los terratenientes más grandes aseguran que desconocen el origen legal de sus terrenos [2]; para los pueblos étnicos hay asignados 34,3 millones de hectáreas, de estas solo hacen uso de 2.800.000 Ha, porque el resto son zonas de protección como selva, bosques y afluentes de agua.

Acumulación por desposesión

Mediante el terrorismo estatal de militares y paramilitares despojaron más de 7 millones de Ha de tierra habitadas por más de 8,7 millones de personas que fueron desplazadas forzadamente, un millón de ellas pertenecen a los pueblos étnicos, 79 por ciento de desplazados tenía derechos a la tierra como propietarios, ocupantes de hecho o poseedores; el despojo fue legalizado con las leyes 791 de 2002, 1152 de 2007 (Estatuto de Desarrollo Rural) y 1182 del 2008,, leyes que no sólo están referidas a las tierras, además legislan para el agua, páramos, bosques, parques naturales, etc.

El 33 por ciento del desplazamiento forzado a partir del 2010 corresponde a los municipios donde se aplicó el Programa Centros de Coordinación y Atención Integral (Ccai) para la consolidación de la Seguridad Democrática, en las que hay explotaciones de minerales, especialmente de oro, como en Montelíbano, Córdoba y en varios municipios del Bajo Cauca, el Pacífico y el Catatumbo [3].

La otra avanzada para el acaparamiento de tierra la hacen a través de funcionarios corruptos en entidades agrarias y Notarías que blanquearon 762.807 Ha de baldíos en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Sucre y Vichada; la Superintendencia de Notariado y Registro ha documentado más de 65 formas de despojo jurídico de tierras [4].

La restitución nació ciega y cojea

En junio de 2011 se aprobó la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, modificada en enero de 2021 con la Ley 2078 vigente hasta junio de 2031, cuyo fin es restituir material y jurídicamente las tierras a las personas que con ocasión del conflicto armado fueron despojadas de sus predios o se vieron obligadas a abandonarlos, el Estado esperaba 360.000 solicitudes y solo van 130.000 aproximadamente [5].

Las trabas administrativas propias de la Ley hacen que los reclamantes de tierra enfrenten un traumático proceso que hace inviable la restitución, por 1) la negación al derecho de restitución si fueron desplazadas forzadamente y despojadas de tierras al interior de áreas protegidas como Parques Nacionales Naturales y zonas de reserva forestal, en esta situación hay por lo menos 6.000 o 7.000 predios,  2) el direccionamiento institucional de la restitución a favor de la industria minera, de hidrocarburos y de megaproyectos, desvían las demandas de restitución para favorecer las empresas privadas y 3) la limitación del ejercicio del derecho a la restitución material y al retorno cuando en las tierras restituidas hay presencia de cultivos agroindustriales; pese a que la Corte Constitucional decidió que deben priorizar a las víctimas.

El Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente rechazó el 64 por ciento de solicitudes de restitución, aceptando solo el 36 por ciento de estas, el 12 por ciento tienen solución en instancias judiciales y el 24 por ciento están en etapa judicial; en 10 años de vigencia de la Ley 1448 solo se han restituido 7.502 predios a 45.460 personas, que equivalen a 340.704 Ha es decir el 5 por ciento de la tierra despojada.

Territorios étnicos entregados a multinacionales  

Son 17 comunidades étnicas las que presentaron 14 solicitudes para que se le reconozca derechos territoriales en 1,2 millones de Ha de tierra, de las 14 solicitudes 9 chocan con las pretensiones de la Agencia Nacional Minera, porque están en solicitud o adjudicación de Títulos Mineros por las compañías Continental Gold Limited Sucursal Colombia, Exploraciones Chocó Colombia S.A.S y Anglogold Ashanti.

Un claro ejemplo es el caso del Consejo Comunitario de Tumaradó y La Larga (Cocolatu), en Riosucio (Chocó) y Turbo y Mutatá (Antioquia), el territorio colectivo afro tiene más de 107 mil Ha, una buena parte de los predios fueron adjudicados individualmente a ocupantes de mala fe y el 50 por ciento está ocupado por empresarios, mientras que menos del 5 por ciento puede ser utilizado para la subsistencia de las comunidades [6].

Los sacrificados de esta semana

Luis Antonio Charry era Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la inspección de Bolivia; fue asesinado el 15 de septiembre en el Pajuil, Caquetá.

En la vereda El Caribe de Puerto Lleras, Meta, el 19 de septiembre perpetraron la masacre de cuatro hombres sin identificar y cuyas edades oscilan entre 20 y 25 años.

Frai Torres era Tesorero de la JAC de la vereda Nueva América en Palmor de la Sierra, fue asesinado el 21 de septiembre en Ciénaga, Magdalena.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, denunció que el 25 de septiembre cuatro comuneros fueron heridos en un ataque al punto de liberación El Chimán del Resguardo López Adentro entre los municipios de Caloto y Guachené, Cauca.

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[1] Radiografía de la desigualdad. Oxfam, 4-07-2017.

[2] La propiedad de la tierra, madre de todos los conflictos. Ecap, 06-07-2021.

[3] Despojo y restitución de tierras en Colombia, revista del CIECAS-IPN pág. 13-24.

[4] Así se roban la tierra en Colombia. Mongabay, 31-07-2018.

[5-6] Informe: Radiografía de la restitución de tierras en Colombia. Presentado ante la Cidh por organizaciones de víctimas, 9-05- 2019.

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