EL HUMO GRINGO QUE MATA
Omaira Sáchica
La fumigación con Glifosato es ineficiente para el control de los cultivos de uso ilícito, además de ser perjudicial para los ecosistemas y la salud por ser un agente cancerígeno Grado II; por tanto es hora de cambiar el modelo antidrogas y abandonar el uso de este veneno.
Durante décadas el Estado colombiano ha basado su política antinarcóticos en la persecución de los campesinos cultivadores y la fumigación con Glifosato, herbicida no selectivo de amplio espectro que es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un agente cancerígeno Grado II de toxicidad, además tiene un alto impacto ambiental al contaminar canales freáticos, envenenar proyectos agroalimentarios, agravar la escasez de alimentos y de agua potable, afectar la flora y la fauna, y contribuir a la deforestación.
Recientemente la Corte Suprema de Estados Unidos (EEUU) ratificó su Sentencia contra la empresa Monsanto/Bayer, quien produce y distribuye Roundup un herbicida cuyo ingrediente activo es el Glifosato; el alto Tribunal condenó a Monsanto a pagar una compensación de 25 millones de Dólares a Edwin Hardeman, un granjero que pudo demostrar que tras décadas de exponerse al herbicida contrajo el Linfoma no-Hodgkin.
Esta Sentencia da sustento jurídico a centenares de casos similares, además solidifica los argumentos que llevaron a la Corte Constitucional colombiana a través de la Sentencia T-236 de 2017 y el Auto 387 de julio de 2019, a prohibir la utilización del Glifosato, además de obligar al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) a frenar las aspersiones con este herbicida.
La aspersión con Glifosato es perjudicial para la salud y el medioambiente, además de ineficiente, por cada hectárea (Ha) asperjada los cultivos se reducen en un 2 por ciento a un costo de 80.000 Dólares por hectárea erradicada, por tanto para erradicar una Ha de coca es necesario fumigar 33 Has, lo que hace a la aspersión con Glifosato completamente ineficiente, ineficaz e irrentable; y contrasta con la erradicación manual que apenas tiene un costo de 2.200 dólares y una efectividad del 95 por ciento.
El país está en mora de pensar su política de drogas desde otro enfoque, desde lo social y la salud pública, para lo cual el adicto debe ser tratado como un enfermo, y los campesinos en vez de ser perseguidos se les debe brindar asistencia social y técnica integral que vuelva viable y sustentable la producción agrícola de las regiones.