LA DOCTRINA QUE MATÓ A 6.402 SUPUESTOS GUERRILLEROS
Himelda Ascanio
La Fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda declaró que ‘hay bases razonables para creer que los “Falsos Positivos” han sido una política de Estado; estos asesinatos, cometidos para aumentar los índices de éxito militar podrían considerarse Crímenes de Lesa Humanidad, dichos actos también pueden ser catalogados como Crímenes de Guerra’ [1].
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su investigación sobre ‘Asesinatos y desapariciones forzadas de civiles ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’, conocidas como Falsos Positivos y determinó que fueron 6.402 las víctimas, 127 de ellas fueron asesinadas por tropas del Batallón La Popa de Valledupar, 3 de cuyos Comandantes se negaron a asistir a la Audiencia del pasado 18 y 19 de julio, en la que militares de menor rango confesaron sus crímenes.
Los soldados reconocieron cómo asesinaron civiles y los presentaron como “guerrilleros” por lo que recibían recompensas de 100.000 Pesos, arroz chino, viajes, fiestas y hasta reuniones con trabajadoras sexuales, crímenes en que sus principales aliados eran los narcoparamilitares al mando de Jorge 40, el soldado Yeris Coronel Gómez declaró que:
“Los Soles de los Generales Mario Montoya Uribe, Justo Eliseo Peña, Juan Pablo Rodríguez Barragán y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, y del Coronel Monsalve Hernández están manchados de sangre (…), es un crimen de Estado porque hasta el Presidente de la República en ese entonces Álvaro Uribe Vélez, pedía resultados, tropa que no daba resultados no le daban permiso y eso era la Seguridad Democrática” [2].
En el Informe independiente ‘Ellos sabían ¿dieron la orden?’, concluyen que existe una relación directa entre el incremento de estos asesinatos sumarios y la consolidación de la Seguridad Democrática del Gobierno de Uribe (2002-2010); por la ambición de mostrar resultados el Ministro de Defensa Camilo Ospina Bernal aprobó la Directiva Ministerial No. 029 del 17 de noviembre de 2005, “que desarrolla criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en ‘combate’ de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley” [3].
Según otra investigación de varias Plataformas de Derechos Humanos para el año 2002, 500 unidades militares tenían asistencia militar de Estados Unidos (EEUU), y de estas 25 jurisdicciones militares tuvieron un incremento del 56 por ciento de este tipo de asesinato de civiles, pese a esto para el 2008 el 79 por ciento de las unidades militares a las que se les comprobó la participación en estos crímenes, volvieron a recibir asistencia militar de EEUU con considerable aumento [4].
No reconocen ni se arrepienten
Duque en su despedida de los militares los clasificó como “héroes que sostienen la democracia”, conducta genocida propia del régimen mafioso que niega sus responsabilidades en estos Crímenes de Lesa Humanidad y se enorgullece de haberlos perpetrado, lo que deja ‘la puerta abierta’ para que las tropas los sigan cometiendo.
Un caso de máxima vergüenza ocurrió el 28 de abril de 2019 cuando la Fuerza de Tarea Vulcano planeó el secuestro, tortura, asesinato y desaparición del excombatiente Dimar Torres en Convención, Norte de Santander, a quien pretendieron pasar por miembro del ELN, los responsables están en libertad por vencimientos de términos y el General Diego Villegas fue premiado asignándolo como Comandante de Transformación del Ejército del Futuro [5], ¿se imaginan la transformación que hará?
Despedida de Duque con ‘broche de sangre’
El 22 de julio miembros del Batallón Caldas irrumpieron en una protesta pacífica de mineros artesanales y asesinaron a Sergio Lizcano Díaz miembro del Sindicato Nacional de los Trabajadores Mineros, Petroquímicos, Agrocombustibles y Energéticos (Sintramienergetica), en la vereda La Angostura de California, Santander.
Jorge Eliecer Mejía de 25 años, era miembro de la Guardia Indígena en el Resguardo La Concepción en Santander de Quilichao, fue asesinado el 16 de julio en el caserío de Mondomo, Cauca.
José Edilson Vargas Monroy era Secretario de la Junta de Acción Comunal de la vereda Villa Nueva y afiliado a la Asociación de Trabajadores Campesinos del Alto Mecaya (Atcam), fue asesinado el 17 de julio en las riberas del río Mecaya en Puerto Caicedo, Putumayo.
Robin Muñoz Taborda era excombatiente articulado al Etcr Jhon Bautista de La Plancha en Anorí, fue asesinado el 17 de julio en la vereda La Tijera en Campamento, Antioquia.
María Piedad Aguirre de 65 años, era lideresa de la organización Caminos de Mujer y del Proceso de Comunidades Negras (PCN), fue asesinada el 19 de julio en el barrio Los Ángeles de Tumaco, Nariño.
Larry Reinoso Sánchez era defensor de Derechos Humanos y líder de la Asociación de Trabajadores Campesinos de La Cordillera de Suárez, Cauca, fue secuestrado el 18 de julio en El Hormiguero del corregimiento Los Robles, lo encontraron asesinado tres días después en El Amparo del corregimiento Betulia.
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[1] Informe de la Corte Penal Internacional. Falsos Positivos “sí han sido política de Estado”. El Espectador, 27-11-2012.
[2] “Hasta Álvaro Uribe pedía resultados”: los horrores de los ‘falsos positivos’ en el Batallón La Popa. Diario Criterio, 19-07-2022.
[3] Altos mandos civiles y militares sí sabían de los “falsos positivos”, dice informe. El Espectador, 05-05-2022.
[4] Informe: «Falsos positivos» en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos, 2000-2010. Movimiento de Reconciliación y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, Bogotá, 2014, p. 9.
[5] Dimar: el crimen al que quisieron echarle tierra. Revista Semana, 12-05-2019.