LOS QUE DAN LA ORDEN DE EXTERMINAR LÍDERES
Himelda Ascanio
Michel Forst Relator Especial de la ONU en su visita de 2019 informó que “Colombia sigue siendo el país con el mayor índice de asesinatos de personas Defensoras de Derechos Humanos (DDHH) en América Latina, con un alto índice de amenazas, ataques, desplazamientos y otras violaciones” [1].
Organizaciones de DDHH acaban de publicar su investigación sobre patrones comunes en la sistematicidad, estigmatización e impunidad del asesinato de líderes, lideresas y excombatientes en los territorios del Norte del Cauca, Bajo Atrato chocoano, Urabá, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño y Sur de Córdoba [2], perpetrados desde el Primero de noviembre de 2016 hasta el 30 de junio de 2020, cuando asesinaron a 213 líderes y lideresas sociales, y 42 excombatientes, los que representan el 27 por ciento de todos los que asesinaron en 29 de los 32 departamentos.
Estas 6 regiones fueron priorizadas debido a que en ellas es más terrible el reordenamiento violento del territorio, además están vinculadas a la implementación del Acuerdo suscrito entre el Estado colombiano y las Farc en noviembre de 2016, incluyendo Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdets), la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y la protección colectiva de comunidades y organizaciones.
Decapitan organizaciones sociales para despojar territorios
Los sectores étnicos y campesinos son los más victimizados seguidos por comunales, políticos, sindicalistas y defensores LGBTIQ+; quienes ejercen funciones de liderazgo son los más perseguidos, de los 255 asesinados el 47 por ciento eran a la vez líderes campesinos, comunales y políticos; con respecto a los excombatientes además del riesgo que les genera su condición, se reafirma la sistematicidad de los asesinatos contra quienes ejercen liderazgos comunales, participan en política y defienden derechos comunes.
El 90 por ciento de los crímenes los perpetraron en zonas altamente militarizadas, después de entrar en vigencia el Decreto 1650 de 2017 que otorgó beneficios tributarios para las empresas que se ubicaran en las Zonas más afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), las que sufren muy altos índices en pobreza monetaria y multidimensional, sin garantías de salud, educación e interconexión, y con tasas de homicidio por encima de 10 por cada 100 mil habitantes.
El Gobierno de Duque (2018-2022) aumentó en un 165 por ciento la criminalización y judicialización del derecho a defender los derechos, con capturas prolongadas sin pruebas o acusaciones infundadas de pertenecer a las guerrillas, en muchas ocasiones la Fiscalía utilizó las estigmatizaciones de funcionarios públicos como punto de partida para el inicio de montajes judiciales, la impunidad de estos crímenes es la más alta cuando gran parte de los victimarios son los grupos narcoparamilitares.
La persecución y el desangre
Jorge Cañas de 27 años, era comunero indígena del Cabildo Juan Tama del pueblo Nasa, fue asesinado el 9 de julio en Costa Nueva de Puerto Guzmán, Putumayo, dos meses antes militares de la Brigada XXVII de Selva señalaron a los habitantes del Cabildo de ser colaboradores de un grupo subversivo.
En la vereda El Palmar en Santander de Quilichao, Cauca, el 10 de julio perpetraron una masacre que dejó tres víctimas fatales identificadas como José Guerrero, Jhonatan Loboa y Yeizon Salazar, mientras que Edward y Fernando López quedaron heridos.
Jaime Losada era miembro del Comité Conciliador de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Costa Nueva en Puerto Guzmán, Putumayo, estaba desaparecido desde el 8 de julio y el día 12 fue hallado su cuerpo sin vida en las orillas del río Sevilla.
Humberto Castro Colorado de 45 años, era excombatiente y Expresidente de la JAC del corregimiento Miramar, Presidente de la Asociación de Juntas del municipio La Montañita, Delegado departamental en la Confederación Nacional de Comunales, miembro de Marcha Patriótica y participante del Paro Nacional del 2021; fue asesinado el 12 de julio en Florencia, Caquetá, donde se había refugiado luego de recibir amenazas de muerte.
Sandra Salazar Frías lideresa social y sindicalista de la Asociación de Trabajadores de la Educación (ADE) en Bogotá, el 13 de julio recibió amenazas de muerte de los narcoparamilitares del Bloque Capital.
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[1] Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Naciones Unidas, 26-12-2019.
[2] Sistematicidad, estigmatización e impunidad en asesinato de líderes y excombatientes. Oxfam, julio 2022.