EL TPP ESTUDIA CONDENA AL ESTADO COLOMBIANO POR GENOCIDIO
Himelda Ascanio
El Estado colombiano perpetra un Genocidio secular contra opositores y rebeldes, que encubre con un manto de negacionismo e impunidad, por lo cual 3 Tribunales Internacionales han intervenido para juzgarlo por Crímenes de Lesa Humanidad y de Guerra.
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) se originó en Bolonia en 1979 para dar continuidad a la experiencia del Tribunal Russell I sobre Vietnam (1966-1967) y el Tribunal Russell II sobre América Latina (1973-1976); el TPP tiene por objeto promover el respeto universal y efectivo de los Derechos Humanos (DDHH) fundamentales y de los Pueblos, y examina los casos de violaciones graves y sistemáticas de los DDHH cometidos por los Estados, autoridades no estatales y por grupos u organizaciones privadas [1].
Del 25 al 27 de marzo en Bucaramanga, Bogotá y Medellín se realizó la Sesión 48 del TPP, para determinar si el Estado colombiano es responsable de Genocidio político; es la Tercera vez que el TPP sesiona en Colombia, la Primera en 1989 y 1991 juzgó al Estado por la impunidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, en esa ocasión el Fiscal fue el defensor de DDHH Eduardo Umaña Mendoza asesinado luego en 1998.
La Segunda en 2006 y 2008 para examinar las graves violaciones a los DDHH por las Empresas Transnacionales auspiciadas y patrocinadas por el Estado [2]. En la actual Sesión 48 la Fiscalía está presidida por la ex Fiscal Ángela María Buitrago y el ex Magistrado Iván Velásquez, quienes presentaron 50 informes y testimonios colectivos e individuales; más de 300 organizaciones de DDHH, sociales, populares y movimientos políticos presentaron pruebas para demostrar la existencia sistemática de prácticas genocidas, crímenes contra la paz y la permanencia de la impunidad.
Desde firma del Acuerdo de Paz de noviembre de 2016 el régimen ha ejecutado más de 1.148 líderes sociales, 262 excombatientes y 185 masacres, gran parte de estos crímenes han ocurrido en regiones con alta militarización [3].
En la Sesión del 25 de marzo el TPP escuchó el testimonio de organizaciones campesinas articuladas a Congreso de los Pueblos, Equipo Jurídico Pueblos, Instituto Nacional Sindical, Semillero de Investigación sobre prácticas sociales genocidas Carmenza Landazábal y al Coordinador Nacional Agrario; también participaron diferentes organizaciones sindicales como la Unión Sindical Obrera (USO), Movimientos políticos víctimas de Genocidio como A Luchar y la Unión Patriótica, el Movimiento Carcelario y los Exiliados en Europa.
En la Sesión del día 26 se expusieron los casos del Movimiento Gaitanista, el Partido Comunista Colombiano, la Juventud Comunista, el Frente Popular, la Unión Patriótica, el M-19, Marcha Patriótica y de ex combatientes de las Farc; además, se presentaron las agresiones sistemáticas en contra de personas defensoras de DDHH, el Genocidio contra la Iglesia de los Pobres y los feminicidios.
Igualmente el TPP recibió testimonios de problemas transversales como el papel de EEUU en Crímenes de Guerra en Colombia, la Doctrina del Enemigo Interno, Prácticas Genocidas en el ejercicio de la Protesta Social y Prácticas Sociales Genocidas: Desaparición Forzada, Ejecuciones Extrajudiciales y Tortura; además, de exposiciones sobre casos históricos como las Masacres de las Bananeras de 1928 y Santa Bárbara en 1963, las agresiones contra las llamadas Repúblicas Independientes y contra Villarrica, Tolima.
En la Sesión del 27 hablaron los Pueblos Étnicos representados en el CRIC, la ONIC, el CRIDEC, el Pueblo Barí, el Proceso de Comunidades Negras de Colombia (PCN), junto a las comunidades LGBTI y otras organizaciones campesinas; además hubo una exposición sobre el paramilitarismo a nivel general y en las regiones de Bajo Cauca, Dabeiba y San José de Apartadó.
Los diferentes testimonios dejan en evidencia que el Estado al aplicar la Doctrina de Seguridad Nacional ejecuta un patrón de macrocriminalidad, para lo que utiliza aparatos criminales organizados desde Agencias de inteligencia, narcoparamilitares y las Fuerzas Armadas (FFAA).
La Fiscalía de la Sesión 48 asevera que existe sistematicidad en las violaciones a los DDHH, que se convierten en Crímenes de Lesa Humanidad y delitos de competencia internacional, contra sectores poblacionales en su mayoría localizados en territorios empobrecidos y marginados; la comisión de estos crímenes tiene un alto grado de impunidad porque el mismo aparato represor protege sus modos de operación perpetuando el Genocidio secular, para destruir la relación social de resistencia; por ello solicitan al Tribunal que se sancione al Estado colombiano por el exterminio físico y simbólico de movimientos políticos, sindicatos y asociaciones.
El Tribunal recibió denuncias sobre la articulación las FFAA y los narcoparamilitares para generar desplazamiento forzado y legal, despojar tierras para la posterior instauración de proyectos económicos de palma aceitera, explotación petrolera y minera, en el Sur de Bolívar, Casanare y Catatumbo [4], estrategia que el régimen replica en todo el territorio nacional.
John Lindsay-Poland afirmó ante Tribunal que, “no hay una Corte Constitucional que enjuicie a los EEUU por la injerencia en el Conflicto Armado colombiano al entrenar, equipar y legitimizar a los victimarios de los crímenes, les toca a ustedes” [5].
El papel de los EEUU es transversal en los Crímenes de Guerra y Genocidio presentados ante este Tribunal, desde múltiples frentes y Agencias ese papel ha sido institucional y permanente por décadas; cabe recordar que el General William Yarborough en 1962 fue quien instruyó y asesoró al Ejército para la creación de grupos paramilitares con el propósito de “eliminar defensores comunistas”.
La maquinaria de Guerra devora opositores
El 23 de marzo el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció amenazas de muerte contra el representante legal de la asociación de Cabildo Fredy Campo, y Norvey Yesid Conda ex Gobernador del Resguardo Indígena de Pitayo de Las Vigencias y actual Coordinador del Programa de DDHH, y diferentes líderes de Caldono, Morales, Corinto, Silvia, Jambaló y otros aledaños.
Carlos Alberto Bustos ex combatiente lo asesinaron los narcoparamilitares el 24 de marzo en Puerto Asís, Putumayo.
Gilberto Findicue Achicue pertenecía al Resguardo del municipio San Andrés de Pisimbalá en Inzá, Cauca, el 22 de marzo intentaron secuestrarlo y al oponer resistencia fue asesinado y dos comuneros indígenas quedaron heridos.
Martha Peralta Presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) denunció que el 26 de marzo José Ospino Director Jurídico fue atacado en la sede del partido en Bogotá, sufrió un golpe en la cabeza y le robaron computadores y celulares con información sensible.
El 27 de marzo en Cartago, norte del Valle del Cauca perpetraron una masacre que dejó 4 asesinados: Milagros Wilkin Hernández de 40 años, Leidy Johana García Restrepo de 28 años, Jhon Dennis Aguirre Sánchez de 26 años y Julio César Montaño Betancourt de 54 años.
El 28 de marzo en el barrio Villa Colombia de Jamundí, Valle del Cauca, sicarios masacraron a 3 personas.
El guardia Indígena Ramiro Ascue Yule de 35 años, fue asesinado por narcoparamiltares el 28 de marzo en Toribío, Cauca.
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[1] Mandato y funciones del TPP, 03-26-2021.
[2] Tribunal permanente de los pueblos – Capítulo Colombia. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 28-04-2006.
[3] Datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz y el Equipo de Investigación de la Revista Insurrección. 27-03-2021.
[4] Gearóid Ó Loingsigh: intervención en el TPP, Bucaramanga 25-03- 2021.
[5] John Lindsay-Poland: escritor y analista en la intervención en el TPP en Bogotá, 26-03-2021.