LAS VARIANTES DEL NEOPARAMILITARISMO

Himelda Ascanio

Durante décadas el régimen en colusión con el paramilitarismo ha exterminado los opositores políticos y despojado a las comunidades de sus territorios, para sostener el statu quo y facilitar la expoliación de los bienes naturales.

En 1962 el General norteamericano William Yarborough asesoró al régimen colombiano en la creación de grupos paramilitares, para eliminar movimientos sociales, políticos y Defensores de Derechos Humanos (DDH); entre el 2002 y 2006 Álvaro Uribe a través de la Ley 975/05 legalizó parte de estas estructuras y los bienes usurpados a millones de desplazados, además concedió impunidad a los crímenes perpetrados [1]. 

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) afirma que declaraciones como las hechas por Francisco De Roux Presidente de la Comisión de la Verdad, en el Gran Foro Colombia 2022 de la Revista Semana,“es una ofensa a la memoria de las víctimas, especialmente aquellas que han sido victimizadas después del 2005, como los miles de líderes y lideresas sociales que han sido asesinados a manos de grupos paramilitares en los últimos años” [2].

Recomposición paramilitar y su expansión urbana

En la Asamblea anual de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu) analizaron el incremento exponencial del Genocidio de líderes y excombatientes, las masacres y el desplazamiento forzado, la que obedece a “la capacidad del bloque de poder para la configuración de redes políticas, empresariales y las fuerzas militares que controlan todas las facetas del narcotráfico, y que tiene la capacidad de expandir el paramilitarismo a nivel nacional, con la finalidad de incrementar su acumulación económica pero también llevar estrategias contrainsurgentes ” [3].

En la reconfiguración narcoparamilitar participan grupos de disidencias de las otrora Farc vinculados a actividades propias de las rentas del narcotráfico y también a actividades claramente contrainsurgentes, que incluyen acciones directas, violentas y sistemáticas en contra de la población civil, como el carro bomba detonado en contra de las sedes de las organizaciones sociales de Arauca y otros ataques como está sucediendo en el Pacífico y el Catatumbo.

En la confrontación que el Estado desató contra el movimiento social se utilizó la modalidad del paramilitarismo urbano, para atacar a los manifestantes sistemáticamente y en colusión con las Fuerzas Armadas (FFAA), como se evidenció en 27 ciudades durante el Paro Nacional; con la Ley de Seguridad Ciudadana legitiman y legalizan esta modalidad.

El neoparamilitarismo tiene proyecciones a nivel internacional, en sociedad con la ultraderecha crean redes trasnacionales de mercenarios para desestabilizar naciones vecinas de América Latina, como en Venezuela, Bolivia y Haití.

Las víctimas de la tragedia humanitaria

John Jairo Villar Vargas era excombatiente articulado al proceso de reincorporación en el Magdalena, fue asesinado el 29 de enero en la vereda Matogiro en Santa Marta, Magdalena.

Leonardo Martínez Muñoz era un excombatiente en proceso de reincorporación, fue asesinado el 30 de enero en San José del Fragua, Caquetá.

Juvenal Ballén Gómez era excombatiente y hacía parte a la Cooperativa Multiactiva Esperanzas de Paz (Coepaz), fue asesinado el 30 de enero en Saravena, Arauca.

José Euclides González Marín era Vicepresidente de la Asociación de Trabajadores de Zonas de Reservas Campesinas de Caloto (Astrazonacal), fue asesinado el 31 de enero en la vereda El Placer en Caloto, Cauca. 

Julio César Bravo era Presidente del Concejo de Córdoba y líder del Resguardo de Males, fue asesinado en la vereda Guitungal de Nariño.

Hermán Naranjo Quintero era miembro de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento Corocito en Tame, Arauca, fue secuestrado el Primero de febrero y dos días después fue hallado sin vida en la vereda Pueblo Seco de ese municipio.

Álvaro Herrera Melo estudiante de música y activista en el Paro Nacional del año pasado, el 28 de mayo fue capturado ilegalmente y torturado por la policía cuando salía del Cacerolazo Sinfónico en la Universidad del Valle en Cali, Valle del Cauca; el Primero de febrero se conoció que tuvo que abandonar el país por amenazas de muerte y persecuciones.

Juan Carlos Nieto Calvario era Presidente de la JAC de la vereda San Miguel de Guarupay en Cabuyaro, Meta, fue asesinado el 3 de febrero en su vivienda.

En el sector La Invasión corregimiento Banco de Arena en Cúcuta, Norte de Santander, el 3 de febrero perpetraron la masacre de tres hermanos, Alfonso, Daniel y José Rueda Bello.

Elacio Yagari Gobernador indígena Embera del Resguardo La Italia en Puerto Asís, Putumayo, denunció que el 3 de febrero la Policía antinarcóticos incursionaron y atacaron con armas de fuego a la comunidad causando heridas en un brazo al niño Elio Aldair Niasa.

En la vereda El Balsal inspección de Yurilla en Puerto Leguízamo, Putumayo, perpetraron una masacre que dejó tres víctimas entre ellos Efrén Ramos, quien era Fiscal de la JAC de esa localidad.

En el Resguardo Alto del Rey en Tambo, Cauca, el 4 de febrero asesinaron tres indígenas, las primeras víctimas fueron Samir de 24 años y José Manuel Rosero de 17 años, durante el velorio fue asesinado Ovidio Alemeza miembro de la Guardia Indígena. 

Víctor Manuel Pacheco era Presidente de la JAC de la vereda Bruselas en Fortul, Arauca, fue asesinado el 4 de febrero en esa localidad.

En la vereda San Alejandro de Angostura, Antioquia, el 5 de febrero perpetraron la masacre de tres miembros de una familia identificados como Rubén de 27 años, Lubin de 23 y Edwin Pérez de 17 años.