ONU RECIBIÓ 202 DENUNCIAS DE ASESINATO DE LÍDERES SOCIALES

Himelda Ascanio

El indetenible Genocidio de líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos (DDH) ocurre porque se oponen al saqueo de sus territorios desde tejidos comunitarios fuertes, que el régimen neoliberal dictatorial imperante busca destruir para asegurar los megaproyectos de las transnacionales.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) durante el 2021 recibió 202 denuncias de asesinatos de líderes sociales y DDH, de los cuales 78 fueron concluyentes y 39 están en proceso de verificación; los 78 asesinatos los perpetraron en 13 de los 32 departamentos, siendo el más agredido el Valle del Cauca con 31 casos, Cauca (11), Antioquia (6), Cundinamarca y Chocó (5), Norte de Santander (4), Santander (2) [1].

El régimen colombiano se niega a establecer un organismo y un formato único que se encargue de sistematizar el Genocidio en curso, Indepaz asegura que en el 2021 fueron asesinados 171 líderes y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) dice que son 168 [2]; pese a la diferencia en las cifras al cruzar los informes de la Acnudh, Indepaz y la CCJ se encuentran estos patrones comunes que evidencian la sistematicidad de la persecución: 1) los sectores más criminalizados son el étnico y el campesino, 2) la región más afectada es la Pacífica u occidental, 3) en el mes de julio hubo la mayor cantidad de líderes asesinados, 4) Cali es la ciudad de mayor número de líderes asesinados y 5) la impunidad que ronda estos crímenes es superior al 95 por ciento.

Un Informe de Human Rights Watch (HRW) afirma que más de 500 DDH han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz de noviembre de 2016, convirtiendo a Colombia en uno de los países con las estadísticas más elevadas de homicidios de líderes sociales a nivel mundial [3]; Tamara Taraciuk Directora para las Américas de HWR afirma que;

“La pandemia de Covid-19 ha sido una excusa maravillosa para que líderes autoritarios, adopten medidas restrictivas que igual querían adoptar, los ataques a la independencia judicial, la libertad de prensa y la sociedad civil, la represión de manifestantes, elecciones fraudulentas, abuso policial e incremento de la violencia callejera, entre otros, son una afrenta a las libertades civiles y un alarmante retroceso de los Derechos Humanos en América Latina” [4].

El Sacerdote Jesuita y DDH Javier Giraldo afirma que se está agravando la Guerra; en el Chocó y el norte de Antioquia donde hubo varias Misiones de Verificación Humanitaria denunciaron que, “hay síntomas de que el Clan del Golfo y el Ejército están actuando conjuntamente (…) No solamente en el norte de Antioquia y el Chocó, sino en el Caquetá, en Putumayo, en Guaviare, que muestra lo mismo: se nota una articulación y connivencia incluso con algunas disidencias, con el Clan del Golfo y otros grupos paramilitares (…) El Ejército sabemos que nunca ha luchado como una defensa real de los sectores populares y los movimientos sociales, sino más bien como una represión de todas esas fuerzas” [5].

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La comunidad afro de San Isidro en el río Calima del Valle del Cauca denunció que el 11 de enero narcoparamilitares realizaron una incursión armada, dejándolos en riesgo de desplazamiento forzado junto a las comunidades del Bajo San Juan y Litoral San Juan en el Chocó.

Jhon Alexis Collazos de 26 años, pertenecía al Resguardo Indígena de Canoas, fue encontrado sin vida, con señales de tortura y tiros de gracia el 13 de enero en El Pital, Caldono, Cauca.

El 14 de enero perpetraron una masacre que dejó 3 víctimas fatales, en Miranda, Cauca, donde fue asesinado Neider Collazos de 21 años y una mujer sin identificar, y en la vereda Guatemala en la vía a Corinto fue asesinado un hombre sin identificar.

En la vereda La Rosa de Puerto Asís, Putumayo, el 14 de enero perpetraron una masacre que dejó cinco víctimas fatales, Iván Cortés de 27 años, Yeimi Andrea Hincapié de 24, Ronar Alvarado de 35 años, Joneiver Vallejo de 30 años y Jesús Gutiérrez de 20 años.

Guillermo Chicana era miembro de la Guardia Indígena Nasa del Resguardo Las Delicias en Buenos Aires, Cauca, fue asesinado el 14 de enero por narcoparamilitares que atacaron a la Guardia Indígena que realizaba actividades de control territorial, además resultó herido Fabián Camayo Coordinador de la Guardia.