LA ACCIÓN CONTRA EL ESMAD EN CALI

Alejandro Castro

Engaña y estigmatiza el Ministro de Defensa cuando dice que la acción del ELN del 7 de enero contra la policía militarizada del Esmad en Cali, prueba que las movilizaciones del Paro Nacional que inició el 28 de abril de 2021 fueron planificadas por fuerzas guerrilleras.

El estallido social de 2021 de casi tres meses contó con la participación de millones de colombianos y cubrió centenares de ciudades y regiones del país, fue mucho más que una acción decidida por las fuerzas insurgentes; el Paro Nacional mostró a un pueblo movilizado expresando su descontento y sus reclamos, en las movilizaciones más grandes y portentosas de los últimos 70 años en Colombia.

La Policía es una fuerza militarizada para la Guerra

La policía colombiana a la que pertenece el Esmad es una fuerza militarizada que utiliza armamento y tácticas de Guerra, lo que está documentado en decenas de vídeos e investigaciones de distintas organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos (DDHH); a diferencia de lo que pasa en otros países, la policía del régimen colombiano no es una fuerza civil adscrita al Ministerio del Interior, depende del Ministerio de Guerra que la estructura como una arma de combate al igual que las Fuerzas Armadas (FFAA), y está integrada a los Comandos Operacionales Conjuntos que desarrollan el plan de Guerra en cada región.

El Esmad es el cuerpo policial más odiado por la población, por ser el grupo destinado y especializado para atacar y doblegar de manera violenta y letal a la protesta social, que ha cometido comprobados Crímenes de Lesa Humanidad contra manifestantes y cuenta con la más absoluta impunidad.

Está documentado en abundante material gráfico y en diversas investigaciones independientes que el Esmad y otras unidades de la policía, atacaron conjuntamente con civiles armados -paramilitares-, grupos de manifestantes en repetidas ocasiones con armas de Guerra, causándoles la muerte e hiriendo a muchos de ellos; ese material gráfico se puede descargar de Internet y lo han entregado a distintas Agencias de la ONU, organizaciones de DDHH y a los entes de justicia colombianos.

También está documentado y comprobado que el Esmad da un uso letal al supuesto armamento no letal que utilizan contra los manifestantes, uno de los tantos casos y pruebas de ello es el asesinato del estudiante Dylan Cruz en noviembre de 2019; también esta policía militarizada utilizó pistolas, subametralladoras y fusilería contra la población que se moviliza, así asesinaron decenas de jóvenes durante el Paro Nacional del 2021 y 13 manifestantes en septiembre del 2020.

Las razones del ELN

Según la ONG Temblores en las movilizaciones del año pasado fueron asesinados por las FFAA 63 colombianos, la Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH en Informe entregado en diciembre menciona 28 asesinatos verificados; Temblores registra la escandalosa cifra de 327 personas desaparecidas en los meses del Paro Nacional, lo que demuestra el trato de Guerra que el régimen da a la protesta social, encubierto por la impunidad reinante, por esta criminalidad es que el ELN actúa contra brazos de Guerra como la Policía y contra uno de sus cuerpos más criminales como la rama militarizada del Esmad, responsable del asesinato de casi 100 manifestantes, sólo  entre 2020 y 2021.

El Informe documentado por Amnistía Internacional sobre la represión del 3 de mayo de 2021 en la  Comuna de Siloé en Cali, cuando el Esmad y grupos de operaciones especiales de las FFAA asesinaron a 3 manifestantes dejando también decenas de heridos, dice: “la puesta en marcha de una operación armada de este nivel, como si se tratase de una confrontación con actores armados ilegales y no de un evento de protesta pacífica, da cuenta del tratamiento de Guerra que se implementó en Cali como respuesta a las protestas en el contexto del Paro Nacional” [*].

Derecho a la rebelión

En esta realidad del Conflicto colombiano está más que justificado el derecho a la rebelión, es dramático y desconcertante que desde la firma de los Acuerdos con las Farc, el régimen haya asesinado hasta el 11 de enero a 1.286 líderes sociales y que según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 6.402 colombianos inocentes hayan sido asesinados entre 2002 y 2010 por las FFAA, para lo cual las élites dominantes expanden la Guerra sucia y el narcoparamilitarismo, para no alargar el listado de las agresiones que alimentan el derecho a la rebelión, hay que agregar el criminal trato de Guerra que le siguen dando a la protesta social, evidenciado en las arremetidas violentas contra campesinos que reclaman la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y contra los pobladores que rechazan las alzas desmedidas.

La historia de la humanidad ha demostrado que cuando los pueblos son pisoteados por las fuerzas militares de regímenes opresores y dictatoriales como el colombiano, es legítimo recurrir a la defensa, la desobediencia, la resistencia y la rebelión; en esta acción del 7 de enero en Puerto Resistencia hemos actuado contra una fuerza responsable del asesinato y la represión, de decenas de jóvenes que ejercían su derecho legítimo a la protesta, contra una fuerza que utiliza de manera letal su armamento, que goza de total impunidad y que es rechazada y odiada por la mayoría de la sociedad.