MOLANO SIGUE CON LA MILITARIZACIÓN DE LAS CIUDADES
Himelda Ascanio
El 4 de enero el Ministro de Defensa ordenó la militarización de parte de la capital del país en el Portal de Las Américas, el Portal de Suba y la Ye de Yomasa en Usme, además amenazó con judicializar a quien preste ayuda a los manifestantes [1].
En toda Colombia han seguido las movilizaciones cada día 28, como réplicas del Paro Nacional iniciado el 28 de abril del año pasado, en Bogotá los manifestantes se concentran en los Portales de Transmilenio ahora llamados Portales de la Resistencia, sitios que ahora el Ministro Molano militariza, en una extensión de la nefasta “Asistencia Militar” que desplegó contra la protesta social de 2021, con lo que aplica el Plan de militarización gradual y ascendente de las grandes ciudades colombianas.
La ONU y Amnistía Internacional (AI) en diferentes informes han documentado la responsabilidad de las Fuerzas Armadas (FFAA) en violaciones sistemáticas de Derechos Humanos (DDHH), Crímenes de Lesa Humanidad, el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza y la estigmatización de los manifestantes; hechos que responden a un patrón de accionar violento, a fin de suscitar miedo y desincentivar la protesta pacífica [2].
Según AI en la incursión armada el 3 de mayo de 2021 en el barrio Siloé en Cali por la Policía regular y la militarizada del Esmad, el Grupo de Operaciones Especiales y el Ejército, se premeditó el ataque directo a los manifestantes y utilizaron maniobras de combate operacional de emboscada urbana, que dejaron tres personas asesinadas y decenas de heridos [3].
Además, Amnistía asevera que el testimonio recibido de las organizaciones sociales es que la experiencia de militarización de territorios rurales en el marco del Conflicto Armado, no ha garantizado la protección de pueblos étnicos, campesinos y Defensores de DDHH (DDH), por el contrario, ha acentuado riesgos de ser víctimas de las FFAA.
Legitiman la Narcodictadura
La represiva y antidemocrática Ley de Seguridad Ciudadana impuesta recientemente, suscita una agudización de los Crímenes de Lesa Humanidad durante el ejercicio del derecho a la protesta, esta Ley legaliza el paramilitarismo, permite la justicia a mano propia y crea nuevos delitos contra manifestantes y los DDH.
Expertos en DDHH y organizaciones sociales que hacen seguimiento al accionar de la Policía, concuerdan en que esta Ley “restringe los derechos y libertades”, J. C. Mejía Asesor de Seguridad afirma que, “la Ley de Seguridad Ciudadana al restringir Derechos Civiles, DDHH y garantismos, va a generar múltiples demandas ante la Corte y jurídicamente va en contra del procedente del mismo Tribunal Internacional” [4].
Los perseguidos y ejecutados de esta semana
El 3 de enero en el corregimiento de San Antonio en Jamundí, Valle del Cauca, perpetraron una masacre que dejó tres víctimas fatales de nacionalidad venezolana.
El 6 de enero en el municipio de Maní, Casanare, perpetraron una masacre que dejó tres víctimas fatales, Vicente Soto Berrío, su hijo Gustavo Soto Chaparro menor de edad y Alfonso Sandoval, y otra persona quedó herida.
El 6 de enero se realizaron protestas en diferentes sitios de Bogotá por el alza en los precios de los alimentos, la gasolina y los pasajes de Transmilenio; en el sector de Marichuela en la localidad de Usme la concentración fue reprimida por el Esmad, fueron capturados 20 manifestantes entre ellos 8 menores de edad, un joven fue herido y una DDH fue agredida sexualmente por un policía.
Cuatro integrantes de la Primera Línea que se encontraban privados de la libertad en la cárcel de la Picota en Bogotá, el 6 de enero fueron sindicados por la Policía de promover las manifestaciones de ese día, al día siguiente fueron trasladados a las cárceles de máxima seguridad de Palo Gordo en Girón y Tramacúa en Valledupar
Teófilo Acuña es líder campesino del Sur de Bolívar y del Cesar, el 7 de enero denunció que hombres armados lo buscaron en su casa intimidaron a su compañera, le dieron un plazo mínimo para que abandone la zona.
El 8 de enero en Salgar, Antioquia, asesinaron a un administrador de finca en La Siberia y a dos recolectores de café en La Yaruma.
En la Zona Bananera de Magdalena, el 8 de enero perpetraron la masacre de la familia integrada por Jorge Hernández, Patricia de Armas en estado de gestación y William Hernández de 17 años.
En el corregimiento Villanueva de Colon-Génova, Nariño, el 8 de enero perpetraron una masacre que dejó tres víctimas fatales y cuatro heridos aún sin identificar.
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[1] Ordenan militarizar el Portal de las Américas para este 28 de enero. El Espectador, 4-01-2022.
[2] Amnistía Internacional denuncia la respuesta militarizada y represión policial de manifestaciones. AI, 4-05-2021.
[3] Cali epicentro de la represión. AI, 30-07-2021.
[4] Ley de seguridad ciudadana: el cierre de un Congreso cuestionado. El Espectador, 25-12-2021.