RÉGIMEN LEGALIZA LICENCIA PARA MATAR MANIFESTANTES
Himelda Ascanio
El régimen a través del Congreso donde es mayoría crea leyes para restringir derechos civiles y constitucionales, a la vez que legaliza el paramilitarismo urbano, lo que demuestra cómo el Gobierno de Duque encabeza una Narcodictadura.
El Gobierno de Iván Duque es la materialización del Narcorégimen que ataca al Enemigo Interno, lo que arroja un creciente balance de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, con los que sostiene el statu quo, extermina la oposición política y contiene cualquier conato de protesta popular, como lo hizo meses atrás al utilizar fuerza letal contra los manifestantes del Paro Nacional.
La semana pasada el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana (LSC) que modifica el Código Penal, el de Procedimiento Penal, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Código de Extinción de Dominio y Regulación de armas [1]; esta regresiva y represiva LSC desata grandes amenazas para los Defensores de Derechos Humanos (DDH), limita y criminaliza el legítimo derecho a la protesta, mientras ampara el paramilitarismo urbano y privatiza las cárceles.
El Artículo 3 de la LSC estipula “legítima defensa privilegiada”, que autoriza que cualquiera pueda asesinar a quien considere está violando su propiedad privada, así fomenta la justicia por mano propia que legaliza el paramilitarismo urbano; en los Artículos 8, 11, 13, 16, 17 y 20 aumenta las penas y crean nuevos delitos asociados a la protesta social, además criminaliza el uso de máscaras y la defensa de los DDHH, tipificando esta labor como “obstrucción o impedimento en la realización de funciones de las Fuerza Armadas (FFAA)”.
El Artículo 21 entrega salvoconductos para utilizar armas menos letales, las que por el manejo torcido de los protocolos de uso terminan siendo letales; el Artículo 35 agrega la figura de Traslado por Protección altamente cuestionada en el último informe de la ONU por ser utilizada por las FFAA para efectuar capturas ilegales, torturas y desaparición forzada [2].
Los Artículos 49, 50 y 51 conceden grandes recompensas a las FFAA por su desempeño, estas recompensas tienen como antecedentes las víctimas de los crímenes de Estado, que dio origen a la política de las ejecuciones sumarias mal llamadas Falsos Positivos.
Esta LSC desconoce por completo las recomendaciones de diversos organismos internacionales que instan al Gobierno a garantizar el derecho a la protesta social, y priorizar la vida e integridad de quienes lo ejerzan; esta Ley tiene elementos propios de los regímenes dictatoriales y favorece el Terrorismo de Estado.
Un victimario que quiere seguir viviendo de las víctimas
Producto del Proceso de Paz firmado entre las Farc y el Estado en 2016 se establecieron 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Ctep), para los 9 millones de víctimas del Conflicto Armado, las cuales se elegirán en marzo del próximo año en 167 municipios de los departamentos de Arauca, Antioquia, Bolívar, Cauca, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Sucre, Valle del Cauca y Tolima.
Jorge Tovar Vélez (Yoyo Tovar) es uno de los aspirantes a la Cámara por Ctep que recoge 13 municipios de tres departamentos: 6 del Cesar, 4 del Magdalena y 3 de La Guajira; cabe recordar que es hijo de Jorge Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ temido jefe narcoparamilitar del Bloque Norte, responsable de más de 600 Crímenes de Lesa Humanidad entre masacres, desapariciones forzadas, asesinatos y despojo de tierras que dejó más de 25.000 víctimas.
Yoyo Tovar junto a su abuela paterna a través de la Sociedad San Martín recibieron más 260 millones de Pesos, por el arrendamiento de la sede principal para la Unidad de Víctimas en Valledupar; en mayo de 2020 fue nombrado por Iván Duque para ejercer como coordinador del Grupo de Articulación Interna para la política de víctimas del Conflicto Armado (Gapv), cargo al que renunció por presión de diferentes plataformas de defensa de los DDHH y Víctimas de Crímenes de Estado.
Los asesinados de la semana
Árnubia Yunda Cuetia era líder indígena del Resguardo La Cilia La Calera y miembro del Hilo Mujer del Tejido Familia, fue asesinada por su pareja sentimental el 19 de diciembre al interior de su vivienda ubicada en dicho Resguardo en Miranda, Cauca.
Wilmar Ascanio Angarita era Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la Vereda Alto Cañabraval, pertenecía a la Asociación Campesina del Río Cimitarra (Acvc), fue asesinado el 23 de diciembre en el casco urbano de San Pablo, Bolívar.
Gustavo Orozco Ramírez era Presidente de la JAC de la Vereda San Perucho de Andes, Antioquia, fue asesinado el 23 de diciembre cuando celebraba la Novena Navideña con la comunidad.
En la Vereda Arangazo de Ábrego, Norte de Santander, el 24 de diciembre perpetraron una masacre que dejó tres muertos: Geovanni León Durán, Leonel Trigos y Elio Durán, además cuatro personas quedaron heridas.
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[1] Proyecto de Ley 266 de 2021 Senado – 393 de 2021 Cámara. Gaceta del Congreso 1903, 21-12-2021.
[2] El Paro Nacional 2021: Lecciones aprendidas para el ejercicio de la reunión pacífica en Colombia. ONU, 15-12-2021.
[3] Las denuncias tras la campaña de Jorge Tovar, hijo de Jorge 40, a la curul de paz. El Espectador, 17-12-2021.