UNA PRÁCTICA GENOCIDA: LA POLICÍA CRIMINALIZA LA POBREZA
Himelda Ascanio
Durante décadas las Fuerzas Armadas (FFAA) colombianas se han caracterizado por dar trato de Guerra a las manifestaciones populares, y utilizar los entes de control del Estado para encubrir violaciones de Derechos Humanos y garantizar la impunidad.
Carlos Negret Exdefensor del Pueblo estuvo al frente de la Relatoría que investigó las violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) perpetradas el 9 y 10 septiembre del 2020 en Bogotá y Soacha, contra las protestas surgidas por el asesinato de Javier Ordoñez a manos de la Policía; el Informe calificó la represión como una Masacre Policial que produjo 14 asesinatos, 75 heridos con armas de fuego, 43 con arma cortopunzante y 187 por otros objetos, además dejó un sin número de detenidos ilegalmente [1].
Según el Informe no hubo liderazgo político local ni nacional que ordenara no disparar contra las personas, la Policía criminalizó la pobreza porque 13 de las víctimas mortales no superaban el ingreso del salario mínimo, la Alcaldía retiró 250 gestores de diálogo aludiendo problemas de seguridad, además las investigaciones son insuficientes para aplicar justicia y garantizar los derechos a las víctimas.
El Informe es categórico al afirmar que lo sucedido en la Masacre Policial del 9S y 10S no son hechos aislados y obedece a una práctica recurrente de las Fuerzas del Estado, antecedido de un sin número de estigmatizaciones en las que se justifica la violencia letal contra la población.
ONU: ‘Lecciones aprendidas del Paro Nacional’
El 15 de diciembre la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, presentó el Informe ‘Lecciones aprendidas y observaciones sobre el Paro Nacional’ iniciado el 28 de abril, para lo cual realizó 996 entrevistas con testigos, víctimas y organizaciones sociales y 505 con órganos gubernamentales, así como el análisis de 2.414 piezas de material audiovisual [2].
En el marco del Paro Nacional se realizaron 12.478 actividades de protesta social de las cuales el 86 por ciento fueron pacíficas; sin embargo las FFAA y funcionarios públicos cometieron sistemáticas violaciones a los DDHH, quienes según el Informe utilizaron armas letales contra manifestantes dejando 63 asesinados, 1.970 capturas ilegales, 113 casos de violencia sexual el 18 por ciento contra menores de edad, 103 lesiones oculares graves, entre 400 a 700 personas fueron desaparecidas, de las cuales un número considerable apareció sin vida, 171 ataques contra DDH y Brigadas Médicas.
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) documentó 384 agresiones a periodistas, de las cuales 198 fueron cometidas por las FFAA; además, el Estado colombiano utiliza la justicia penal para intimidar, castigar e impedir el derecho a la libre reunión, hay 131 detenidos de las Primeras Líneas, 25 están con medida de privación de la libertad y 12 con arresto domiciliario.
La ONU realizó recomendaciones al Estado:
* El Estado colombiano debe profundizar una reforma que garantice los derechos económicos, sociales y culturales, es urgente redistribuir los ingresos para superar los altos índices de pobreza y desigualdad.
* Adoptar medidas eficaces para la investigación, judicialización y no repetición de cualquier acto de estigmatización individual o colectiva contra los manifestantes.
* Investigación y sanción independientes, imparciales, exhaustivas, efectivas y transparentes en relación a los abusos cometidos por las FFAA y sus aliados civiles.
* Impulsar medidas colectivas de reconocimiento y memoria para reparar a las víctimas que garanticen la no repetición; así como el acceso eficaz a la atención de salud física y mental.
Las víctimas de esta semana
El 12 de diciembre en Mallama, Nariño, perpetraron una masacre que dejó cuatro víctimas fatales de una misma familia, María Velásquez, Aider Rosero, Jordi y Diana Patiño.
El 13 de diciembre en el Barrio El Carmelo de Buga, Valle del Cauca, perpetraron una masacre que dejó tres víctimas fatales, Miguel Londoño, Nicolás Ortiz y Michel Di Mauro.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) denunció que el 13 de diciembre la Comunera Olga Peña fue víctima de un atentado con arma de fuego, cuando se desplazaba por la vereda los Quingos en Caldono, Cauca.
José Leonardo Ramos Tenorio comunero indígena perteneciente al Resguardo de Chinas, el 14 de diciembre fue herido con arma de fuego, posteriormente lo ejecutaron en el centro de salud de Páez, Cauca, a donde lo habían trasladado.
Bernardo Casso Yonda autoridad Mayor de la comunidad indígena Pioyá en Caldono, Cauca, el 16 de diciembre en el cruce de la vereda Quintero – Pitayo fue secuestrado, intimidado y dos horas después puesto en libertad.
Uber Velásquez pertenecía a la veeduría Campesina del corregimiento de San José de Apartadó, fue asesinado el 18 de diciembre en la vereda La Balsa de Apartadó, Antioquia.
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[1] Informe Final para el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020. 13-12-2021. [2] El Paro Nacional 2021: Lecciones aprendidas para el ejercicio de la reunión pacífica en Colombia. ONU, 15-12-2021.