Hernando Martínez
El Primero de diciembre concluyó en Ciudad de México la VII Cumbre del Grupo de Puebla (GP) denominada ¡Cambio ahora!, en la que participaron 200 personalidades de 19 países, quienes ratificaron su propuesta de un Modelo Solidario de Desarrollo para reemplazar al capitalismo neoliberal.
En las conclusiones declararon que “necesitamos que la paz en Colombia prospere y se concreten los Acuerdos de La Habana, y que cuanto antes se retome el diálogo con el ELN que conduzca al desmonte definitivo de la Guerra”; frente al proceso electoral de 2022 alertaron “sobre la posibilidad de fraude, Lawfare y los riesgos asociados a la inseguridad e integridad física que viven los liderazgos progresistas” [*].
Orígenes del GP
El GP fundado en julio de 2019 se autodefine como “un espacio de coordinación y articulación de hombres y mujeres líderes progresistas de distintos países, que comparten una mirada común y que participan a título personal, sin representar partidos políticos, ni Gobiernos, ni países”, cuyo propósito es “la articulación de políticas progresistas contribuyendo con el diseño de programas que acompañen futuros Gobiernos, comprometidos con un modelo de crecimiento con inclusión, que garantice el acceso a trabajo, educación, salud y vivienda digna como pilares del desarrollo social, promoviendo la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, la protección del medio ambiente y el respeto de las diversidades”.
Los fundadores son dirigentes de partidos políticos que han gobernado como Morena de México y el PT de Brasil, entre ellos los Expresidentes de Panamá Martín Torrijos, de Bolivia Evo Morales, de Honduras Manuel Zelaya, de Brasil Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula, de Ecuador Rafael Correa, de Paraguay Fernando Lugo y de España José Luis Rodríguez Zapatero, también participa el Senador chileno José Miguel Insulsa, Exsecretario general de la OEA entre 2005 y 2015, por Colombia participaron en la fundación del GP el Expresidente Ernesto Samper, el Senador Iván Cepeda, la Exministra Clara López Obregón y la Congresista María José Pizarro.
Propuestas de la VII Cumbre
ESTADO DE BIENESTAR. América Latina y el Caribe vive una crisis sanitaria y económica que golpea a los más vulnerables, junto a amenazas crecientes contra la democracia, lo que obliga al fortalecimiento del Estado para promover estímulos fiscales y monetarios para la reconstrucción de las economías nacionales, combatiendo la evasión fiscal y realizando Reformas Tributarias que promuevan impuestos progresivos sobre la renta y la riqueza de los grandes capitales, para garantizar inversiones y políticas sociales; trabajarán por establecer una Renta Básica Solidaria que les permita acceder a un mínimo vital a quienes sufren por cuenta de la pobreza y la pobreza extrema.
DESARROLLO. Proponen un Modelo Solidario de Desarrollo articulado en seis ejes: la superación de la desigualdad social, la búsqueda del valor, una nueva política económica, la transición ecológica, la integración como construcción de región y una nueva institucionalidad democrática. Se suman a la propuesta de Argentina y México para crear un Fondo Global para la recuperación de las naciones con menores niveles de desarrollo, financiado por contribuciones de los Estados del G20 (aportan 0,2 por ciento de su PIB), un 4 por ciento de los mil capitales más grandes del mundo y de las empresas que más ingresos han obtenido en medio de la crisis sanitaria.
GUERRA JURÍDICA. Destacan el esfuerzo del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud) por combatir las retaliaciones en contra de líderes y lideresas progresistas mediante Guerras jurídico-mediáticas (Lawfare); estrategia global contra los movimientos progresistas que debemos estudiar y comprender y contra el que debemos aprender a luchar. Rechazan las retaliaciones en contra de la oposición ecuatoriana a través de las Guerras jurídico-mediáticas que impiden el control político, los ataques sistemáticos en El Salvador en contra del Estado de Derecho y la independencia de poderes.
PANDEMIA. Apoyan la convocatoria de una Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas para abordar salidas globales a la pandemia y la suspensión de las patentes farmacéuticas mientras dure la pandemia y que se actúe conforme a la idea de que las vacunas constituyen un bien público de la humanidad.
MEDIOAMBIENTE. Exigirán el cumplimiento de los compromisos multilaterales adoptados en la COP26 por parte de los Estados más ricos para el desembolso de fondos hacia los países del Sur Global y que se alcancen las metas de descarbonización.
TRABAJO DECENTE. Desarrollarán un espacio para la construcción de iniciativas con miras a revalorar el trabajo y las condiciones laborales.
FINANZAS. Apoyan la creación de una Agencia Pública Regional de Calificación de Riesgos para no dejar en manos de actores privados la evaluación de las condiciones financieras y económicas de nuestros Estados.
TECNOLOGÍA. Reivindican nuestra soberanía digital para abandonar paulatinamente la condición de consumidores de conocimiento y abastecedores de datos de Estados y empresas que concentran y monopolizan la información.
EQUIDAD. Llaman a oponerse a las nuevas formas de vulnerabilidad por la condición de género, sexo, orientación sexual, etnia o raza, entre otras; consideran parcial e incompleta cualquier transformación social, política o económica sin la participación activa, masiva e integral de la mujer. Llaman a los gobiernos y a los pueblos para que garanticen los derechos humanos de las personas migrantes y cumplan igualmente la legislación internacional sobre asilo y refugio.
ANTIDROGAS. Se suman a un enfoque alternativo ante el problema mundial de la droga, recordando que las salidas unilaterales, militaristas e impuestas extraregionalmente han comprobado ser un fracaso rotundo.
VENEZUELA. Apoyan la democracia en Venezuela y rechazan los intentos de injerencia que retrasan una salida a la crisis económica y sanitaria.
CUBA. Llaman al cese definitivo del embargo económico y de sanciones políticas injustificadas contra Cuba.
NICARAGUA. Condenan las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos y las injerencias que perturban la democracia y generan un clima de radicalización en Nicaragua.
PERÚ. Denunciaron los intentos de interrumpir el mandato del presidente Castillo elegido democrática y legítimamente por el pueblo peruano.
CHILE. Condenan la ultra-derechización de la derecha en Chile, su discurso de odio y la legitimación de las violaciones a los Derechos Humanos de los regímenes dictatoriales que sufrió el país durante el siglo XX.
PARAGUAY. Ven con preocupación en Paraguay la implementación de una Ley que criminaliza a los líderes campesinos e indígenas que luchan por la tierra.
BOLIVIA. Denuncian los intentos de la derecha boliviana para desestabilizar el Gobierno democráticamente elegido y las conspiraciones para revivir el ambiente de polarización que condujo al Golpe de Estado de 2019.
HONDURAS. Saludan la decisión soberana del pueblo de Honduras y esperan que la Presidenta Xiomara Castro pueda llevar a cabo el programa social de largo alcance.
MAGDALENA. Rechazan el bloqueo del que es víctima el Gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, y la Alcaldesa de Santa Marta, Virma Johnson, por parte de la Asamblea Departamental, y del Presidente de la República de Colombia.
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[*] https://WWW.grupodepuebla.org
