CREAN ZOZOBRA PARA DESPOJAR LOS TERRITORIOS
Himelda Ascanio
La Doctrina de Seguridad categoriza el liderazgo social como Enemigo Interno, de esta manera el régimen justifica el ataque sistemático a las comunidades en colusión con los paramilitares para favorecer que las multinacionales se apropien de los territorios.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) presentó el Informe que cubre desde el Primero de abril de 2021 hasta el 30 de septiembre, donde documenta 342 violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) que dejan 14.270 víctimas; concluyen que la degradación del Conflicto Armado es estrategia del Estado para generar zozobra, obligar a las y los comuneros a abandonar los territorios e instaurar megaproyectos mineroenergéticos, de infraestructura, agronegocios y controlar las rutas de narcotráfico [1].
El Informe documenta hechos de represión y estigmatización dirigida de manera sistemática contra la Minga Indígena, 163 hostigamientos, 16 casos de violencia racial por funcionarios públicos, 22 amenazas colectivas, 44 hechos que agrupan lesiones físicas, detención ilegal, robo de información, Falsos Positivos, desaparición forzada y tortura; por razones del Conflicto Armado sistematizan 13.0687 indígenas afectados por confinamiento y desplazamiento forzado, 86 amenazas de muerte, 48 atentados, 36 homicidios y 33 afectaciones al territorio por los operativos de las Fuerzas Armadas en especial por el Esmad.
El Consejo Indígena Regional del Cauca (Cric) convocó para el 10 de diciembre el acompañamiento a la Minga Indígena que arribará a Cali, la reacción de los políticos de la coalición de Gobierno ha sido reactivar los “Comandos de Seguridad”, paramilitares urbanos que salieron de la mano de Andrés Escobar y asesinaron a siete manifestantes y más de 25 heridos el pasado 3 mayo durante el Paro Nacional [2].
Resolver las causas estructurales del Genocidio social
Ante el inminente riesgo en que están los dirigentes populares se realizó el 19 de noviembre una Audiencia en la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, donde Fernanda Doz Costa Directora de Amnistía Internacional (AI) aseguró que, “identificamos cuál es el problema y es la falta de voluntad política del Estado para atacar las causas estructurales de la inseguridad en los territorios (…), la Fiscalía no actúa contra la impunidad; ningún funcionario ha sido sancionado por no cumplir su obligación de proteger a personas y comunidades en riesgo” [3].
María Ciro vocera del Catatumbo afirma que, “el Gobierno es autor de las violaciones, sí se disputa los territorios, pero no para la garantía de las comunidades que vivimos allí, sino por los intereses económicos de empresas transnacionales; la implementación de políticas extractivistas es la razón del despojo, desplazamiento y genocidio del campesinado”.
Los perseguidos de esta semana
La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello (Ccnpb), el 7 de noviembre denunció que narcoparamilitares en Puerto Carreño, Vichada, asesinaron a dos campesinos y el 11 de noviembre mataron al indígena Juan Carlos Yaguidu Salcedo e hirieron a dos personas.
La Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia (Redosac), denunció el asesinato el 13 de noviembre por parte de narcoparamilitares del campesino Rafael Antonio García y su hijo Juan Sebastián de 11 años, en el corregimiento La Granja en Ituango, Antioquia.
El 15 de noviembre en el corregimiento Farallones de Ciudad Bolívar, Antioquia, perpetraron una masacre que dejó tres víctimas de una familia, Antonio Molina Vélez de 60 años, Patricia Galeano y Juliana Molina Galeano de 22 años.
Gloria Patricia Caviche Alos de 18 años, era comunera del Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo, fue asesinada el 17 de noviembre en la vereda La Venta del corregimiento Siberia en Caldono, Cauca.
Hermer Antonio Monsalve era campesino y aspirante a la Presidencia de la Junta de Acción Comunal de la vereda Carrizal en Remedios, Antioquia, fue asesinado el 18 de noviembre en su vivienda ubicada en dicha vereda.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y organizaciones Defensoras de Derechos Humanos (DDH) denunciaron el 18 de noviembre amenazas de muerte masivas por parte de narcoparamilitares contra líderes sociales, congresistas, sindicalistas, DDH, brigadas médicas e integrantes de la Primera Línea del Cauca y Valle del Cauca, quienes participaron activamente en las actividades del Paro Nacional iniciado el 28 de abril.
Ayineth Pérez Galán Dirigente de la Asociación de Víctimas y Reclamantes Tierra y Paz en la región de Urabá, fue amenazada por terratenientes quienes exigieron la renuncia al cargo.
Michelsen Vargas de 31 años, falleció el 18 de noviembre después de ser víctima de un disparo con lanzagranadas en la cabeza por la Policía militarizada del Esmad el pasado 13 de noviembre, cuando comunidades campesinas se manifestaban en la Estación de Bombeo Santa Rosa en la Vereda Puerta de los Cerros, Corregimiento La Hermosura de Bolívar, Santander, en rechazo a los daños ambientales y al incumplimiento en inversión para infraestructura vial de la empresa Ecopetrol.
Marcos Camayo Guetio era coordinador del Tejido de Salud de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), fue asesinado el 21 de noviembre en Las Delicias, Buenos Aires, Cauca.
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[1] Informe del segundo y tercer trimestre sobre violaciones de DDHH. Onic 13-11-2021.
[2] Alertan en Colombia sobre amenazas a la Minga indígena. Prensa Latina, 15-11-2021.
[3] Solo una respuesta robusta y coordinada del Estado resolverá la grave situación de riesgo para personas defensoras. Amnistía, 19-11-2021.