EL ACUERDO DE PAZ Y LOS REDUCTORES DE CABEZAS

Mariela Fonseca

Este 24 de noviembre cumple 5 años de haber sido firmado el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc, que deja la desmovilización guerrillera, la eliminación de 300 excombatientes, centenares continúan en las cárceles, y miles han debido resguardarse para esquivar el exterminio y la reducción que les aplica el régimen.

Los indígenas Shuar en la cuenca amazónica de Ecuador y Perú son conocidos por la práctica de la Tsantsa en la que no solo cortan las cabezas de sus enemigos, sino que las reducen poco a poco de tamaño y luego las disecan; una operación de reducción similar está en curso contra las Farc por parte del régimen colombiano.

Firmar una Agenda y unos Protocolos para el desarrollo de los diálogos busca llegar a un Acuerdo regido por el Derecho, la Ética y la Política, bajo el principio de ‘pacta sunt servanda’, o sea los acuerdos son para cumplirse, espíritu de conciliación que la élite dominante no posee, como lo evidencia la perfidia que demuestra en las Negociaciones de Paz.

Primera reducción: el congelamiento

El Estado colombiano y las Farc suscribieron en 2012 una agenda de conversaciones que no sólo apuntaba a la desaparición de esa guerrilla como contendiente, sino en primer lugar al tratamiento básico de las causas o problemáticas que originaron el Conflicto Armado, y por eso se pactó hablar y llegar a definiciones de reformas en el desarrollo agrario integral, en la política relativa a los cultivos de uso ilícito y las drogas, en cuanto a los derechos de las víctimas, la participación política y otras cuestiones necesarias para el fin de la confrontación bélica.

Durante las negociaciones se dio la firma de sucesivos acuerdos que eran provisionales, sólo papeles a la espera de llegar al final, pues estaba contemplado que ‘nada está acordado, hasta que todo esté pactado’; además se fue pactando que los temas más álgidos, sobre los que no había acuerdos quedaban pendientes y se decía coloquialmente que eran enviados al congelador, de donde nunca los sacaron.

Segunda: cese de un solo lado

Las Farc renunció a su propuesta de Asamblea Constituyente aceptando las reglas del orden jurídico-político establecido por su adversario, reducción que quedó consignada cuando se firmó en septiembre de 2015 una matriz de Acuerdo sobre la Justicia Especial.

El 23 de junio de 2016 el Presidente Santos y Londoño el jefe de las Farc, firmaron en Cuba un Acuerdo sustancial referido al cese de la confrontación militar y la dejación de armas de aquella guerrilla, enseguida anunciaron dónde se concentrarían los insurgentes; un mes después, el 24 de agosto, ambas Delegaciones anunciaron haber llegado a un Acuerdo Final, integral y definitivo, sobre la totalidad de los puntos de la Agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia.

Tercera: desde la ultraderecha

Un día después Santos entregó el Acuerdo al Congreso y ratificó que convocaría un Plebiscito para refrendarlo, ante numerosos testigos internacionales escenificó al otro mes, el 26 de septiembre, la firma del Acuerdo en Cartagena.

Puesto el Acuerdo en la disputa interna de las facciones oligárquicas enfrentadas, en una esquina estaban los seguidores de Uribe y en la opuesta los de Santos, seis días después vino un porrazo: la victoria del No en la votación plebiscitaria del 2 de octubre, resultado que era de alguna manera previsible, movilizada la extrema derecha para obtener aún más ganancia de un pacto que por definición ya era una victoria estratégica del bloque dominante frente a las Farc, pues ya estaba ésta en el carril de su desarme y desmovilización a cambio de montones de papeles suscritos, cinco días después de ese resultado, Santos obtuvo el Premio Nobel de la Paz.

De nuevo la cabeza de los Acuerdos la achicaron cuando entre octubre y noviembre de 2016, a su interior las oligarquías negociaron recortes de los compromisos del Estado (al que llamaron Fast Track) y arrinconaron todavía más a las Farc, decidida a aceptar cambios medulares en lo ya firmado, como se plasmó por ésta en anuncio del 12 de noviembre en La Habana junto a la delegación de Santos, al acoger las modificaciones que impusieron en ese arreglo los votantes del No representados en las posiciones de Uribe, con este beneplácito se firmó otro Acuerdo final en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre de 2016.

Cuarta: persecución sin reformas

Los continuos achicamientos de cabeza han sido dramáticos al punto que la implementación en manos exclusivamente de un sistema corrupto e ineficiente, en medio de un país en gran parte indolente, ha sido una política permanente, sólo con resultados palpables en cuanto al publicitado Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR), atendida ésta última de manera residual, con unos pocos proyectos con financiación internacional para excombatientes, que sobreviven entre la fragmentación, el aislamiento, la marginalidad y el estigma.

Incumplidos los objetivos de los grandes temas para afrontar la problemática social y económica, con pasos hacia atrás como el tratamiento represivo a las comunidades que cultivan coca para no morirse de hambre, o el recrudecimiento del paramilitarismo, del despojo y el saqueo a lo largo y ancho del país, se superponen a esa realidad las disputas internas de las Farc y la explosión de violencias degradadas con un sinnúmero de grupos de diferentes siglas, por lo general en los circuitos del narcotráfico y el dominio territorial basado en el terror, en connivencia y bajo dirección y acuerdo con las Fuerzas Armadas estatales y los clanes políticos y económicos.

Quinta: rejudicialización

Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) uno de los componentes del sistema de Justicia Transicional, que ha desarrollado un tratamiento diferencial tal y como estaba en su acuerdo inicial, se va decantando poco a poco un balance nefasto, beneficiando con impunidad la cadena de mando del Genocidio, su continuidad y ocultamiento, alejando de su alcance a las élites promotoras del terrorismo estatal, fijando sólo responsabilidades de unos pocos soldados o agentes medios del Estado, mientras trata como esclavistas, Criminales de Guerra o de Lesa Humanidad a los exguerrilleros de las Farc que habían aceptado desde el comienzo ser rejudicializados en nuevos tribunales dentro del Estado que actúa como juez y parte, con las reglas del orden jurídico del enemigo, en menoscabo de la conexidad y complejidad del delito político o de la rebelión, obteniendo sólo una recortada amnistía o indulto.

De esta experiencia de un proceso en el que han ido reduciendo y disecando brutalmente lo pactado como en la Tsantsa, está extrayendo lecciones el pueblo colombiano para no repetir una historia de condena y derrota de los sueños y necesidades de justicia y emancipación.