CPI BLANQUEA AL RÉGIMEN GENOCIDA

Himelda Ascanio

Un Fiscal británico de la CPI acaba de conceder impunidad total al régimen colombiano cebado en prácticas Genocidas contra el pueblo durante de décadas de Conflicto Interno, que ignora la ausencia de justicia existente en el país y el oprobioso manto de impunidad con que la élite dominante tapa sus crímenes.

El 28 de octubre Karim Khan Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) firmó un Acuerdo Político con Iván Duque, en el que se cerró la fase de examen preliminar que llevaba por 17 años sobre crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra; que constituye una afrenta para las víctimas y para toda Colombia.

Según la CPI el Estado colombiano tiene capacidad e intencionalidad de aplicar justicia, debe fortalecer y comprometerse a no interferir en la Justicia Transicional para la Paz (JEP) [1], esta Corte ignora las enormes limitaciones de la JEP para juzgar responsables y determinadores políticos de Crímenes de Lesa Humanidad en el marco del Conflicto Armado, que entre otras carencias solo cubre hasta noviembre de 2016. 

Con esta decisión la CPI desconoce que el Conflicto Armado ha tomado nuevas dimensiones producto de la negación del Gobierno al mismo y sus víctimas, y el incumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016, cuyo resultado es el Genocidio de 1.260 dirigentes populares, 290 excombatientes, 226 masacres y el aumento del Desplazamiento Forzado en 213 por ciento [2].  

La CPI descarta tajantemente la responsabilidad del Gobierno de Iván Duque en los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos en el Paro Nacional iniciado el 28 de abril: 87 asesinatos 47 de ellos de responsabilidad de las FFAA, 8.556 detenciones arbitrarias, 1.905 heridos de los cuales 115 fueron con arma de fuego y 97 con lesiones oculares graves, además de un centenar de desaparecidos, montajes judiciales y 326 agresiones a Defensores de Derechos Humanos (DDH) [3]. 

Para las voceras de las Madres de Falsos Positivos (Mafapo), “los grandes ganadores con este Acuerdo son Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos como Presidentes, sus Ministros de Defensa y el Estado Mayor de las FFMM porque estarán tranquilos a sabiendas de las limitaciones de la JEP y la impunidad que otorga la justicia ordinaria” [4]. 

Por su parte abogados defensores de víctimas de Falsos Positivos afirman que “es grave la decisión de la CPI ante la crisis de justicia persistente en Colombia, a las víctimas les queda exigir resultados a la JEP porque solo tiene 10 años para dictar sentencia de los casos que investiga” [5]. 

La actuación de la CPI es coherente con que es un órgano político del poder imperialista de Estados Unidos y la Unión Europea, que deja en evidencia miradas opuestas sobre el Derecho; esta desgraciada decisión de la CPI contrasta con la incontrovertible Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos que condena al Estado colombiano por Genocidio político continuado [6]. 

FFAA arremeten contra comunidades campesinas e indígenas

Rogelio López Figueroa era integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (Atcc), del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc) y suscriptor y líder del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), fue asesinado el 19 de octubre en la vereda La Primavera de Cajibío, Cauca.

Desde el 23 de octubre comunidades campesinas que rechazan el incumplimiento del Gobierno al Programa Nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito (Pnis) en Anorí Antioquia, Tibú Norte de Santander e Iscuandé Nariño, han sido víctimas de estigmatizaciones, ataques con armas de fuego y gases lacrimógenos por parte del Ejército y la Policía.  

El 23 de octubre en el barrio San Antonio de Buga, Valle del Cauca, narcoparamilitares perpetraron una masacre que dejó tres víctimas fatales, Hernán David Orozco Narváez, Jhon Jefferson Salazar y la niña de 11 años Mabelin Serna Castro.

El 24 de octubre en el barrio Alfonso López de Cali, Valle del Cauca, perpetraron una masacre que dejó como víctimas fatales 3 jóvenes aún sin identificar.

Salvador Villareal Ortiz comunero indígena del Pueblo Awá, el 25 de octubre fue desaparecido en la vía de Llorente a Tumaco, Nariño.

Noel Corsini Zúñiga era afiliado a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), fue asesinado el 25 de octubre en la vereda Santa Rosa de Buenos Aires, Cauca.

El 26 de octubre en el barrio Rojas Pinilla de Maicao, La Guajira, narcoparamilitares perpetraron una masacre que dejó tres víctimas fatales, Eduar Cujía Martínez, Ronald Villalobos Peláez y José Samir Peláez Silva.

Jonathan Cortés y Karo Cepeda comunicadores independientes del medio radial Z11 Suba, fueron capturados el 27 de octubre en la localidad de Suba, Bogotá, además de tres integrantes de la Primera Línea y del movimiento social, participantes activos en el Paro Nacional.  

Andrés Araújo pertenece al Resguardo indígena Kankuamo en el Cesar y periodista de la emisora Tayrona Estéreo, fue detenido ilegalmente el 28 de octubre por miembros de la Policía después de haber denunciado hechos de corrupción en retenes de tránsito.

El 28 de octubre en las protestas en las localidades de Usme, Kennedy, Suba y San Cristóbal en Bogotá, en el barrio Yomasa el Esmad disparó directamente al cuerpo de Haiber Hernández de 16 años y Jeison Castro de 14 años causándoles heridas graves.

El 30 de octubre en la vereda Caracolí, corregimiento Guamalito de El Carmen, Norte de Santander, perpetraron una masacre que dejó tres víctimas fatales, Alfonso Jaimes Sarabia, Yoni Pacheco López, la tercera víctima está aún sin identificar.