CERCO HUMANITARIO A ERRADICACIÓN FORZADA
Omaira Sáchica
El Gobierno además de negarse a soluciones dialogadas con las comunidades, persiste en hacer erradicación forzada de las plantaciones de coca violando el Acuerdo de 2016, agresiones que hacen legítimo el uso de la presión social como defensa de los campesinos.
El pasado 28 de octubre 180 soldados de la Fuerza de Tarea Vulcano que adelantaban una operación de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en zona rural de Tibú, Norte de Santander, fueron objeto de un Cerco Humanitario adelantado por cerca de 600 campesinos, que los rodearon y los mantuvieron inmovilizados durante 2 días en la cancha de fútbol de la vereda Aldea Chiquinquirá, durante este tiempo los uniformados no fueron ultrajados ni despojados de sus armas de dotación.
Esta acción legítima de los campesinos fue catalogada por el Gobierno como un “secuestro”, sin embargo, diferentes medios de comunicación la documentaron como una retención para exigir el cumplimiento de Acuerdos anteriores hechos con el Estado, que ahora el Gobierno de Duque viola con la erradicación forzada.
Los campesinos manifestantes al igual que los centenares de miles de familias cultivadoras de hoja de coca, siempre han dejado presente que desarrollan este tipo de cultivos porque es la única opción que tienen, además han demostrado su voluntad de desarrollar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos (Pnis), Sustitución Voluntaria derivada del Acuerdo de Paz de noviembre de 2016.
La Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat) a través de un comunicado instó al Gobierno a revisar la situación de los residentes de la región, quienes viven fundamentalmente de la siembra de coca; de igual forma la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) instó al Gobierno colombiano respetar los derechos de las comunidades, en el 2021 siguieron siendo asesinados varios campesinos por acción del Ejército y la Policía militarizada durante las erradicaciones forzadas.
El fracaso de la Guerra contra las Drogas decretado por Nixon en 1971 e impuesta a Latinoamérica es evidente, por tanto, es inaplazable implementar un modelo que se centre en la sustitución voluntaria, gradual y concertada, y que considere a los adictos como enfermos que requieren atención integral por parte del Estado.