¿QUIÉN DEFIENDE A LOS DEFENSORES?
Himelda Ascanio
Los ataques a los Defensores de Derechos Humanos (DDH), ambientalistas, periodistas, líderes sociales, manifestantes y opositores, hacen parte de las prácticas Genocidas del régimen de dictadura mafiosa con las que pretende sofocar el reclamo de la gente que lucha por justicia y libertad.
El 29 de octubre la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció que el 6 de mayo durante las manifestaciones del Paro Nacional que inició el 28 de abril, el Ministro de Defensa organizó y ordenó un falso ciberataque, además realizó una estrategia de ciberpatrullaje para perseguir y judicializar a las cuentas de las redes sociales que difundían los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas (FFAA) [1].
El Ministerio de Defensa creo el PUM-Ciber (Puesto de Mando Unificado) encargado de tipificar como “información falsa” las denuncias realizadas sobre brutalidad y exceso de fuerza de las FFAA, para incriminar a los usuarios, medios de comunicación y periodistas por “terrorismo digital”, delito que no existe en el Código Penal.
Según la FLIP durante el Paro Nacional se presentaron ataques contra 330 periodistas, de los cuales las FFAA son responsables de 195, los demás fueron cometidos por el paramilitarismo urbano, de estos documentaron 129 agresiones físicas, 52 amenazas, 28 casos de obstrucción, 25 hostigamientos, 18 robos o eliminación de material, 15 acciones arbitrarias en redes sociales, 15 detenciones ilegales, 9 daños a la infraestructura, 7 negaciones de acceso a la información, 5 casos de exclusión, 4 hechos de espionaje y 3 ciberataques a sitios web.
Tras meses de haber culminado el Paro Nacional los periodistas siguen siendo víctimas de detenciones arbitrarias, montajes judiciales, persecución, hostigamientos, al igual que los medios de comunicación alternativos e independientes que realizaron el respectivo cubrimiento.
Incrementan ataques contra Defensores de DDHH
El Programa Somos Defensores durante el tercer trimestre de este año documentó 222 agresiones contra 209 DDH, lo que representa un incremento del 21 por ciento respecto al año anterior [2].
Entre julio y septiembre asesinaron 28 dirigentes populares, 26 atentados, 7 desapariciones forzadas, 135 amenazas, 16 detenciones arbitrarias, 8 casos de judicialización y 2 casos de robo de información; las FFAA tienen una participación importante en el total de agresiones y presentan un aumento del 100 por ciento en relación al año anterior.
El Cauca continúa siendo el departamento más hostil para los DDH con 59 victimizaciones, Valle del Cauca con 25, Norte de Santander con 22 y en Antioquia existe un subregistro por falta de garantías de seguridad para realizar el monitoreo; el sector más afectado es el comunitario con 55 casos, indígena 47, DDH 33, campesino 24, comunal 16, víctimas 13, juvenil 9, afros 9, sindical 8, docente 3, ambiental 3 y LGBTI 1.
Los últimos perseguidos y atacados
La periodista Claudia Julieta Duque denunció el 28 de octubre que la Unidad Nacional de Protección (UNP) realizó 25.183 registros arbitrarios en solo 209 días, que incluye georreferenciación de sus movimientos a través de un GPS instalado en el carro de protección asignado sin ser notificada.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Cpddh) Seccional Tolima, denunció el montaje judicial y la captura el 28 de octubre en el casco urbano del Líbano, Tolima, de la lideresa y periodista Lina Estefany Sánchez Suárez y otros cinco líderes que participaron activamente en el Paro Nacional que inició el 28 de abril.
Edinson Valenzuela Cuama era miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario Afro del Río Raposo, fue asesinado el 30 de octubre en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.
Jaumer Castro Bisbicus era comunero indígena del Resguardo Monterrey del pueblo Awá de San Miguel, Putumayo, fue asesinado el 30 de octubre en su vivienda, además sus familiares fueron amenazados de muerte por lo que se desplazaron de la zona.
El 3 de noviembre en la vereda El Prado de Orito, Putumayo, narcoparamilitares perpetraron una masacre que cobró la vida de tres indígenas del pueblo Awá pertenecientes al Cabildo Watsal Pa, Víctor López Gómez de 36 años coordinador de la Guardia Indígena, su padre Ricardo López Quintero de 69 años y su hermano César Andrés López de 33 años.
Eberto Silva era docente en la vereda La Argentina en Albania, Caquetá, fue asesinado el 5 de noviembre cuando se disponía a ejercer sus labores.
En la comunidad de La Esmeralda, inspección de Yurilla de Puerto Leguízamo, Putumayo, narcoparamilitares perpetraron el 5 de noviembre una masacre que dejó cuatro víctimas fatales aún sin identificar.
En la vía entre Ricaurte y Agua de Dios en Cundinamarca, el 7 de noviembre recogieron los cuerpos de dos hombres y una mujer víctimas de una masacre.
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[1] Los jueces de la verdad, el mar de mentiras detrás del ciberpatrullaje del Estado. FLIP, 29-10-2021.
[2] Boletín Trimestral Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh), 2-11-2021.