LIMPIEZA CRIMINAL
Comando Central (COCE)
Vino el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) a decir que ya no investigarán a la élite colombiana por los crímenes que perpetran como parte del Conflicto Interno, porque la CPI certifica que “el Estado posee capacidad y voluntad para aplicar justicia”, mentira más grande que la Sierra Nevada.
Las organizaciones víctimas de Crímenes de Estado rechazan esta limpieza que le hace la CPI a los Presidentes colombianos y demás determinadores de la élite dominante, blanqueo que hace una Corte que solo se dedica a investigar en países que seleccionan las potencias imperialistas de la Otan, y cuando la anterior Fiscal intentó investigar los crímenes de Estados Unidos (EEUU) en Afganistán fue sancionada por Trump y despedida de la CPI; por esto, detrás de este criminal respaldo al régimen colombiano se encuentra el Gobierno de EEUU y sus aliados europeos.
No ha habido justicia en el país porque Uribe Vélez sostiene que no existe el Conflicto, que este caudillo y sus seguidores no son una parte de él por tanto no tienen que asumir responsabilidad por los millones de víctimas y además no es necesaria una Solución Política, en cambio la otra facción de la derecha reconoce la existencia del Conflicto Interno, se dispone a buscar una Solución negociada y a desarrollar una Justicia Transicional, pero muy bien diseñada para exculpar a los de arriba y descargar la culpa en las tropas de bajo rango; además EEUU como patrocinador y estructurador de este régimen de terror de Estado también ‘se lava las manos’ para no responder por lo que le corresponde.
La CPI entierra un ‘puñal por la espalda’ al Proceso de Paz colombiano, que marca su degradación como entidad internacional encargada de la solución pacífica de conflictos acorde al Derecho universal, descomposición que nace del persistente ataque que hacen las potencias imperialistas a los organismos multilaterales, agresiones que solo la lucha de los pueblos va a contener.
Las víctimas en Colombia no desfallecen en reclamar su derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición, exigencia que hace parte del torrente popular que lucha por las transformaciones indispensables para llegar a ser una nación digna, soberana, democrática, en paz y equidad; salto que será posible si el país cuenta con un Gobierno del pueblo y para el pueblo.
Contundente y generalizado rechazo de parte de las victimas del terrorismo de Estado y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) defensoras de Derechos Humanos, ha merecido el pronunciamiento oficial del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, acerca de cerrar la investigación que esa instancia adelantaba desde 2004 en contra del Estado colombiano por graves Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra. A la luz de la cruda realidad nacional, es evidente que la decisión aludida es de carácter político y no jurídico. En rigor, ello no es de extrañar considerada la procedencia de Khan, quien se desempeñaba como Vice-Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) antes de asumir la Fiscalía de la CPI y, en consecuencia, está acostumbrado a seguir obsecuentemente las imposiciones de Estados Unidos y sus epígonos, especialmente los países integrantes de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN). En tal sentido, el hecho de que en su historial académico aparezca una Maestría en Derechos Humanos, es un asunto completamente irrelevante.
Ahora bien, aspecto nodal en la cuestión es el relativo a la fundamentación jurídico-conceptual de la decisión del Fiscal Khan, quien se sirve del Estatuto de Roma del 17 de Julio de 1998- el cual le dio vida jurídica a la CPI- para revestir de legitimidad su pronunciamiento. Puntualmente, su base conceptual y doctrinaria es el Principio de Complementariedad, expreso en el Preámbulo y el Artículo 1 del instrumento internacional objeto de análisis. Dicho Principio, enuncia el carácter subsidiario o complementario de la CPI. A la letra, el Preámbulo dice que «(…) la Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales» (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. 1998. Estatuto de la Corte Penal Internacional. Bogotá D.C. p.22). Quiere ello decir que la competencia de la CPI, sólo se activará en caso de que el Estado-Parte asiento de la denuncia no pueda o no quiera impartir justicia en casos de Crímenes de Lesa Humanidad o Crímenes de Guerra ocurridos en su territorio. Aquí radica precisamente el quid de la cuestión, toda vez que el Fiscal Khan parte de una premisa falsa cuando afirma que «el Estado posee capacidad y voluntad para aplicar justicia». Es de conocimiento de todos los colombianos que las élites no tienen voluntad para aplicar justicia en lo que respecta a los graves crímenes cometidos en la implementación de políticas de Estado de carácter terrorista, incluso reconocidas por los mismos ejecutores. En ese contexto, sería de mucho interés, y no menor pertinencia, conocer el estado de las investigaciones adelantadas por la jurisdicción nacional en lo que concierne a los expedientes de los 23 generales y 6 coroneles objeto de conocimiento de los fiscales de la CPI Luis Moreno-Ocampo y Fatou Bensouda. De ese dossier hacen parte militares de alto rango tristemente célebres por ser ejecutores de políticas de terrorismo de Estado tales como Mario Montoya, Henry Torres Escalante, Juan Pablo Rodríguez Barragán, Jaime Lasprilla, Óscar González, Luis Pico Hernández, Paulino Coronado, José Joaquín Cortés, entre otros (El Espectador. 2017. Generales en el radar de la CPI. Bogotá D.C.).
De contera, ¿quién garantiza que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impartirá justicia en los casos de Crímenes de Estado? Por lo visto hasta ahora, más parece un Tribunal instituido para juzgar únicamente a las FARC. Para cerrar, como elemento contextual puede abordarse lo planteado por el jurista austriaco Hans Kelsen en su «Teoría Pura del Derecho»: «El derecho es una técnica de coacción social estrechamente ligada a un orden social que ella tiene por finalidad mantener».